Extremadura condiciona una rebaja de la ecotasa a Almaraz a una compensación fiscal por la producción eléctrica

Extremadura aleja la posibilidad de rebajar la ecotasa a la central nuclear de Almaraz después de que la Comunitat Valenciana haya anunciado su eliminación. Pero el Gobierno que dirige María Guardiola exige la cuadratura del círculo: bajará la tasa a la instalación cacereña, por la que recauda 84 millones de euros, siempre y cuando reciba una compensación fiscal por ser una de las comunidades que más electricidad que genera y si el Gobierno también rebaja impuesto a las multinacionales eléctricas.

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha explicado que una bajada de impuestos, en ningún momento supresión, a la central nuclear debe ir acompañada de una “revisión integral de todo el sistema tributario de la energía” y que se tenga en cuenta “el esfuerzo que hacen las regiones productoras, que no se ven favorecidas ni reflejadas en la recaudación”. Además, el Ejecutivo extremeño pide que ese análisis se haga de forma conjunta con el Gobierno central, las empresas y las comunidades autónomas, “y no de forma unilateral, que siempre perjudica a los mismos”.

Por ello, Guardiola no comparte la postura de Carlos Mazón, que el lunes anunció que el Govern iniciaría el proceso para acabar con la ecotasa. Según la Junta, “Mazón tiene una situación muy concreta y muy especial y la respetamos, tiene que trabajar de otra manera”.

Sin embargo, el anuncio del presidente valenciano ha servido para que Vox en Extremadura retire su propuesta de impulso en la Asamblea para modificar la ecotasa a Almaraz y haya registrado este martes otra para reclamar su eliminación.

Para el portavoz del partido de extrema derecha, Óscar Fernández, se abre una “nueva oportunidad” para el Gobierno de María Guardiola de dejar de hablar, “porque Almaraz se defiende con acciones y no con palabras que se las lleva el viento”.

Fernández ha recordado, además, que su grupo registró el pasado 4 de febrero una propuesta de ley para reducir la ecotasa autonómica, cuya tramitación vetó el Ejecutivo por su impacto en el ejercicio presupuestario.