El decreto que prorroga la renta básica y de inserción durante la alarma, convalidado

La Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves el decreto-ley por el que se prorroga automáticamente la Renta Básica Extremeña de Inserción y de la Renta Extremeña Garantizada si vencen durante el estado de alarma, se garantiza la continuidad de los conciertos sociales y se agiliza la tramitación de las subvenciones.

Se trata del Decreto-Ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria, que ha contado con el respaldo del Grupo Socialista y de Ciudadanos y la abstención del PP y Unidas por Extremadura (UPE).

La vicepresidenta primera de la Junta, Pilar Blanco-Morales ha sido la encarga de defender el texto en sustitución del consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que hoy asiste a la sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado

En su intervención hedido el respaldo de sus señorías a este paquete de medidas “imprescindible para cubrir las necesidades de los más vulnerables” porque, según ha destacado, prorroga automáticamente las prestaciones de la Renta Básica Extremeña de Inserción y de la Renta Extremeña Garantizada cuando su vencimiento se produzca durante el estado de alarma y hasta un mes después de su finalización.

Sobre este punto, ha precisado que durante marzo han vencido las prestaciones de 294 beneficiarios, a 117 de los cuales constaba la renovación, por lo que les ha sido concedidas, mientras a los 177 restantes se les ha prorrogado automáticamente.

Una vez finalizado el estado de alarma, y en un plazo de cuatro meses, se comprobará el cumplimiento de los requisitos “y si procediese, se instaría al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas”, ha explicado la vicepresidenta, que ha añadido que se han ordenado pagos por más de 8 millones de euros.

Según ha detallado, en enero se abonaron pagos a 4.735 perceptores de la renta extremeña garantizada, entre ellos 464 nuevos perceptores; en febrero a 4.315 ( 759 nuevos); en marzo a 4.966 (391) y en los próximos días llegará los pagos de abril llegará a 1.776 beneficiarios.

Por otra parte, en cuanto a los conciertos sociales ha explicado que, entre otras medidas, se arbitra un instrumento transitorio para garantizar la continuidad en la atención de los beneficiarios del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).

Esta medida alcanza a 40 entidades que prestan 125 servicios concertados, beneficia a 6.289 personas y mantiene a 1.523 empleos.

Asimismo, ha añadido Blanco-Morales, el decreto ley agiliza la tramitación de subvenciones, sobre todo destinadas a entidades sin ánimo de lucro, y refuerza el personal sanitario al eliminar el requisito de nacionalidad en el nombramiento como personal estatutario de extranjeros extracomunitarios para determinadas especialidades médicas.

“Insuficiente y tardío”

La portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha señalado que es un decreto “insuficiente” y “tardío”, pues hay entidades del ámbito de la discapacidad que están “al límite de su fuerza”.

Sobre las rentas básica, ha exigido que este decreto dé una solución definitiva en los retrasos “de meses” y ha preguntado si la exención del cumplimientos establecida es firme o queda a una revisión posterior.

Además, apoyan la modificación de la Ley de Conciertos, pero no entienden por qué los conciertos que se deriven de este régimen excepcional pueden tener una duración de hasta cuatro años, pues consideran que con un año de prorroga sería suficiente.

La portavoz de UPE, Irene de Miguel, ha considerado que el decreto es “correcto” pero “insuficiente” y ha vuelto a denunciar impagos en la renta garantizada y una gestión “nefasta” de esta prestación, que demuestra “el desprecio que tienen ustedes por las personas pobres”.

Ha denunciado además que la gestión del programa de Garantía de Atención a Menores en Riesgo y Emergencia (GAMER), por el que menores en situación de vulnerabilidad reciben un servicio de catering en sus domicilios, ha sido “negligente” y “chapucero”.

De Miguel ha hecho además un alegato por la “política en mayúsculas” y por abandonar las luchas e intereses partididas y reconocer “que de esto solo salimos unidos”, a lo que Teniente le ha respondido: “Nadie ha asumido responsabilidades por este desastre ni ha pedido perdón y eso también es hacer política con mayúsculas”.

La diputada de Ciudadanos María Encarnación Martín Andrada ha expresado la conformidad, en líneas generales, de su grupo con el decreto ley y ha recordado que su partido siempre le ha tenido la mano al Ejecutivo, aunque ha instado a no confundir lealtad con sumisión o silencio.

Y por el PSOE, la parlamentaria Estrella Gordillo ha destacado que esta norma es “parte de la respuesta que el Goiberno de Extremadura da a la ciudadanía con el fin de garantizar la atención a los colectivos más vulnerables” y ha animado a la oposición “a que trabajen con nosotros”.