Cerca de 10.000 migrantes piden la regularización extraordinaria en Extremadura

Un total de 9.634 inmigrantes han solicitado en Extremadura acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El proceso, que concluyó de forma definitiva el pasado martes tras semanas de intensa actividad administrativa, dibuja un mapa de la migración irregular muy desigual entre las dos provincias de la región.

La mayoría de estas solicitudes se han registrado en Badajoz, donde han pedido la regularización 5.954 personas. Por su parte, en la provincia de Cáceres lo han hecho un total de 3.680 personas. Según los datos oficiales del Ministerio, durante todo el proceso se asignaron a Extremadura 2.841 citas presenciales, lo que representa apenas el 0,4% de las 641.386 distribuidas en el conjunto del país, obligando a tramitar una gran parte del volumen por vías digitales.

En este sentido, el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) ha jugado un papel fundamental en la región, alcanzando un 17,2% de las solicitudes totales en Badajoz y un 14,3% en el caso de Cáceres, aligerando parte del colapso en las oficinas tradicionales de extranjería.

Radiografía de la regularización en España

En el conjunto de España las cifras adquieren dimensiones históricas al haberse recibido un total de 1.174.978 solicitudes. El grueso de los peticionarios procede de Latinoamérica y el norte de África, destacando sobre todo las personas originarias de Colombia (25,9% del total), Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9 %).

Por comunidades autónomas, Cataluña lidera la estadística nacional con 257.602 solicitudes registradas, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557), quedando Extremadura en la parte baja de la tabla por volumen total.

A través de un mensaje de vídeo remitido a los medios de comunicación, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que esta medida extraordinaria va a permitir que “cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”. “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha celebrado la ministra.

De una iniciativa popular al choque político

Pese al optimismo del Ministerio, el proceso no ha estado exento de debate político. El plazo de solicitudes se ha prolongado desde el pasado 16 de abril hasta este último martes de junio entre fuertes demandas de los colectivos impulsores de la medida, entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos, quienes exigieron hasta el último momento ampliar este periodo al considerar que las fuertes trabas burocráticas habían dejado fuera a muchos potenciales beneficiarios.

Cabe recordar que esta medida, aprobada finalmente por el Gobierno en forma de real decreto, surge originalmente de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso de los Diputados respaldada por más de 600.000 firmas ciudadanas, pero que terminó bloqueada en la Cámara Baja por la falta de acuerdo parlamentario entre los bloques.

Para poder acceder a este amparo legal, los requisitos exigían que las personas migrantes estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo de continuo en el país. De igual forma, el proceso se abría a todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de esa misma fecha, siempre y cuando carecieran de antecedentes penales.