Casas en mal estado, sin aislamiento, con humedades y con tejados de chapa. Esa es la situación de una treintena de viviendas sociales que la Junta de Extremadura ha promovido en Villafranca de los Barros (Badajoz) y que desde septiembre de 2023 esperan familias en situación de vulnerabilidad. Casi dos años aguardando la adjudicación definitiva de esas casas, cuya construcción comenzó hace casi una década, que para muchas de esas personas es apremiante por la situación en la que viven.
Sin embargo, retrasos en la baremación, de los que el Gobierno extremeño (PP) y el ayuntamiento (PSOE) se acusan mutuamente, y en el arreglo de los inmuebles desde que concluyeron y se recepcionaron las obras, ha puesto en pie de guerra a los futuros adjudicatarios, que señalan directamente a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por no agilizar la resolución definitiva de los adjudicatarios, pero, sobre todo, por no ponerse manos a la obra en la reparación de los numerosos defectos que tienen las viviendas.
Ante las acciones de presión que las familias han protagonizado en las últimas semanas, con manifestaciones en Villafranca de los Barros y una concentración el pasado lunes en la puerta de la Consejería para ser recibidos por el titular del departamento, Manuel Martín, que se negó a entrevistarse con ellos, este jueves han ocupado los sillones de la tribuna de invitados en la Asamblea porque uno de las preguntas en la sesión de control al Gobierno tenía que ver con su situación.
La diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha preguntado al consejero por las medidas que se van a poner en marcha para que las viviendas de protección pública (VPP) “estén listas para entrar a vivir cuando antes”, pero la portavoz de la coalición de izquierdas se ha encontrado con las calificaciones de Martín, que la ha llamado “oportunista” y “aprovechada”, y apenas ha ofrecido una explicación, pero sí ha culpado a la anterior Administración socialista de la situación, aunque el PP lleva dos años gobernando.
Ante la respuesta, la indignación se ha apoderado de la tribuna de invitados, desde la que no se pueden hacer valoraciones las intervenciones del pleno: “Que nos entreguen las viviendas ya, coño, que hace mucha falta que la gente está en la calle”, han gritado mientras eran desalojados por los trabajadores de la Asamblea.
A la salida, asesores de la Consejería han salido al paso de las familias para informarles de que el 29 de julio se reunirá la Comisión Regional de Vivienda para la adjudicación definitiva de las VPP y que este verano, con años de retraso, la Junta de Extremadura va a licitar las obras de reparación de las 31 casas, que costarán 500.000 euros.
Eso sí, esta licitación y los trabajos posteriores van a “aumentar el plazo de entrega”. Según la Junta de Extremadura, las obras podrían comenzar a finales de 2025, pero “no estarán finalizadas antes de marzo de 2026” y podrían retrasarse al menos año y medio, han reconocido a las familias afectadas.
Por ello, Unidas por Extremadura ha pedido que se pongan en marcha ayudas al alquiler para los adjudicatarios por el tiempo que llevan esperando acceder a una vivienda y teniendo que vivir de alquiler en la mayoría de los casos, a pesar de su situación de vulnerabilidad. Irene de Miguel también ha reclamado que se haga una auditoría por la “corrupción” que, a su juicio, se produjo cuando la Junta recepcionó las viviendas a pesar de los fallos de construcción que tienen.