La atención política y mediática está puesta en Extremadura, algo muy poco habitual. Las urnas extremeñas abrirán el 21 de diciembre la veda de una sucesión de comicios autonómicos, y ya se verá si generales, pero este adelanto electoral es una moneda lanzada al aire por el PP para intentar huir de Vox porque la relación entre ellos siempre ha hecho aguas en esta comunidad.
María Guardiola ha lanzado un órdago y solo tiene una opción para ganarlo: conseguir mayoría absoluta para no volver a depender de la extrema derecha. Pero ninguno de los sondeos conocidos hasta ahora dibuja esa opción. Sin embargo, sí coinciden en un crecimiento robusto de Vox, con un PSOE a la baja, muy lejos de cualquier opción de recuperar al poder en esa comunidad, a pesar del incremento de apoyos que algunas encuestas pronostican para la confluencia Unidas por Extremadura (Podemos, IU y Alianza Verde).
Por lo tanto, la estrategia del PP podría fracasar ante el riesgo de que el tablero político no se mueva y la situación de bloqueo de la que huye Guardiola sea permanente, puesto que, aunque ganara las elecciones el 21-D, Vox venderá ahora caro su apoyo o incluso su abstención ante una previsible investidura. Ya lo advirtió el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la precampaña: “Pasa por el aro [Guardiola] o elecciones”.
Un apoyo que Vox venderá caro en Extremadura
Precisamente, el argumento de la parálisis política que utiliza la presidenta extremeña para defender el adelanto electoral tiene que ver con la incapacidad de su Gobierno, en minoría desde que Vox rompió en 2024 con todos los Ejecutivos autonómicos del PP, para conseguir el apoyo del PSOE o de sus exsocios de extrema derecha y sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026. Guardiola rechazó de plano las propuestas de Vox para negociar su voto a las cuentas regionales. La ultraderecha reclamó la derogación de la ley LGTBI de Extremadura, la eliminación de ayudas a la Igualdad y del registro extremeño de sanitarios objetores al aborto, la supresión de subvenciones a los sindicatos y la “reintegración” de inmigrantes a sus países de origen, entre otras.
Muchas de las condiciones rechazadas por el PP en Extremadura son las que ha aceptado en la Comunitat Valenciana. Por eso, Abascal ha preguntado esta semana por qué el PP “acepta un acuerdo político” en las Corts Valencianas y “niega ese mismo acuerdo político en Extremadura y nos lleva a todos a unas elecciones”. El caso es que la falta de entendimiento entre la derecha y la ultraderecha extremeñas ha sido la característica principal de su relación y ninguno de los dos partidos lo ha disimulado. Por ejemplo, tras las elecciones de 2023, Carlos Mazón tardó solo 16 días en firmar el acuerdo del Gobierno de coalición con Vox , pero María Guardiola en Extremadura tardó el doble tras unas negociaciones que incluso incluyeron una ruptura inicial por su negativa a dejar entrar en su Ejecutivo a Vox.
Ahora, la candidata del PP intenta repetir la victoria que consiguió Juan Manuel Moreno Bonilla en 2022, cuando adelantó las elecciones y logró mayoría absoluta. Para ello, Guardiola confía, además, en haber cogido en horas bajas al PSOE, con su candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por prevaricación y tráfico de influencias y a la espera de juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Esa mochila es el mayor inconveniente de los socialistas para lanzarse a recuperar la Junta de Extremadura, a pesar de que fue el partido más votado en las autonómicas de 2023, aunque empató con 28 diputados con el PP.
Elecciones en diciembre, juicio en mayo
El juicio se celebrará a finales de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz. La acusación, de la que forma parte el PP, pide penas de prisión e inhabilitación. Gallardo se enfrenta a las urnas entre sospechas por la investigación judicial, iniciada a raíz de una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa, y por su entrada como diputado en la Asamblea el pasado verano y su polémico aforamiento, después de que dimitieran varios compañeros que fueron en la lista del PSOE de 2023 delante que él.
Esta situación podría favorecer a Unidas por Extremadura al hacerse con apoyos provenientes de votantes socialistas. Según el CIS, la coalición de izquierdas podría pasar de los cuatro diputados actuales a tener seis o siete en la nueva legislatura. Pasaría del 6% de los votos que obtuvo en 2023 al 9,6% que el estudio preelectoral pronostica.
Unidas por Extremadura llega con un liderazgo consolidado, el de Irene de Miguel, cabeza de cartel en 2019, 2023 y ahora en 2025. La marca se ha distinguido por la estabilidad y continuidad si se compara con las tensiones que Podemos e IU han tenido en otros territorios e incluso en el panorama nacional. La unión de Podemos, IU, Extremeños y Equo logró sobrevivir a la mayoría absoluta del PSOE extremeño en 2019 y hace dos años la coalición (desde entonces Podemos IU y Alianza Verde) conservó los cuatro diputados, a pesar de una ligera bajada de votos. No obstante, las últimas elecciones demostraron que su suelo electoral es bastante rocoso al retener su representación parlamentaria en un contexto político de auge de PP y Vox, caída del PSOE y la desaparición de Ciudadanos.