El choque entre la Junta de Extremadura y las empresas del transporte escolar va a más. Lejos de solucionarse, las posturas parecen cada vez más distantes a tenor de las acusaciones que unos y otros vierten en plena negociación de las rutas escolares cuando ya hace cuatro días que comenzó el curso y hay 5.000 estudiantes, sobre todo en zonas rurales, que no pueden acudir a sus colegios e institutos.
El último intento de entendimiento saltó por los aires en la tarde del lunes. El acuerdo para que el grupo de empresas que no se presentaron a las licitaciones de las rutas se hicieran cargo de las 223 que se han quedado desiertas no se firmó porque, según dijo la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, la Junta aceptó las reivindicaciones de las compañías, excepto firmar “compromisos contrarios a le ley”, dando a entender que esto último fue lo que exigieron las concensionarias del transporte escolar.
Hasta ahora, la Junta era la única de las partes que había dado a conocer la evolución de las negociaciones, pero este martes, ante las acusaciones de la consejera, que incluso llegó a decir que las empresas tenían “nula voluntad” en firmar un acuerdo, han sido estas las que han dado a conocer su versión.
Las más de 40 empresas que firman el comunicado acusan a la consejera de Educación de mentir (dicen que son “falsas” las acusaciones de Vaquera contra ellas) porque no han reclamado nada ilegal y que la Adminsitración autonómica ha incumplido los acuerdos y que, por lo tanto, “carece de seriedad y compromiso real”.
“Engaño” de la Consejería
Este colectivo ha explicado que, tras meses de diálogo, el 12 de marzo de 2025 Vaquera entregó a estas empresas un documento firmado con el compromiso de modificar el acuerdo marco vigente e incluir nuevos precios para las diferentes categorías de rutas. “En un acto de buena fe, confiando en la palabra de la consejera, y bajo un claro compromiso con los miles de usuarios del transporte escolar y sus familias, las empresas aceptaron la formalización de contratos menores con el único objetivo de poder finalizar el curso escolar 2024/25, a pesar de que las tarifas ya no cubrían los costes en ese momento”, han indicado.
El documento recogía que para el inicio de este curso escolar se ibanen marcha las nuevas condiciones, según las compañías. Sin embargo, “llegaron la sorpresa y el engaño” porque la consejería siguió adelante con la tramitación del acuerdo marco sin modificarlo, “incumpliendo con ello lo prometido, acordado e incluso firmando tan solo unos meses atrás”.
Además, han desmentido que hayan pedido firmar compromisos “contrarios a la ley”, como dijo el lunes por la tarde la consejera. Durante las negociaciones mantenidas a lo largo del fin de semana, “habían alcanzado de manera verbal una serie de acuerdos que se ajustaban plenamente a la legalidad y ofrecían una base de entendimiento para avanzar en la resolución del conflicto”. Pero en el documento oficial para la firma no estaban los puntos pactados, siempre según la versión de las empresas del transporte escolar.
Esta situación, unida a los “reiterados incumplimientos” previos por parte de Educación, ha terminado por “minar” la confianza del sector, que considera que “la Administración carece de seriedad y compromiso real para con sus interlocutores”. En este sentido, han apuntado que al menos en cinco ocasiones Educación ha incumplido lo acordado.
Además, han lamentado que ha estado “meses” sin pagar por servicios de transporte escolar debidamente realizados, “poniendo con ello en riesgo su viabilidad y la subsistencia de las familias de sus trabajadores, ya que algunos transportistas aún tienen parte de la deuda del curso pasado sin cobrar”.
Denuncian presiones e “intimidación” de la Junta
Por último, este grupo de empresas ha denunciado una situación que consideran “muy grave” y que pone de manifiesto las prácticas de la Consejería de Educación en este conflicto. “En la tarde noche del pasado jueves 11 de septiembre de 2025 varios supuestos empleados públicos se presentaron en los domicilios particulares de distintos empresarios del transporte con intenciones desconocidas. Aunque fueron identificados, ninguno de ellos llegó a ser atendido, lo que generó inquietud y desconfianza entre las familias afectadas”, han desvelado.
A este episodio, han añadido, se suma lo ocurrido en la noche de del lunes, “cuando algunas compañías recibieron llamadas telefónicas en las que se las presionaba de manera directa para que retomaran de inmediato el servicio de transporte escolar, llegando incluso a amenazarlas con emprender acciones legales si no se presentaban a realizar los trayectos”.
A su juicio, estas actuaciones “evidencian una estrategia de intimidación que agrava aún más la falta de confianza hacia la consejería y aleja cualquier posibilidad de diálogo constructivo”.
A pesar de su malestar, se han mostrado abiertas a negociar, aunque para ello “es fundamental que no existan presiones y denuncias penales de por medio”, y que la consejera cumpla con todos los acuerdos a los que se ha comprometido con el sector, incluido el del pasado 12 de marzo de 2025.
Las empresas insisten en que su objetivo es ofrecer un servicio de calidad que garantice la seguridad de los estudiantes y unas condiciones justas tanto para los trabajadores como para compañías.