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GALICIA

La reforma sanitaria de Feijóo blinda por ley los acuerdos con el sector privado

El PP saca adelante en solitario el primer trámite de los cambios de la ley gallega de salud, que da cobertura legal explícita a pactos con compañías privadas como los que la Xunta ya ha ocultado al Parlamento

Los órganos de participación de sindicatos y ciudadanía perderán con la nueva norma el derecho a ser "informados" sobre "contratos de servicios sanitarios, conciertos y programas de subvenciones"

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Feijóo y el conselleiro de Sanidade, durante una visita a un centro de salud

Feijóo y el conselleiro de Sanidade, durante una visita a un centro de salud Conchi Paz

La  multitudinaria manifestación que el pasado domingo rechazó en las calles de Santiago la reforma sanitaria que ultima la Xunta resultó especialmente incómoda en el seno del Gobierno gallego y del partido que lo sustenta. El argumentario de los populares contra la movilización impulsada por la plataforma SOS Sanidad pública con el apoyo de los principales sindicatos y de toda la oposición parlamentaria se basa en que la protesta está fundamentada en "mentiras" y busca "manipular" a la población a partir de datos "falsos". Los de Alberto Núñez Feijóo niegan que hayan existido recortes presupuestarios en la sanidad pública, aunque en realidad han rondado los 1.000 millones de euros, y rechazan que la reforma abra nuevas puertas del Sergas al sector sanitario privado. No obstante, la letra de la ley dice otra cosa.

Entre los cambios que introduce en la ley de salud de 2008 el nuevo texto, que este martes salvó su primer trámite parlamentario solo con los votos del PP,  figura una amplia reforma del capítulo tercero, el que hasta ahora regulaba la "investigación biomédica en el sistema público de salud de Galicia" y que ahora se referirá a la "investigación y la innovación".

En su nueva redacción el Gobierno de Feijóo aumenta el antiguo artículo 131, que daba a las "autoridades públicas competentes en investigación y sanidad" la competencia de "establecer el régimen de colaboración con el Sistema Público de Salud". Se añade ahora cobertura legal explícita para acuerdos con empresas privadas como el que permitió a una multinacional estadounidense "testar" sus productos y servicios en hospitales públicos gallegos. En este pacto, como reveló Praza.gal, se incluían anexos con sus condiciones concretas que la Consellería de Sanidad se negó a desvelar a pacientes que los pidieron y también a la oposición parlamentaria.

La Consellería de Sanidad, el Sergas y las entidades que dependen de ellos, dice el texto de la reforma, "podrán suscribir contratos o convenios con otras entidades públicas y/o privadas" para "la realización de proyectos específicos de investigación o innovación" que "permitan el desarrollo conjunto de nuevas soluciones, servicios ligados al conocimiento, productos o tecnologías sanitarias". Esto es exactamente lo que sucedió en los convenios entre el Sergas y la americana Medtronic, en los que la sanidad pública puso dinero y personal y la empresa, tecnología, ejecutivos y productos para desarrollar proyectos de "calidad" en la atención sanitaria que después la compañía prevé ofertar al "mercado".

Santiago se llena de voces que claman contra privatización de sanidad gallega

Líderes sindicales y de En Marea, PSdeG y BNG, durante la manifestación contra la reforma sanitaria EFE

Menos información sobre contratos

Esta cobertura legal a los acuerdos con compañías como Medtronic llega acompañada de nueva terminología y preceptos económicos en la ley sanitaria, tales como la intención de que "el sector sanitario se convierta en uno de los motores de desarrollo económico" o incremente su "aportación al producto interior bruto". Las nuevas medida entrarán en vigor en un contexto en el que órganos de participación ciudadana en la sanidad pública como el Consello Galego de Saúde tendrán menos información directa sobre los contratos del Sergas.

Entre las modificaciones que trae consigo el nuevo texto figura una reforma de este órgano, en el que junto a la Administración se sientan los ayuntamientos, sindicatos sanitarios, colegios profesionales, universidades, sociedades científicas o colectivos de pacientes, entre otros. Así, desaparece de la ley el artículo que da a los miembros de este y de otros órganos de participación derecho al "acceso y consulta, en cualquier momento y en un tiempo razonable, de datos o documentos" de la Consellería.

Específicamente, el Consello Galego de saúde pierde la potestad específica de "conocer y ser informado de los contratos de servicios sanitarios, de los conciertos y de los programas de subvenciones, así como de la evaluación del informe del seguimiento relativo a ellos". Esto incluso sucede con los consejos de área, a los que no obstante se les concede tener "conocimiento de las inversiones y mejoras" que el Sergas tenga previstos. En el caso de los Consellos de Sáude de Distrito, de nueva creación, sí se prevé, no obstante, que conozcan "los mapas de derivaciones" a otras instituciones sanitarias "según patologías".

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