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Las protestas se enquistan en la sanidad gallega, que Feijóo erige en su emblema como gestor

Protesta de profesionales sanitarios en Galicia

Miguel Pardo

Urgencias, Puntos de Atención Continuada (PAC), ambulancias, pediatras, médicos eventuales, jefes de servicio, pacientes... Desde hace tiempo, múltiples colectivos y sectores de la sanidad pública gallega se enfrentan a las políticas de la Xunta por el “deterioro” en la asistencia sanitaria y en las condiciones de trabajo de sus profesionales. Las huelgas y movilizaciones son habituales desde hace años, pero especialmente constantes e intensas en los últimos meses. “La gente se ha hartado después de tanto tiempo denunciando; no es una cosa de ahora, pero no se aportan soluciones y el vaso tenía que desbordar”. La frase, con más o menos matices, es repetida desde diferentes ámbitos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que, además, afronta investigaciones judiciales y de la Fiscalía por la muerte de enfermos que los demandantes, o el propio Ministerio Fiscal, atribuyen a la mala praxis de la Administración, a los recortes o al afán por la austeridad. Todo ante un presidente gallego que suele presumir de su veterano compromiso con la sanidad y de su experiencia en la gestión, y que atribuye las protestas “intereses inconfesables” de la izquierda y a una “premeditada descalificación global” del sistema.

“Los críticos destructivos tienen un relato elaborado que alimentan al margen de la verdad”. Así lo dijo Feijóo este pasado miércoles, en la comisión de investigación sobre los recortes en la sanidad abierta por los grupos de la oposición, que la abandonó después de que el PP impusiera un plan de trabajo a su medida. Calificó el sistema sanitario gallego como uno de los mejores de Europa y volvió a presumir de la elevada inversión de sus gobiernos en edificios y tecnologías sanitarias.

No es nuevo. A cada aumento de las protestas, Feijóo presume de gestión y bagaje. “Intento llevar veinte años protegiendo la sanidad pública?, suele decir, al tiempo que acusa a otros de intentar ”destruirla“. Y advierte de que en los años 90 la situación era mucho peor y los mismos de ahora ya hablaban de ”recortes“. Lo sabe bien porque él era, luego, máximo responsable del Sergas. Y a pesar de la fama de buen gestor, fue quien impulsó un experimento de gestión sanitaria, el primero que lideraba, que acabó en quiebra: las fundaciones hospitalarias.

Llegaron a ser cuatro fundaciones, teniendo como emblema la del Hospital de Verín, constituida en septiembre de 1993, cuando Feijóo era ya gerente del Sergas. Tuvo una dotación inicial de 100 millones de pesetas y ponía a funcionar un centro que en la práctica era parte de la red pública, pero regido por los principios del sector privado en la contratación o en el pago de incentivos. Tres años después, la capacidad era de la mitad, la gestión opaca y las pérdidas económicas enormes.

El Consello de Contas advirtió de “falta de control presupuestario”, “irregularidades” en las contrataciones y “precariedad” laboral “no admisible”. Luego, en 1998, Feijóo y su mentor -Romay Beccaría, ex-consejero de Sanidad- ya no estaban en el Sergas, sino que comandaban el Ministerio de Sanidad con el Ejecutivo de Aznar e impulsaban el modelo de fundaciones en buena parte del Estado. Fraga acabó por convertir las fundaciones en públicas y el gobierno bipartito tuvo que rescatarlas con más de 10 millones de euros para luego disolverlas.

Veinte años después, son jefes de servicio de Atención Primaria, médicos, personas usuarias, sindicatos, oposición o Fiscalía los que le advierten a Feijóo de los problemas de una sanidad que supera este ejercicio la dotación presupuestaria de hace diez años, después de que desde 2011 y hasta 2017 estuviera por debajo del de 2008, en el albor de la crisis, y que ese recorte acumulado en poco más de media década superase los 1.000 millones de euros.

Ante las denuncias, Feijóo y la Consellería de Sanidade acusan a los denunciantes. Lo han hecho, varias veces, con la médica de Urgencias del Clínico de Santiago que trasladó a la Fiscalía la muerte de dos pacientes tras tiempo esperando en los pasillos a ser atendidos en una jornada de enorme colapso. La acusaron de “mentir” y de llevar a cabo “una canallada”, después de que hubiese avisado hasta tres veces aquel día de la situación y de que la asociación de usuarios del CHUS la apoyara y advirtiera del “linchamiento” a la que está siendo sometida.

Huelgas, denuncias de “caos” e investigaciones judiciales

La denuncia llega con el personal apoyando mayoritariamente continuar con una huelga que afronta la 11ª semana reclamando más trabajadores, medios y espacio. Este pasado viernes, la comisión de centro de las Urgencias del CHUAC de A Coruña denunció también la “situación caótica” que sufre el servicio. Ahora, la Fiscalía investiga el caso de Santiago, después de que denunciase ya a la Xunta por otro fallecimiento en 2017. Recuerdan estos casos a la denuncia por la que el Ministerio Fiscal acusó a la Xunta de homicidio por retrasar fármacos de la hepatitis C por “razones presupuestarias”, un caso que acabó en los juzgados, por los que siguen pasando testigos para prestar declaración. Son investigados en este proceso el ex-director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial -actual gerente del área sanitaria de Vigo-, y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado.

