El Tribunal de Cuentas vasco señala a Osakidetza por deficiencias continuadas en la contratación de fármacos y obras

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), en su última auditoría publicada, ha vuelto a poner encima de la mesa las relevantes anomalías en la adjudicación de contratos por parte del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Suman, al menos, 101,9 millones de euros. Se trata de la revisión de las cuentas del ejercicio 2023, con Gotzone Sagardui del PNV como consejera y Rosa Pérez Esquerdo como directora general y sigue exactamente los mismos términos que las de 2021 (114,8 millones en contratos señalados) y 2022 (129,2 millones). Otra auditoría más, esta vez de un órgano interno, la Oficina de Control Económico (OCE), controlada directamente por el Ejecutivo, se ha venido pronunciando en términos muy similares.

El órgano de control externo, en cuya composición los vocales propuestos por los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, tienen una mayoría de cinco de siete en el plenario, alerta en la página 92 de un informe de 169 folios relativo a 2023 que se han tramitado por sistema como contratos menores (sin concurso) adquisiciones de suministros que superan con claridad el máximo legal permitido, de 15.000 euros más IVA. Añade que, para ello, se recurrió a “fraccionamientos”, esto es, a trocear el contrato para hacerlo encajar con las cuantías permitidas para las adjudicaciones directas, una práctica prohibida. En las alegaciones presentadas por Osakidetza, se asume la necesidad de “corregir” algunas cuestiones señaladas por el Tribunal de Cuentas y se admite un caso concreto de mala gestión, pero se rechaza la existencia de irregularidades generalizadas.

En concreto, el dictamen señala que las OSI de Osakidetza, que son las organizaciones comarcales en que se divide el Servicio Vasco de Salud desde su última reestructuración, “han tramitado como contratos menores diversos suministros de productos y bienes muebles e inversiones, fraccionando el objeto del contrato, que hubieran requerido la tramitación del correspondiente procedimiento abierto”. Detalla que “este incumplimiento se ha detectado en adquisiciones de medicamentos por 27,7 millones de euros, en otros suministros por 73 millones de euros y en inversiones por 1,2 millones de euros”. Se cita expresamente que los datos proceden de los informes de control de la OCE.

Además de esos 101,9 millones, se indica también que en 2023 hubo 57 expedientes por valor de 46 millones prorrogados “más allá del período máximo contemplado en la legislación aplicable”, que unas obras de Basurto han incurrido en sobrecostes que deberían haber motivado una nueva licitación y que se han hecho otras 31 obras pequeñas por cerca de 0,5 millones también con fraccionamientos y sin concurso. Los anexos de la auditoría detallan que el 11,8% del gasto total en compra de medicamentos se hace vía contratos menores y que, en un 65,3% de los casos, se produce un “incumplimiento” de la legalidad. El porcentaje sube al 69,5% de los casos con otros suministros.

Osakidetza ha enviado al Tribunal de Cuentas un largo escrito con alegaciones que aparece adjunto a la auditoría. Sobre los 27,7 millones en compra de fármacos, se indica que en un porcentaje muy alto (casi el 70%) son medicamentos “de comercialización exclusiva y/o de naturaleza biológica y no química”. Si solamente hay un proveedor, hacer un concurso no tendría sentido, argumenta el Servicio Vasco de Salud. Enumera una larguísima lista de productos que estarían en esas circunstancias. Recalca, además, que los precios los fija “el Ministerio de Sanidad”, por lo que no cabría tampoco imputar fraude o mala gestión. Indica, en todo caso, se han tomado “medidas de corrección”.

Se incide, con todo, en que son productos “de alta complejidad técnica, indicados para patologías graves, incapacitantes, de gran dificultad diagnóstica e impredecibles”. Y “de coste muy elevado”. “No es posible que la prestación se vea interrumpida en tanto en cuanto se procede a la preparación y licitación del oportuno expediente de contratación [...]. Existen circunstancias particulares del mercado que obligan a las organizaciones de servicios a acudir a la compra directa, al ser los medicamentos suministros esenciales”, explica Osakidetza. Revela también que hay “proveedores” que “no atienden” a las licitaciones. Ha pasado con un nuevo fármaco para la AME (atrofia muscular espinal) y para la acondroplasia, por ejemplo. Osakidetza apela también a “tensiones en el mercado” tras la pandemia y a casos de servicios contratados que no son atendidos por “desabastecimiento absoluto” y que obligan a buscar nuevos proveedores. “Estas circunstancias son intrínsecas al propio procedimiento de compra de medicamentos y ajenas a Osakidetza, a pesar de sus esfuerzos en la contratación”, alega.

En cuanto a otras irregularidades, según Salud, “la situación de premura que sufre el entorno asistencial puede haber requerido la toma de decisiones rápidas” pero, subraya, siempre “dentro del marco legal”. “La necesidad de montar y habilitar áreas asistenciales en un tiempo récord es vital para garantizar la continuidad de la atención sanitaria. [...] Los contratos menores permiten agilizar los procesos y reducir los plazos de ejecución, asegurando que las instalaciones estén operativas lo antes posible”, señala Osakidetza. Eso sí, asume el “compromiso” de “evolucionar hacia modelos de gestión más eficientes y transparentes, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública”.

Ahora bien, “se acepta” que las obras concretas de Basurto revisadas por el Tribunal de Cuentas no se tramitaron correctamente, por ejemplo. Según la auditoría, eran unos trabajos de “adecuación de espacios” que fueron adjudicados en 2022 por 4 millones de euros para dos años y que se ampliaron luego a 7 millones de euros en 2023, por encima del tope legal para modificaciones, del 50% del importe inicial. “Debiera haber sido objeto de una nueva licitación”, se apunta.