Vox reclama el cierre de la oficina de los expresidentes extremeños para ahorrar 330.000 euros anuales

Vox ha solicitado este martes en la Mesa de la Asamblea de Extremadura, donde esta legislatura tiene una representante, la eliminación completa de la oficina de los expresidentes de la Junta, así como de todos los gastos adscritos a ella, con el objetivo de reducir es gasto político, que considera “superfluo e innecesario”.

Este asunto está recogido en el artículo 24 de la Ley 1/2014 de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tras la derogación de la ley 3/2007, de 19 de abril, en la etapa del Gobierno de José Antonio Monago, en plen crisis económica, que concedía más privilegios a los expresidentes, como el sostenimiento de una oficina.

En su apartado 1, la ley vigente dice que la Asamblea asumirá los gastos necesarios en relación a los medios humanos y materiales de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura, a partir de su cese, que serán fijados por la Mesa de la Cámara, con cargo a su presupuesto, oída la Junta de Portavoces. Además, tendrán derecho a percibir dietas e indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que le correspondan por la asistencia a actos en los que ejerzan funciones de representación a instancia de la Junta de Extremadura, según el aparado 2.

“Aunque esta oficina fue disuelta oficialmente, sigue existiendo en la práctica al amparo del artículo 24 de la Ley 1/2014, que permite a la Asamblea asumir los gastos en medios humanos y materiales de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta tras su cese, así como dietas y gastos derivados de actos de representación”, ha informado Vox en un comunicado.

En declaraciones a los medios, el presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha informado este martes de que esta estructura cuenta con ocho puestos eventuales, entre secretarios y conductores, lo que supone un coste anual de más de 330.000 euros. Además de solicitar la supresión inmediata de esta oficina, ha anunciado que Vox estudiará la modificación de la Ley 1/2014 para eliminar esta oficina.