El laberinto del rescate de animales en Galicia: el 112 sólo interviene si suponen un riesgo para las personas

Uno de los escasos momentos de alivio tras la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz tuvo como protagonista a un perro: Boro, el can mestizo que permaneció perdido durante días hasta que un grupo de bomberos forestales lo localizó sentado en un camino, no muy lejos de las vías. La operación de búsqueda del can que “también es familia”, demandada entre lágrimas por una de sus dueñas —su hermana, embarazada, estaba ingresada en la UCI— movilizó a decenas de personas y puso el foco sobre la actuación de los servicios de emergencias en incidencias relacionadas con animales. En Galicia, el protocolo del 112 sólo le permite actuar si existe peligro para las personas. Si ha caído por un barranco, dentro de una chimenea o —como Boro— se ha perdido, no se movilizarán efectivos para rescatarlo, una medida que cuenta con numerosos detractores.

Para empezar, el protocolo no gusta a buena parte de los trabajadores. Un veterano sindicalista recuerda para elDiario.es la situación que vivieron hace unos tres o cuatro años, poco después de que se adoptase ese nuevo modelo de actuación. Recibieron en la central del 112 la llamada de una mujer que pedía ayuda porque su perro se había caído por un acantilado, al lado del mar. Una hora después de decirle que no podían hacer nada por ayudarla, entró una nueva comunicación. Esta vez era Salvamento Marítimo, para notificar que habían rescatado a la misma señora, que se había caído al agua intentando salvar a su perro. Por suerte, más allá del susto, todo acabó bien para ambos.

La suerte o la precaución impidieron que el reconocido fotógrafo Pedro Armestre acabase viviendo algo parecido. En enero pasado desapareció Rayo, uno de sus gatos. Tras horas de búsqueda, los lamentos en forma de maullido que provenían de la chimenea de una de sus vecinas de Vilamaior, en el concello ourensano de Verín, le permitieron dar con su paradero. Es entonces cuando empieza su calvario buscando ayuda. “Llamo a la policía local y me dice que esa historia no va con ellos, que llame a Protección Civil. Protección Civil, tampoco...”. Como tercera opción, Armestre llamó al parque comarcal de bomberos de Verín, el único sitio en el que, según cuenta, encontró cierta empatía. “Me contestan que acudirían encantados, pero que no pueden si no tienen un aviso del 112”. Es entonces cuando marca por primera vez el número de emergencias.

“Me dicen que no van a movilizar a nadie para sacar a un gato de una chimenea”. Ya enfadado, el dueño de Rayo invoca la Ley de Bienestar Animal para argumentar que no puede acarrear sólo deberes, sino también derechos. “Me obligáis a tener a mis animales cuidados, con sus vacunas, que no se pueden quedar tres días solos en casa... tendrá que haber una contraprestación”. No sirvió de nada. “Me dijo que no era cosa suya y que no iban a movilizar a nadie”.

La preocupación de Pedro era conseguir mantener vivo a su gato, sobre todo “evitar que se deshidratase”. Le bajaron agua por el tiro de la chimenea y también una manta, esperando que se agarrase a ella y poder subirlo. No sucedió. Al día siguiente, volvió a llamar al 112, pensando que, si le atendía otra persona, podría encontrar más comprensión. Pero no funcionó. “A lo mejor, en media hora os llaman para deciros que tenéis que acudir a rescatar a un tipo con una rodilla rota en un tejado. Así me imagino que vendréis”, recuerda que replicó, muy enojado.

Finalmente, los vecinos se movilizaron para hacer aquello que rechazaban las emergencias. Entre varios, consiguieron levantar el capuchón de piedra de la chimenea y descolgar por el hueco un lazo para enganchar al gato y sacarlo. Previamente había fracasado otra idea: agujerear la base del tiro con una sierra radial para ofrecerle otra salida. Cuando el intento perforó la caldera de agua, decidieron abandonar.

Hasta que la operación finalizó con éxito, Rayo permaneció en el hueco durante tres noches, es decir, más de las 72 horas que la ley pone como límite a los dueños de felinos para dejarlos solos —si se hubiese tratado de un perro, serían solo 24 horas—. Por eso, a Armestre le queda, sobre todo, una sensación de “tomadura de pelo” ante la ley y las campañas de “marketing” en las que “siempre hay algún policía fuera de servicio que rescata una mascota”.

