El conflicto del transporte escolar en Extremadura se enquista y dejará sin autobuses a 5.000 estudiantes por cuarto día

Unos 5.000 estudiantes extremeños seguirán este martes, por cuarta jornada desde el inicio del curso, sin transporte escolar. La Junta y las empresas de sector son incapaces de llegar a un acuerdo que garantice este servicio en las 223 rutas que están sin adjudicar y que está provocando protestas por parte de las familias, los estudiantes y los docentes contra la Consejería de Educación.

La reunión que han mantenido a lo largo de este lunes Educación y las cinco empresas que no acudieron a licitación del transporte escolar ha terminado este tarde sin entendimiento y sin que las partes se hayan emplazado a un nuevo encuentro. Aunque este mediodía parecía que el acuerdo podría llegar a alcanzarse, al final no se ha llegado a rubricar porque Educación ha aceptado todas las reivindicaciones, salvo firmar “compromisos contrarios a la ley”. Eso es lo que ha dicho la consejera, Mercedes Vaquera, en una convocatoria de prensa “urgente” esta misma tarde.

Las empresas han exigido que la Junta de Extremadura desista de ejercitar la acusación particular en la denuncia presentada contra ellas por coacciones y que renuncie a presentar recurso contra el auto judicial que rechaza las medidas cautelares solicitadas. En segundo lugar, la adjudicación directa de las rutas a las mismas empresas que prestaron el servicio el curso pasado, con un aumento del precio que supondría un gasto de más de 1,5 millones de euros más. Y en tercer lugar, el compromiso de atender reivindicaciones de distinto índole, ha apuntado Vaquera, que ha subrayado que la Junta había aceptado “todas” las demandas, con el matiz de que debían ajustarse a la legalidad, lo que ha hecho que finalmente las empresas no suscriban el acuerdo. Por ello, la responsable extremeña de Educación ha criticado la “nula voluntad” de las empresas para alcanzar un entendimiento.

Este punto, el de la legalidad de las demandas, se refiere, según la consejera, a cuestiones como las autorización de vehículos para el transporte escolar, el cambio de categoría de rutas e itinerarios, las plazas de movilidad reducida o la antigüedad de los autobuses.

Vaquera ha recalcado que “la previsión, la coordinación, la gestión y la dotación económica” depende de ellos, pero la prestación última del servicio depende de las empresas, que son las que tienen los medios humanos y materiales

La consejera ha insistido en que la Junta ha ejercido su responsabilidad desde el primer momento, como refleja el acuerdo marco firmado en 2024, que supuso un aumento del precio en más de 16 millones de euros y que fue rubricado por las empresas por unanimidad, y el que haya usado todos los medios administrativos y jurídicos a su alcance para resolver el conflicto.

Vaquera ha hecho un llamamiento a las empresas, sobre todo a las que quieran firmar el acuerdo, para que “empaticen” con las familias. A su juicio, esto no se trata de “un pulso con la Administración”, ya que afecta a un derecho fundamental.

Por su parte, ha dicho que lamenta “de todo corazón” el problema que tienen las familias y ha pedido “comprensión”, porque llevan mucho tiempo trabajando para solucionarlo y porque está situación no la ha provocado la Administración.

Mientras se soluciona definitivamente el conflicto, ha defendido la educación telemática para que algunos alumnos no pierdan clase. En este sentido, ha expresado su agradecimiento a los docentes y al personal informático por el esfuerzo que están haciendo.