Un municipio gallego, en guerra por su oficina bancaria: amenaza con retirar su dinero y declarar persona non grata al presidente de Abanca

El goteo de municipios rurales que se suman en Galicia a la lista de la exclusión bancaria no cesa. La última sucursal que queda en Campo Lameiro (Pontevedra), de Abanca, va a cerrar el 8 de septiembre y el Ayuntamiento, gobernado por el PP, se ha rebelado contra la decisión de la entidad. Los concejales -hay representantes de Porvir y del PSdeG, además de los del PP- han aprobado por unanimidad una serie de acciones reivindicativas: si la oficina cierra finalmente sus puertas, retirarán el dinero del banco y declararán persona non grata a su presidente, Juan Carlos Escotet.

Uno de los concejales, Adrián Vidal (PSdeG), califica el cierre de “golpe irreversible” para la economía local. Con menos de 2.000 habitantes y una población envejecida, las alternativas bancarias para los vecinos y vecinas de Campo Lameiro son escasas: “El golpe económico para nuestro municipio va a ser brutal. Ahora la única opción para que los pensionistas saquen su dinero del banco será desplazarse al municipio más cercano que tenga oficina bancaria”, explica Vidal. “Lo más probable es que si vas a sacar dinero a la villa de al lado, ya hagas la compra allí. Con una población tan envejecida como la nuestra, la brecha tecnológica se hará todavía más visible”, añade. Con resignación señala que “solo queda” buscar un banco y tratar de darle “todas las facilidades” para que se instale allí.

Según ha informado el Ayuntamiento, los nueve concejales votaron por unanimidad un decálogo reivindicativo en defensa del mundo rural y de los derechos de los vecinos. En un pleno extraordinario, la corporación decidió convocar una concentración “de repulsa” el viernes 27 de agosto a las 20.30 horas y abrir un expediente para nombrar a Juan Carlos Escotet persona non grata si se lleva a cabo el cierre.

Si la entidad culmina su plan, Campo Lameiro pasará a engrosar la lista de municipios gallegos en los que han cerrado todas las oficinas bancarias, una lista que la Xunta, en cambio, quiere reducir. Su estrategia para ello consiste en entregar 2,8 millones a los bancos para que abran un cajero en los lugares que se han quedado ya sin sucursales. El Gobierno gallego aporta los fondos y los Ayuntamientos que se adhieran a la iniciativa deberán poner de su parte un local adecuado para instalar el cajero.