Todos los partidos en Aragón, salvo el PP, critican al diputado nacional y alcalde de Codo ante las cuatro macrogranjas

La paralización temporal de la declaración de interés público de cuatro macrogranjas porcinas en Codo ha provocado una cascada de críticas políticas al alcalde del municipio y diputado nacional del PP, Raúl Cuevas. El acuerdo inicial fue impugnado después de que el regidor votara a favor pese a que tres de las explotaciones se proyectan, según la denuncia formulada por el PSOE, sobre terrenos propiedad de familiares suyos. A las dudas sobre su actuación se suman los reparos al propio proyecto, especialmente por el elevado consumo de agua previsto en una localidad que arrastra graves problemas de abastecimiento.

Chunta Aragonesista ha exigido al PP y a Azcón explicaciones por la tramitación de varias explotaciones porcinas proyectadas en Codo, después de que el alcalde de la localidad y diputado del PP en el Congreso, Raúl Cuevas, participara inicialmente en la votación municipal que declaró de interés público y social los proyectos y posteriormente comunicara su abstención.

Alberto Conejos, Secretario Territorial de CHA-Zaragoza, considera que el PP y el Gobierno de Aragón no pueden limitarse a observar desde la distancia lo ocurrido y deben explicar qué controles se han realizado y qué actuaciones se van a adoptar para garantizar la legalidad de todo el procedimiento.

“Estamos ante un episodio que genera una evidente preocupación institucional y ciudadana y que exige transparencia, explicaciones y garantías. Nos corresponde reclamar que se esclarezcan todas las circunstancias y que ninguna decisión administrativa quede bajo la más mínima sombra de duda”, señala Conejos.

Sin abrir el grifo “con garantías”

CHA considera especialmente preocupante la dimensión de los proyectos y su impacto sobre los recursos hídricos de Codo. “Resulta difícil entender que Aragón pueda plantearse nuevas demandas industriales de agua de esta magnitud mientras sus vecinos y vecinas no pueden abrir el grifo con garantías”, afirma el responsable territorial de CHA.

Por ello, CHA reclama a Azcón que explique qué información tiene el Gobierno de Aragón sobre estos cuatro proyectos, en qué fase se encuentran sus procedimientos ambientales, qué controles se están realizando sobre la disponibilidad de agua y la gestión de purines y cómo se van a analizar sus posibles efectos acumulativos. “El Gobierno de Aragón debe garantizar que el interés general está por encima de cualquier interés particular y que las decisiones sobre el territorio, el agua y el medio ambiente se adoptan con absoluta transparencia, rigor y sometimiento a la legalidad. El PP debe explicar qué sabía, cuándo lo sabía y qué piensa hacer ahora ante un episodio que afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, concluye Conejos.

También se ha mostrado contundente la portavoz de IU Aragón, Marta Abengochea, quien considera que “un alcalde y diputado del PP participe en la tramitación de cuatro macrogranjas proyectadas sobre terrenos de su propia familia y se aparte porque la oposición impugna el procedimiento no es un error aislado. Es una forma de gobernar con caciquismo, puertas giratorias, favores, pelotazos urbanísticos y decisiones públicas orientadas a beneficiar intereses privados muy concretos”.

Consumo de agua

Abengochea ha relacionado lo ocurrido en Codo con otros proyectos controvertidos en Aragón, como Torre Outlet o la telecabina de Benasque, y ha puesto especialmente el acento en el agua. “Ahora lo vemos en un pueblo que lleva años sin agua potable mientras se pretende dar luz verde a cuatro macrogranjas que consumirían cerca de 100 millones de litros de agua al año. Un modelo que esquilma recursos hídricos, contamina suelos y acuíferos y cuyos costes ambientales los soporta el territorio, mientras los beneficios se quedan en muy pocas manos”, ha señalado.

Para la portavoz de IU, el debate trasciende incluso la obligación legal de abstención del alcalde. “La cuestión ya no es si la ley obliga a abstenerse o cuándo hay que hacerlo. La cuestión es por qué siempre aparecen los mismos nombres, las mismas relaciones familiares y los mismos intereses económicos detrás de decisiones que deberían tomarse exclusivamente en beneficio del interés general”, ha añadido.

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, considera que las instalaciones presentan problemas que van más allá de la actuación del alcalde. “El primero, su ubicación en un pueblo con problemas de agua, incluso de boca, siendo una actividad altamente demandante de agua. El segundo, que nosotros defendemos siempre la agricultura y ganadería familiar pegada al territorio, lo contrario a estas macrogranjas tan contaminantes. Y, como colofón, el comportamiento del alcalde, que ya no tiene nombre. Obviamente, nos parece fatal todo el asunto, de principio a fin”, ha argumentado.

El PSOE, formación a la que pertenece el concejal de Codo que impugnó el acuerdo, ha respaldado la actuación de Juan Villuendas. El diputado provincial Miguel Sanz considera que el edil “no tenía otra opción que actuar como un vecino más, velando por el interés general”, y ha calificado de “impecable” su actuación.

“Una empresa de fuera”

Sanz ha defendido que en los pequeños municipios no debe descartarse ninguna iniciativa que pueda contribuir al crecimiento económico y tenga interés social, pero ha cuestionado que se prioricen proyectos que generan rechazo entre los vecinos y que, a su juicio, carecen de vinculación con el territorio. “Sería bueno que fuesen ganaderos reales, que vienen a quedarse aquí. Pero que tenga que venir una empresa de fuera a instalar granjas, como alcalde, no me encaja”, ha señalado.

El diputado provincial socialista también ha puesto el foco en la ubicación de dos de las explotaciones proyectadas en espacios de la Red Natura 2000 y ha recordado que este tipo de instalaciones debe superar los correspondientes procedimientos y autorizaciones de organismos como la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) o el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

Sanz ha cuestionado asimismo la falta de transparencia con la que, a su juicio, se abordó inicialmente el proyecto y el hecho de que Cuevas no aclarase durante el pleno la titularidad de los terrenos sobre los que se planteaban las explotaciones. El diputado provincial considera que un proyecto de esta envergadura, cuyo expediente comenzó a tramitarse el pasado año y que comporta una inversión importante, debería poder explicarse abiertamente a los vecinos: “Si su contenido se puede explicar, será también algo de lo que se pueda presumir, sacar pecho”.

“Todos los alcaldes queremos progreso, pero creo que el paso dado en Codo no es el adecuado”, ha concluido Sanz, que permanece a la espera de conocer qué ocurrirá cuando la declaración de interés público vuelva a someterse a consideración del pleno municipal.

Dudas de Vox

Aunque Vox ha declinado opinar sobre el caso al no contar con representación en el Ayuntamiento de Codo ni disponer de la documentación relativa al expediente, fuentes de la formación han trasladado que “toda actuación de cualquier administración pública debe regirse por el estricto cumplimiento de la legalidad, dado que formamos parte de un Estado de derecho”.

Ni el alcalde y diputado del PP, Raúl Cuevas, ni su partido, a nivel provincial ni regional, se han pronunciado al respecto.