La Asamblea de Extremadura ha parado el intento de Vox de llevar a pleno una ley de la extrema derecha que modifica la participación institucional de los sindicatos y la patronal, y, además, elimina las subvenciones nominativas públicas que reciben precisamente por los gastos derivados de esta participación.
La extrema derecha registró su propuesta a finales de enero, pero la Mesa del parlamento extremeño ha decidido no admitir a trámite el proyecto legislativo porque afecta a competencias estatales recogidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Estatuto de los Trabajadores.
La Mesa está presidida por el PSOE, que tiene tres miembros en este órgano, dos tiene el PP y uno Unidas por Extremadura. Vox se quedó fuera porque durante la constitución de la Asamblea al inicio de la legislatura aún no habían llegado a buen puerto las negociaciones con el PP, que permitieron la investidura de María Guardiola.
Fruto de ese entendimiento posterior, el PP tendría que haber facilitado a su entonces socio un puesto en la Mesa, pero el intento se frustró cuando el partido de Santiago Abascal rompió los pactos de gobierno en todos los ayuntamientos. No obstante, Vox volvió a exigir al PP puestos en la Mesa de la Asamblea durante la negociación de los presupuestos de 2025, que se rompieron en diciembre.
La extrema derecha hablar de “persecución política”
Por eso, la extrema derecha ha recurrido la decisión adoptada por la Mesa de la Asamblea, que, a su juicio, es “sectaria” y una muestra más de lo que considera una “persecución” hacia la formación por parte del órgano de dirección de la Cámara para “silenciarles”.
El portavoz de esta formación, Óscar Fernández, ha recordado que su iniciativa pretendía modificar la Ley 3/2003 sobre participación institucional de los agentes sociales más representativos al objeto de ampliar la representación a más organizaciones y acabar así con el “monopolio” que existe actualmente de dos sindicatos (UGT y CCOO) y una organización empresarial (CREEX). En su propuesta también se recoge que sean los sindicatos y las organizaciones empresariales las que asumen los gastos.
Además, Vox defiende que su ley “cumple escrupulosamente” con la normativa para esa reforma que se plantea sobre una ley que “se ha hecho en Extremadura y con carácter autonómico”, por lo que no afecta a competencias estatales. “Nuestra modificación en modo alguno interviene o interfiere con la norma estatal, simplemente con esa adaptación de la norma estatal al ámbito autonómico”, ha puntualizado Fernández.
En este sentido, ha trasladado el “tremendo malestar” de Vox debido a la “persecución política” a este grupo parlamentario por parte de dicho órgano parlamentario, con la que se está intentando “silenciar” y “apartar de la vida política” en la Asamblea “a los representantes de 50.000 extremeños”.
A la formación de Santiago Abascal le parece “significativo” además que esto ocurra cuando atañe de alguna manera u otra al PSOE o en este caso a los sindicatos, a los que la formación ha calificado como “satélites de la izquierda y del PSOE”.
Como ejemplo de ello ha mencionado que se denegó en su día la comparecencia en Comisión de Cultura de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, quien está siendo investigado por su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz.
“Tenemos serias dudas del papel que están ejerciendo los miembros de la Mesa, si están poniendo impedimento a este normal ejercicio de la labor parlamentaria, unos por acción, otros por omisión o algunos incluso instigando de manera torticera”, ha apostillado Fernández.