Vivienda asume que la vivienda pública de alquiler sólo es rentable para los promotores con ayudas públicas

El Gobierno vasco reconoce que la construcción de viviendas de VPO de alquiler sólo es rentable para los promotores con ayudas de la Administración. En una respuesta parlamentaria, el consejero Denis Itxaso justifica las ayudas concedidas a dos empresas para llevar a cabo tres promociones de viviendas destinadas a alquiler asequible porque, si no hubieran contado con ayudas públicas “no se hubieran hecho por falta de viabilidad económica”. “Si no se facilita que las empresas obtengan cierta rentabilidad básica moderada y a largo plazo no será posible que participen en la promoción de vivienda de protección pública en régimen de alquiler”, señala el consejero socialista de Vivienda.

La pregunta planteada por el parlamentario de EH Bildu, Xabier Astigarraga, se refiere a tres promociones de parcelas de Vitoria que estaban destinadas a viviendas protegidas de alquiler, pero que se vendieron a las empresas promotoras para levantar viviendas de alquiler asequible, con mensualidades por debajo del precio del mercado, pero más elevados y sin la rigidez de los alquileres de las VPO. El consejero justifica el cambio al régimen de alquiler asequible, en primer lugar por la rentabilidad de la promoción, aunque sin nombrarlo de forma expresa. “Si no se hubiera creado la modalidad de alquiler asequible, probablemente dichas parcelas no se hubieran adjudicado y, por lo tanto, no se hubiera producido un aumento en el número de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento”, señala en la respuesta.

Además, recuerda el consejero que las personas o unidades convivenciales con ingresos anuales entre 21.000 y 45.022,57 euros, la franja que puede acceder al alquiler asequible, “se encuentran también con graves dificultades para acceder a una vivienda en régimen de arrendamiento”, ya que “teniendo en cuenta el actual sistema de adjudicación por baremación y cupos, en el que un criterio fundamental son los ingresos, tienen escasas opciones prácticas de resultar adjudicatarias” de las viviendas a las que optan a través del registro de Etxebide. Según se detalla, de acuerdo con datos del tercer trimestre de este año, etas personas suponen aproximadamente un 17% de las personas o unidades convivenciales inscritas en régimen de arrendamiento en el registro de solicitantes de vivienda de Etxebide. De ahí la necesidad de ampliar las promociones de alquiler asequible, aunque el consejero puntualiza que “obviamente, este departamento continuará promocionando viviendas de protección pública en régimen de alquiler en suelo público para las personas o unidades convivenciales con ingresos más bajos, personas titulares del derecho subjetivo y personas jóvenes como colectivos prioritarios en la adjudicación de dichas viviendas”.

Dos de los convenios por los que pregunta el parlamentario de EH Bildu se firmaron en 2022 con la empresa Madeilia SL para apoyar la promoción de 124 y 101 viviendas en Vitoria. Mientras que el tercero se firmó en 2025 para apoyar la promoción de 177 viviendas con otra empresa, Mijusar SL, que, según recuerda el parlamentario abertzale, comparte grupo empresarial con Madeilia. Estas empresas recibieron en ayudas 10,1 millones y 8 millones de euros, respectivamente. Astigarrabg interpela al consejero sobre la oportunidad de dichas subvenciones teniendo en cuenta que las parcelas están en suelos destinados a construir vivienda de alquiler.

El consejero señala en este sentido que “todas las promociones privadas de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento realizadas en el pasado y hasta la fecha actual en Euskadi (y en Álava, específicamente para este caso) han recibido ayudas o subvenciones departamentales para su promoción, de acuerdo con los diferentes programas subvencionales vigentes en el momento de concesión”. “Sin estas ayudas públicas departamentales, esta convocatoria con total seguridad hubiera quedado desierta por falta de viabilidad económica”, insiste.

Recuerda, además, que las políticas de fomento al alquiler se sustentan en atraer a la iniciativa privada hacia el régimen del alquiler protegido, mediante subvenciones y desarrollando fórmulas de lo que el Gobierno llama “colaboración público-privada” que garanticen a los agentes económicos privados “rentabilidades razonables, pero moderadas, sostenidas en el tiempo y a largo plazo, todo ello para la consecución de los objetivos de incremento y mejora del parque de viviendas de protección pública destinado al alquiler”. “Si no se facilita que las empresas obtengan cierta rentabilidad básica moderada y a largo plazo no será posible que participen en la promoción de vivienda de protección pública en régimen de alquiler”, apunta.