El Gobierno acepta indemnizar a los familiares de Amador Rey, asesinado en Ferrol por la represión franquista

El Día da Clase Obreira Galega conmemora cada 10 de marzo el asesinato de los obreros comunistas Amador Rey y Daniel Niebla a manos de la policía franquista en Ferrol. Hubo además un centenar de heridos Sucedió en 1972 en medio de un intensísimo conflicto laboral en el astillero Bazán y fue uno de los episodios clave del antifranquismo gallego y estatal, impulsado por un formidable movimiento obrero. El pasado 10 de marzo, el Gobierno central emitió una declaración insitucional a iniciativa de su vicepresidenta Yolanda Díaz -su padre, Suso Díaz, sindicalista de Comisións Obreiras y militante del PC, había sufrido prisión tras los sucesos del 72- en la que “reconoce y homenajea a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares” y condena la “desproporcionada actuación” policial. Este miércoles el ministro de Memoria Democrática, Ángel Torres, anunció en el Pleno del Congreso que ya ha aceptado 15 peticiones de indemnización, entre ellas la de los familiares de Amador Rey, que dejó viuda y tres hijos.

El Gobierno está estudiando medio centenar de solicitudes para que se repare e indemnice a otras tantas personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978 y ya ha dado luz verde a una quincena de ellas, según ha adelantado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo ha dicho durante el debate de convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley de Memoria Democrática para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

El ministro ha detallado que la comisión encargada de evaluar la concesión de estas indemnizaciones ha recibido ya unas 50 solicitudes de los potenciales beneficiarios, ha estudiado 18 de ellas y ha aceptado 15, entre ellas la relativa a Manuel José García Caparrós, asesinado cuando tenía 18 años el 4 de diciembre en 1977 durante una manifestación en Málaga en defensa de la autonomía de Andalucía.

Otras víctimas

Pero también se va a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, que tenía 23 años cuando fue asesinado en Portugalete (Vizcaya) al recibir dos disparos por la espalda “por el mero hecho de repartir octavillas en apoyo de una huelga”. Asimismo, se ha aceptado la petición de la familia de Ángel Almazán que murió en el hospital en 1976 tras varios días de ingreso por los “culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación”, y lo mismo se ha hecho con la de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, muerto por la represión policial de las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.

El ministro ha mencionado también el caso de Francisco Javier Nuñez Fernández que, al “volver de misa con su hija de tres años”, se encontró con la represión policial contra una manifestación por la amnistía que se celebraba en Bilbao. Logró dejar a su hija en el portal, pero recibió una dura paliza por parte de la policía franquista. “Al día siguiente, al ir a denunciar los hechos, fue torturado, se le hizo beber un litro de aceite de ricino y coñac, y murió 13 días después en el hospital”, ha rememorado el ministro ante la viuda y la hija de Núñez Fernández, presentes en el hemiciclo.