Colectivos memorialistas avisan a la Xunta de que el expolio franquista debe centrar la gestión de Meirás
Cuando, en 2017, Alberto Núñez Feijóo daba la orden al PP gallego de votar en contra de que el Parlamento de Galicia reclamase al Congreso la “recuperación para lo público” del Pazo de Meirás, a su lado se sentaba, tanto en la Cámara autonómica como en el Consello de la Xunta, Alfonso Rueda, el actual presidente gallego. En estos casi nueve años la postura ha virado desde esa negativa a reclamar que la gestión del inmueble pase a manos del Gobierno gallego, una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado que los descendientes del dictador Francisco Franco no son los propietarios. Rueda acaba de reiterar esa voluntad de la Xunta de hacerse cargo de la emblemática fortaleza ubicada en Sada (A Coruña). Y en ese contexto, colectivos memorialistas e historiadores avisan de que lo que debe actuar como eje de los futuros contenidos de Meirás es la memoria de las víctimas franquistas y de que la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán no debe servir para atenuarlo.
Carlos Babío, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña y uno de los impulsores de la recuperación de Meirás, sigue recelando de las intenciones de la Xunta: “Lo que quiere hacer es utilizarlo [el pazo] como un elemento que explique una posición de la sociedad con respecto a la igualdad o el feminismo. Eso es lo que no se puede hacer porque el pazo vuelve al espacio público por la memoria histórica, no por Pardo Bazán, que ya tiene su casa museo en A Coruña”. Coincide con este punto de vista el alcalde de Sada, Benito Portela, que considera que en el plan de usos “tienen cabida los dos”, pero “tiene que ir básicamente destinado a la memoria democrática”. “Es evidente que, si a día de hoy es patrimonio público, es porque fue epicentro del gobierno de la dictadura franquista”, sostiene.
La histórica sentencia de septiembre de 2020 en la que el Juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña que condenaba a los Franco a entregar al Estado el Pazo de Meirás dio paso a un enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno central. Feijóo, que entonces presidía el Gobierno gallego, seguía refiriéndose a Franco como “el general” y tenía una propuesta que se parapetaba en la figura de Emilia Pardo Bazán para defender unos usos centrados en ella y en hacer del lugar “un faro de la igualdad”. Tras una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero de 2021, declaró: “Que la cuestión de Emilia Pardo Bazán quede relegada por la cuestión del veraneo del general no nos parece razonable”. Con “veraneo” despachaba los 82 años que el pazo pasó en manos de Franco y de sus descendientes tras un proceso en el que los vecinos de Sada se vieron obligados a pagarle la propiedad simulando aportaciones voluntarias y espontáneas.
La postura del Gobierno central era la de centrarse en la memoria histórica. De hecho, en septiembre de 2025, puso en marcha el proceso para declarar Meirás, junto con la Illa de San Simón, Lugares de la Memoria Democrática, una figura que implica darles una función conmemorativa y reparadora. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no hizo ninguna mención a que este trámite está en marcha cuando, este lunes, reiteró la aspiración del Gobierno gallego de asumir la gestión del pazo, que era la petición que Feijóo le trasladó a Sánchez en aquella reunión de principios de 2021. El actual jefe del Gobierno autonómico manifestó que su idea para el futuro es “hacer honor a toda la trayectoria” del inmueble, “vinculado a Pardo Bazán y también a la memoria histórica”.
Rueda añadió que se va a abrir un proceso participativo para que aporten sus sugerencias para el plan de usos “personas y colectivos de diferentes sensibilidades y visiones, con el fin de alcanzar un documento plural y sólido”. Todas estas ideas, además de la reclamación al Estado de que asuma las obras necesarias para abrir todo el edificio al público, están incluidas en un informe que revisó el lunes el Consello de la Xunta para remitírselo al Gobierno central, pero cuyo contenido se niega a hacer público la Consellería de Cultura.
Carlos Babío reaccionó a las declaraciones del presidente gallego insistiendo “nadie intenta expulsar a Pardo Bazán de Meirás”, ya que el lugar no se explica sin ella, que fue su propietaria hasta su muerte en 1921. Pero las movilizaciones que durante años reclamaron que el inmueble fuese público partían de la denuncia del expolio franquista, recuerda. Ahora considera que se puede empezar “desde ya” a actuar sobre el espacio para que sea un lugar de memoria y “resignificarlo desde el punto de vista democrático”.
Para el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Emilio Grandío la declaración de intenciones de la Xunta incluyendo tanto a la escritora como la memoria histórica es un punto de partida en el que no ve “nada negativo, en principio”. “Otra cosa es cómo se va a concretar. Es evidente que hay que abordar el tema del franquismo y también el de Pardo Bazán, pero ¿quién se va a encargar de eso y para qué?”, dijo, en conversación con este diario. El experto pide empezar ya a trabajar sobre contenidos y reflexiona que “sería peor que no hubiese esta declaración de intenciones porque las alternativas son todas en este momento y en este contexto”.
Un trabajo sin avances en cinco años
El asunto del plan de usos para Meirás está sobre la mesa desde hace más de cinco años, con la primera sentencia que obligaba a los Franco a entregar el pazo al Estado. Carlos Babío recuerda que en 2021 se firmó ya un protocolo que recogía que se podía ir avanzando en el plan de usos mientras se esperaba a la sentencia definitiva. Pero, protesta, no hubo en este tiempo reuniones de la comisión interadministrativa ni se llegó a constituir formalmente la comisión técnica. “Nosotros ya denunciamos que se estaba perdiendo el tiempo”, se queja y reclama que ahora empiecen los trabajos y que tengan en cuenta a las entidades memorialistas.
Babío se muestra crítico también con la reacción de Gobierno central y gallego por la indemnización a los herederos del dictador. Recuerda que la “buena fe” que las sentencias les atribuyen figuraba en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, que se aportó a la causa. “El mal se hizo hace mucho tiempo”, zanja y asegura que la vía que queda abierta ahora es que la Abogacía del Estado dé “ la batalla documento a documento” cuando los Franco presenten la propuesta de liquidación del estado posesorio, es decir, cuando entreguen su cálculo de cuánto dinero deben recibir.