Las familias afectadas por los retrasos en el proceso de adjudicación de las 31 viviendas sociales construidas en Villafranca de los Barros, cuya tramitación permanece abierta desde septiembre de 2023, exigen a la Junta de Extremadura agilidad y respuestas.
Así lo hicieron en la tarde del jueves en una protesta convocada por los propios solicitantes ya que, según han subrayado, la falta de una resolución definitiva está afectando gravemente a familias en situación de vulnerabilidad.
“Estamos desesperados, desde que se inició el proceso en 2023 han pasado casi dos años y todavía no sabemos nada”, ha lamentado en declaraciones a EFE Coro Silva, una de las afectadas, quien ha explicado que vive de alquiler desde hace casi una década y necesita una vivienda adaptada a su discapacidad.
En el mismo sentido se ha pronunciado Paola Peña, madre de dos niñas pequeñas, que se encuentra entre las adjudicatarias provisionales de una vivienda. “Estamos pagando unos 400 euros de alquiler. Ahora mismo mi pareja está de baja por un accidente y la situación económica es mucho peor que cuando echamos los papeles. Lo único que pedimos es saber algo, por lo menos una fecha”, explica.
Durante la concentración, otra de las solicitantes, Patricia Viñuela, ha leído un comunicado en el que acusan a la Junta de “bloquear injustificadamente” el proceso y de haber generado un daño económico y emocional a los afectados. “El hartazgo es ya insostenible. Tener una casa es un derecho fundamental recogido en la Constitución, y de él dependen muchos otros derechos”, han denunciado a través de este escrito.
Además, han exigido a la Junta de Extremadura “transparencia inmediata”, la publicación de un informe explicativo sobre los retrasos, un análisis del estado real de las viviendas y una auditoría externa que evalúe el coste económico de la demora.
También han instado al Ayuntamiento a ejercer las competencias que le permite la ley contra las viviendas vacías, tras denunciar la inacción municipal ante el elevado número de casas vacías en el municipio, que pueden resultar hasta un peligro como ha pasado con el reciente incendio en una casa desocupada.
El proceso de adjudicación sufrió una paralización en 2024 cuando un error en la interpretación de la normativa obligó al Ayuntamiento de Villafranca a rehacer las baremaciones. La Consejería de Vivienda publicó hace tres meses la lista de adjudicatarios provisionales, pero los afectados siguen esperando una resolución definitiva.