Santa Amalia, Valdehornillos y Hernán Cortés se unen contra la planta de biometano de Don Benito
Las plataformas ciudadanas de Santa Amalia, Valdehornillos y Hernán Cortés han sumado fuerzas para reclamar una moratoria o el desarrollo de una regulación autonómica específica sobre las instalaciones de biometano. El detonante de la protesta es la macroplanta proyectada en el término municipal de Don Benito (Badajoz), un complejo dimensionado para el tratamiento de 212.000 toneladas anuales de materia orgánica.
A través de un manifiesto conjunto, los colectivos han denunciado la falta de transparencia detectada a lo largo del proceso administrativo y exigen al Ejecutivo regional plenas garantías ambientales, así como respuestas motivadas a sus alegaciones, antes de que se conceda la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Los portavoces vecinales calculan en cerca de 5.000 las personas cuyo entorno directo y calidad de vida podrían verse condicionados por la actividad de la planta. Asimismo, tras mantener un encuentro con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, las plataformas han expresado su “profunda decepción” al considerar que las explicaciones ofrecidas resultaron insuficientes.
Preocupación por el digestato, los olores y las grullas
Una de las principales alertas formuladas por las plataformas radica en el volumen de residuos derivados del proceso, ya que las estimaciones del proyecto contemplan la generación de unas 195.000 toneladas al año de digestato. El transporte continuo de este material, sumado al impacto del tráfico pesado en la red viaria local, encabeza la lista de reticencias vecinales.
Del mismo modo, reclaman la realización de evaluaciones exhaustivas para determinar la incidencia real de los malos olores, las emisiones a la atmósfera y el riesgo de contaminación sobre los suelos y los acuíferos de la zona. A las dudas sobre la salud pública se añade el posible impacto sobre la biodiversidad, con especial atención a las poblaciones de grullas que utilizan las fincas agrícolas de este entorno de Vegas Altas como espacio de alimentación y refugio durante los meses de invierno.
Desde los colectivos aclaran que la exigencia de rigor no parte de dar por hecho el deterioro del entorno. “No afirmamos que todos estos impactos vayan a producirse”, puntualizan las plataformas, pero defienden que la Administración autonómica no debe adoptar resoluciones irreversibles sin fundamentarlas previamente en análisis técnicos independientes e indiscutibles. En este sentido, critican que la respuesta institucional en la reunión se limitara a argumentar que la tramitación “cumple la normativa” y a remitir a los afectados a recurrir por la vía administrativa o judicial una vez autorizada la planta.
Demandas formales y vía judicial
Ante este escenario, las plataformas de los tres núcleos de población solicitan formalmente el acceso íntegro a los informes técnicos y ambientales del expediente, la apertura de un canal permanente de consulta con los ayuntamientos y colectivos afectados, y la paralización cautelar de cualquier actuación sobre el terreno mientras existan objeciones de fondo pendientes de resolución. De igual modo, instan a la Junta a evaluar ubicaciones alternativas si los estudios independientes demostrasen la incompatibilidad ambiental del emplazamiento actual.
Los vecinos aseguran que su movilización responde al interés comunitario y descartan cualquier trasfondo partidista o un rechazo frontal a las energías renovables, defendiendo un modelo de desarrollo regional acorde con los valores ambientales y la protección de la población local. Por último, avanzan que mantendrán la presión mediante iniciativas legales y ciudadanas, sin descartar elevar el expediente a los organismos ambientales europeos ni recurrir a la Fiscalía de Medio Ambiente si aprecian irregularidades en el procedimiento.