Los ayuntamientos piden cambios en el protocolo

“El 112 Galicia atiende incidencias relacionadas con animales siempre que exista un riesgo inminente y vital”. La respuesta de la Consellería de Presidencia —de la que depende la Axencia Galega de Emerxencias— cita así un protocolo “consensuado” con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la Guardia Civil y los diversos servicios de intervención. Si la situación es “grave”, como la vivida en Adamuz, “será la evaluación de las circunstancias la que determine el mejor procedimiento”. Por eso, aunque usan el condicional, en casos como el de Boro, “los equipos y recursos de intervención que acuden a rescatar heridos y víctimas podrían ser los que se encarguen también de la recogida de animales”.

La Xunta recuerda además que “las medidas de atención y protección a los animales son aplicadas por los ayuntamientos, que deben disponer de recursos para la recogida y tratamento cuando existe desprotección”. Por eso, dicen, si se recibe un aviso de este tipo, el 112 facilita el contacto “con los medios disponibles en el ámbito de la incidencia y que, por proximidad, son los que mejor conocen la zona y serían los primeros en llegar”.

Precisamente, el cuestionamiento oficial del protocolo para la actuación con animales ha llegado desde la propia Fegamp. El pasado día 20 de enero, su comisión ejecutiva pedía a la Dirección Xeral de Emerxencias crear un grupo de trabajo para actualizarlo. El detonante no fueron llas bestias, sino las facturas que llegan a los consistorios por las intervenciones de los bomberos de los consorcios provinciales —de los que dependen la práctica totalidad de los parques gallegos, a excepción de los de las ciudades, de carácter municipal— en las vías que son competencia de los ayuntamientos. Costes elevados, como lo es movilizar un vehículo con toda su dotación que, según la federación, pueden ahorrarse si, tras recibir el aviso de tráfico, el 112 avisa en primer lugar a los consistorios que pueden acudir con sus propios medios.

Eso incluye acciones como retirar da la carretera un objeto caído, porque si el problema lo provoca un animal, el servicio de emergencias ya le da traslado al ayuntamiento, tal y como admitía la Xunta. El vicepresidente de la Fegamp, el nacionalista Secundino García (alcalde San Sadurniño, A Coruña, 2.800 habitantes) considera una “disfunción” de la Ley de Bienestar Animal que la protección recaiga en los ayuntamientos, que —sobre todo, los de pequeño tamaño— carecen de medios para afrontarla. “Se hace lo que se puede, pero si el 112 llama a un ayuntamiento como el nuestro porque hay un jabalí interrumpiendo el tráfico a las doce de la noche, no va a poder ir nadie”.

“Nos hacemos cargo de animales en la carretera que resulten peligrosos para la circulación o de los que sean agresivos y puedan atacar a una persona”, relata el operador de sala, quien diferencia también el tipo de respuesta por el lugar donde se dé la alerta: “Si hay una serpiente en un domicilio, intervenimos, pero si está en tu jardín y tu jardín da al monte, olvídate”. No puede evitar otra anécdota: aquella vez en la que llamaron unas personas “extranjeras” que, paseando por un bosque gallego, se encontraron lo que definieron como “jabalís salvajes que estaban sueltos”. Un episodio, no exento de humor, que sin embargo permite abrir el capítulo de la responsabilidad: a quién corresponde si un animal invade una vía y provoca un accidente. Como señala García “un perro perdido no es un perro abandonado”, y ahí se encuentra una de tantas zonas de sombra de un rural en el que los ejemplares salvajes se mezclan con esos otros que simplemente están libres pero, cuando ocurre un incidente, dejan de tener propietario.

“Si nos limitamos a lo que son las vidas humanas, al final las estás poniendo en peligro porque serán ellas las que intenten rescatar a sus mascotas”. Él tiene un perro y dos gatos y —como sucedía con las dueñas de Boro— también los considera de la familia. Como lo era Rayo para Pedro, que recuerda el enorme disgusto que le produjo su fallecimiento, meses después de aquel complicado rescate: “Un vecino vino a decirnos que estaba muerto en la calle. Fue un día en el que había mucha actividad de cazadores por la zona y yo creo que un perro de caza le pegó un mordisco y lo mató”. Los mismos canes que, por la fuerza de ese sector, quedaron fuera de la Ley de Protección Animal “y pueden estar encerrados 360 días al año y salir cinco a cazar”.

Queda por ver si la imagen de Boro regresando con su dueña en medio de la catástrofe puede provocar una agitación similar. El Colegio de Veterinarios de Alicante ha sido el primero en reclamar un protocolo de rescate animal único para todo el Estado porque “no pueden seguir siendo los grandes olvidados en las catástrofes”. Según su presidenta, Juana Molina, el dispositivo que permitió recuperar al perro de Adamuz fue “un ejemplo de humanidad, pero también de improvisación. Es necesario que las administraciones integren su protección dentro de los planes de emergencia”.