Además, la Justicia investiga también el fallecimiento de un hombre en el PAC de A Estrada sin atención médica el pasado verano. Aquella muerte supuso también un punto de inflexión, con más movilizaciones y protestas, también en los propios PAC, que ahora están en huelga indefinida después de que, según denuncian, la Xunta no atendiese sus demandas que, como en todos los ámbitos, se centran en la necesidad de más medios, tiempo y personal para la atención sanitaria. “No queremos muertes bajo nuestra responsabilidad”, advirtieron profesionales al analizar en la comisión alternativa de la oposición en el Parlamento aquella trágica muerte.

Porque las denuncias sobre la situación precaria y masificada de la Atención Primaria -y de sus lógicas consecuencias en las Urgencias- es constante. Una veintena de jefes de servicio de los centros de salud del área de Vigo dimitió en bloque por el “deterioro sanitario”. Denunciaron una situación “insostenible” con “sobrecarga asistencial”, listas de espera “inaceptables” o “condiciones de trabajo deplorables” para los más jóvenes. Y han advertido de los “recortes” que afectan al sistema sanitario desde 2012. La indignación provocó el apoyo, este mismo viernes, de más de 300 compañeros médicos de Ourense y una masiva manifestación en la ciudad olívica -como la que después se dio en Santiago por la situación en el Clínico- y la reacción de la Xunta fue a crear una comisión con profesionales en la busca de mejorar el sistema. “Es inviable ver 58 pacientes al día. La calidad asistencial es mínima?, advierten los afectados.

Desde los sindicatos y asociaciones por la sanidad pública, la “privatización” es otra de las causas más repetidas para explicar los problemas. En Vigo, por ejemplo, advierten de que el caos se acentúa por los “150 millones que cada año se entregan a Povisa y al canon del Hospital Álvaro Cunqueiro”, un centro que fue señalado como paradigma de la política sanitaria de la Xunta, tanto por el modelo económico vinculado como por los problemas que sufrió, sobre todo nos sus inicios.

Al tiempo, la Consellería de Sanidade ha firmado con los sindicatos -excepto CIG y CCOO- un nuevo modelo de contratación para los médicos eventuales con el que pretende dar estabilidad y que se ha topado con un nuevo e importante colectivo organizado: Precarias pola Atención Primaria. Profesionales que acumulan docenas de contratos al mes, decenas de centros de salud, cientos de kilómetros y nula estabilidad. Otros que ya preparan movilizaciones y que se unen a una ola de protestas infinita. “Esto es vocacional, tiene que gustarte mucho para aguantarlo”, resumen.

La odisea de buscar un pediatra

Entre la ciudadanía tampoco se detienen las protestas. Son varias las comarcas en las que las familias tuvieron que salir a la calle por la problemática con los pediatras. Su escasez es también una constante en Galicia, tanta que en los últimos quince años 78 ayuntamientos perdieron el único que tenían. Un 60% de los municipios carecen de pediatra y muchos lo comparten con una localidad vecina. La odisea relatada en este diario por una madre de Carnota, que recorrió 140 kilómetros e hizo tres horas de coche a la búsqueda de pediatra para un bebé en el Navidad, sirvió como crudo ejemplo del panorama. En este ámbito, la Xunta tuvo que rectificar y retirar su propuesta de pediatras desplazables tras la indignación de los profesionales.

No hizo así con la reforma sanitaria, fuertemente contestada en la calle y entre los profesionales, que blinda pactos del Sergas con el sector privado, como ese que permite que una multinacional americana controle servicios en cuatro hospitales, y hace desaparecer áreas sanitarias. Al tiempo, hay problemas que se repiten cada poco, como el ocultado cierre de camas en verano o su descenso, las dudas sobre el futuro de un servicio de salud, el gallego, en el que más del 40% de los médicos se jubilarán en la próxima década o las listas de espera, cuyo conflicto fue retratado en una dura carta de dimisión del jefe de Oftalmología de Pontevedra.

En uno de sus últimos análisis sobre la sanidad gallega, Feijóo volvió a presumir de ella. Según su versión, gracias a su gestión el Sergas tiene “más fondos, más profesionales y más medios que nunca”. Con todo, propuso reclamar del Gobierno central “una convocatoria extraordinaria de MIR para Atención Primaria” o “revisar el modelo de atención de las urgencias en su totalidad”.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta del pasado jueves, fue preguntado por su experiencia personal en el Sergas. “La verdad es que no tengo de momento mala salud y voy poco al médico”, dijo. “Desde luego, lo que no tengo es ningún seguro privado y, por lo tanto, confío plenamente en la sanidad pública”, concluyó.

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