Ley mordaza, actitud dictatorial, adoctrinamiento. Partidos de la oposición, sindicatos y asociaciones de madres y padres han reaccionado como un resorte a lo que ven como el plan de la Xunta para controlar actividades incómodas en los centros bajo la bandera de una supuesta “neutralidad ideológica”. Unos y otros están convencidos de que a la Consellería de Educación le molesta que el alumnado participe en iniciativas críticas con la política lingüística del PP, el genocidio en Gaza y —especialmente— el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo). Por eso exigirá conocer a principio de curso el listado completo de esas iniciativas.
Tras presentar las instrucciones de organización del próximo curso a los directores de colegios e institutos —que se plasmarán en un documento público en cuestión de días—, el conselleiro Román Rodríguez no estuvo especialmente afortunado en su explicación ante la prensa. Para evitar “malinterpretaciones” tras una pregunta sobre si esto podría impedir colocar una bandera de Ucrania o de Palestina, buscó un ejemplo que él mismo definió como “banalización”: “Puedo pensar que a mí me gustan las patatas fritas pero a ti las cocidas; pues, oye, vamos a no imponer ni unas ni otras y a no presuponer que todos tenemos que comer patatras fritas o patatas cocidas”. Antes había aclarado que la bandera se podría colocar pero siempre “con coherencia y con respeto” y que “no haya unos con la bandera rusa y otros con la bandera ucraniana”.
“Lo que de verdad quiere el PP es imponer una mordaza a la enseñanza”. La portavoz de Educación del BNG, Cristina Fernández, entiende esta directriz como una “nueva demostración antidemocrática y caciquil que intenta neutralizar las críticas ante las políticas nefastas y perjudiciales” de la Xunta. No le parece “casualidad” que el anuncio llegue después de que el alumnado mostrase su “disconformidad” con la situación de la enseñanza del gallego, el genocidio del pueblo palestino y la “imposición” de Altri.
Fernández ejemplifica este último caso con lo sucedido en abril en Redondela (Pontevedra) con el festival Artelixo que, en esta edición, había cambiado su nombre por AltriLixo. Por primera vez, tras años de celebración con presencia de los centros educativos, inspección educativa “siguiendo instrucciones de la Dirección Territorial”, solicitó información a los directores que participaron en él porque “este año su denominación mudó respecto de cursos anteriores”.
Además, denunció que la obligación de incluir todas las actividades en la Programación Xeral Anual del centro, “salvo casos excepcionales motivados”, pone a los equipos docentes en una situación “incómoda y básicamente imposible”, al tener que dejar listo ese trabajo a principio de curso “con el único fin de que la administración educativa pase el rodillo de la censura”.
La “censura brutal” de una administración “enferma por controlar”
Según CIG-Ensino, el sindicato mayoritario en la educación en Galicia, la Xunta utiliza la Programación Xeral para tender una “trampa”. Laura Arroxo —actual secretaria de Acción Institucional y única candidata a la secretaría nacional en el congreso que se celebrará este sábado— recordó que la Programación “tiene que ser un documento dinámico” que vaya “sufriendo cambios”. Ahora, sin embargo, asegura que la administración puede vetar una actividad sobrevenida si ésta “no le gusta”.
Horas antes de la comparecencia de Arroxo junto a su predecesor en el cargo, Suso Bermello, la central nacionalista emitía un comunicado en el que recordaba que Educación había roto su “compromiso” de “someter a consideración de la representación sindical” las instrucciones para el curso. En esa nota se pregunta si ahora la Xunta promoverá “los principios constitucionales, la neutralidad ideológica, el fomento del pluralismo social y del pensamiento crítico y el respeto a las libertades individuales” era porque “eso no se estaba haciendo hasta ahora”. “La respuesta”, se contesta, “es obviamente que sí, que el profesorado gallego es plenamente consciente de sus obligaciones y de sus derechos, entre los que está la libertad de cátedra”.
“Lo que pretende la Consellería es establecer una coartada para poder denegar cualquier actividad que no sea de su agrado”. El sindicato consider “altamente preocupante” esta intención tras “determinadas actuaciones recientes” de la inspección —siempre siguiendo instrucciones políticas— para retirar de los centros banderas palestinas, carteles contra Altri o “censurar” actividades críticas con la pastera portuguesa. Medidas que “sólo se pueden calificar como censura brutal por parte de una administración enferma por controlar todo lo que pasa”.
“De adoctrinamiento sí que no pone nada en la LOMLOE”
“Se están limitando los principios básicos de la ley de educación”. La confederación ANPAS GALEGAS “exige una explicación” al conselleiro y, en un comunicado, se pregunta: “¿En qué quedamos? Educamos para fomentar valores o para todo lo contrario?”, es decir, “para que las injusticias sociales no se traten en los centros”. Entre esas injusticias incluye la situación de los desplazados por los conflictos bélicos, los “cientos” de personas que mueren cada año enel Maditerráneo o “las niñas y niños que mueren de hambre en la Franja de Gaza porque la política internacional no es capaz de evitarlo”.
“Igual es que esta consellería no tiene clara la diferencia entre desarrollo del espíritu crítico, que sólo es posible viviendo con la realidad, y adoctrinamiento, que sólo es posible anulando el espíritu crítico, la libertad de cualquier manifestación del alumnado y del profesorado”. Y subraya: “de adoctrinamiento sí que no pone nada en la LOMLOE”.
Para ANPAS GALEGAS, puestos a hablar de “garantizar” en el currículo académico la “neutralidad ideológica”, quienes “tal vez” no deberían figurar en él son “las religiones”. El comunicado concluye afirmando que “si no conseguimos que nuestras hijas e hijos formen una ciudadanía responsable, respectuosa, consciente y crítica —porque es la crítica la que promueve los cambios—, estaremos fracasando en nuestra labor educadora como madres y padres pero también como sociedad”.
“No cabe la neutralidad ante la defensa de los derechos humanos”
“Es difícil entender a qué se refiere la Consellería con neutralidad”, así que en la Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento (CGONGD) se quedan “a la espera de que desarrollen el concepto”. La vicepresidenta de la Coordinadora, Lorena Seijo, recuerda que las ONGDs que colaboran con el profesorado y los centros educativos cumplen “estrictamente” las normas de la Xunta mientras defienden “un sistema público que garantice la igualdad de oportunidades”.
“Somos apartidistas y apostamos por el pensamiento crítico, la reflexión sobre als problemáticas que nos afectan a nivel mundial y la lucha contra las desigualdades”, añadió. Las entidades que trabajan en educación “parten de la base de que el alumnado tiene que aprender a pensar, a analizar la información que recibe y a construirse su propio criterio” ya que “sólo así tendremos ciudadanos y ciudadanas que puedan tomar decisiones en el futuro”.
Contundente, Seijo deja algo claro: “La defensa de los derechos humanos es un posicionamiento, por supuesto, y en él no cabe la neutralidad”. Respecto a la inclusión de todas las actividades en la programación del curso, destaca que el profesorado hace “un trabajo indispensable para construir sociedades más justas” y por eso “no creemos que seguir burocratizando el sistema para hacérselo aún más complejo sea la mejor solución”.