Así penaliza la Xunta elegir la sanidad pública en Galicia
La asociación El Defensor del Paciente acaba de remitir un escrito al conselleiro de Sanidade para reclamar una solución a la elevada espera que está sufriendo una enferma gallega para ser operada de la columna y para la que reclama una “atención inmediata” ante sus “condiciones inaceptables” de salud.
En la carta, Carmen Flores, presidenta del colectivo que ya ha denunciado numerosos retrasos y defectos en el sistema sanitario público gallego, exige al Sergas que atienda “de inmediato” a la paciente y advierte de que, en el caso de no hacerlo, enviarán a la Fiscalía toda la documentación en su poder para que pueda “abrir investigación sobre las listas de espera vergonzosas y humillantes que hay en Galicia”.
La enferma lleva más de un año esperando por la operación que había sido declarada prioritaria en mayo de 2015.
El caso y toda la documentación aportada, a la que tuvo acceso este diario, vuelve a poner en evidencia los obstáculos y retrasos que sufren pacientes en Galicia cuando solicitan ser atendidos en un hospital público, así como la penalización que se deriva de reclamar asistencia en el Sergas, apoyada en un decreto del año 2005 y en la ley de garantías de prestaciones sanitarias en vigor desde marzo de 2014 en Galicia que consagra el trasvase de pacientes a la sanidad privada.
En este caso, la enferma presentó en octubre de 2015 una reclamación ante la dirección general del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) por los cinco meses que llevaba ya esperando después de que en el mes de mayo anterior fuese incluida en lista de espera prioritaria para una intervención quirúrgica ante sus graves problemas en la columna lumbar. Ante los “fuertes dolores”, la afectada solicitaba ser intervenida “lo más rápido posible”.
En su contestación, el Chuvi de Vigo le comunica que “dada la presión asistencial existente en el servicio de Traumatología, la única posibilidad de llevar a cabo su intervención en el plazo más corto es la de que acepte su realización en un centro concertado del Sergas”. El hospital le recuerda que cuando le ofrecieron esa posibilidad, la enferma había reclamado ser intervenida en el centro público por el mismo doctor que llevaba su caso, “actualmente jubilado”.
Así, y después de esa primera demanda para ser atendida en el sistema sanitario público, la gerencia le advierte de que los pacientes “que rechazan una oferta asistencial como la que se le formuló pasan a la lista de espera 'no estructural', que tiene un plazo de espera superior, con suspensión temporal de las garantías de demora que establece la normativa mientras se mantenga esta situación”.
Por tanto, la enferma fue penalizada por rechazar en un primer momento su transferencia a un centro concertado y por requerir la intervención en un hospital del Sergas, tal y como le recuerda también la Valedora do Pobo en la contestación a un escrito de reclamación. En él, le explica que, de acuerdo con la legislación, y “una vez agotado el plazo máximo de espera desde la inclusión en el Registro de tiempos de Garantía para la Atención Sanitaria no urgente”, el Sergas facilitará al usuario la documentación para “solicitar la atención en el centro acreditado de su preferencia excepto en una serie de supuestos”. Uno de ellos, como le recuerdan, es haber rechazado la oferta asistencial de otro centro sanitario. “Supuesto en el que usted incurre”, le dice, tras justificar el retraso en la intervención “por no acreditarse la existencia de una causa justificada para el rechazo de la alternativa ofertada”.
Ahora, y un año y tres meses después de que la enferma fuese incluida en una lista de espera prioritaria para la intervención, su artrodesis ha empeorado, además de añadírsele nuevos problemas en la columna que han reducido su movilidad, según denuncia. Ante esta situación, anuncia que acudirá al juzgado a interponer una denuncia contra la dirección del hospital Álvaro Cunqueiro.
El Defensor del Paciente censura la “actitud totalmente indecente” de Sanidade y se pregunta “en qué ley dice que, de manera obligatoria, los pacientes se tengan que adaptar a los deseos de la Administración para mandarlos intervenir o tratar donde les dé la gana”. “Si el paciente se niega, ¿que se muera?”, le dice en la carta al conselleiro Vázquez Almuíña.
Efectos de la ley de garantías de prestaciones sanitarias
El caso de esa paciente es otro ejemplo de los efectos de la denominada ley de garantías de prestaciones sanitarias, uno de los emblemas de la segunda campaña electoral de Alberto Núñez Feijóo, que tiene como medida estrella la limitación de 60 días para la espera quirúrgica y de 45 para consultas especializadas. Por debajo de esa promesa de garantía máxima de espera está un mecanismo de trasvase de enfermos a la sanidad privada, ya que si el Servicio Gallego de Salud incumple su autoimpuesto límite de 45 o 60 días está facultado para enviar los enfermos a un centro privado en el que le realicen la intervención o la prueba.
Las denuncias en este ámbito son varias. Hace tan sólo unos meses, una mujer denunció que el Sergas le negaba el tratamiento por quererlo en un centro público y la Asociación de Pacientes del CHUS aseguraba que “reiterados testigos” acreditan que “los pacientes son víctimas de una deficiente atención” cuando son derivados a “centros concertados” para pruebas e intervenciones.
