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GALICIA

La Defensora gallega del Pueblo multiplica las amenazas de declarar "hostil" a la Xunta por entorpecer su trabajo

Sin llegar al extremo de declarar "hostil" a ninguna administración, lo que no hace desde 2007, la Valedora do Pobo remitió el pasado año al Gobierno gallego un centenar de advertencias de esa posibilidad

La Valedora do Pobo, Fernández Galiño, entregando su informe anual al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices

La Valedora do Pobo, Fernández Galiño, entregando su informe anual al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices Praza Pública

Para realizar su trabajo de intermediación entre la ciudadanía y las administraciones la Defensora del Pueblo de Galicia (Valedora do Pobo) suele tener que pedir informes o preguntar cuestiones concretas a esas últimas que no siempre están por la labor de colaborar. Ante esas situaciones la institución puede declarar "hostil y entorpecedora de sus funciones" a la administración concreta que no atienda de manera reiterada sus peticiones. Esa situación no se da desde 2007 (entonces con el Ayuntamiento de Boiro), pero sin llegar a ese extremo existe la posibilidad de que la Valedora do Pobo advierta o amenace con esa posibilidad, situación que se disparó en los últimos tiempos en la Xunta hasta llegar a un centenar de ocasiones durante el año pasado.

Las crecientes reticencias de la Xunta a colaborar con la institución del Valedor do Pobo aparecen reflejadas en el informe anual sobre las actividades de esa entidad correspondiente a 2018 que este martes presentó la nueva titular del cargo, Dolores Fernández Galiño, en el puesto desde hace apenas dos meses tras la dimisión en diferido de su antecesora, Milagros Otero, por facilitar un cargo a una sobrina de Manuel Fraga. El informe presentado este martes refleja por lo tanto, y así lo destacó la propia Valedora, la actividad en la institución durante el mandato al frente de ella de Otero.

Según el informe, el pasado año el Valedor do Pobo tuvo que llegar al extremo de amenazar con la posibilidad de considerar hostil a la administración por no atender sus peticiones en un total de cien veces en el caso de la Xunta de Galicia, con la Consellería de Economía a la cabeza (38 ocasiones), seguida de la de Educación y Cultura (34 veces, sumadas las dos áreas que fueron divididas en dos consellerías distintas en septiembre de 2018). Las cifras de 2018 permiten comprobar un aumento de la falta de colaboración de la Xunta en los últimos dos años, situación que vienen encabezando las áreas de Educación y Cultura.

Educación y Cultura también destacan en el siguiente nivel de entorpecimiento a las actuaciones de la Valedora, el de que la institución tenga que reiterar sus peticiones hasta en dos ocasiones antes de que la administración las atienda. Eso sucedió el pasado año en 52 ocasiones en esas áreas y en 49 veces en la de Economía. Las cifras están lejos de las 131 reiteraciones de peticiones que llegó a hacer el Valedor do Pobo en 2015 a la Consellería de Sanidad pero se percibe un aumento general en la falta de colaboración del conjunto de las consellerías.

A nivel municipal, en 2018 la amenaza de declarar hostil fue formulada por el Valedor do Pobo a tres ayuntamientos reiteradamente incumplidores en un total de 5 ocasiones: Triacastela, O Porriño y Mondariz.

Por otra parte, a nivel general el informe anual de la institución refleja un aumento del número de asuntos distintos tramitados por el Valedor al tiempo que un descenso del número de reclamantes o expedientes diferentes, lo que puede deberse a un descenso en el número de quejas formuladas de manera idéntica y repetida en años anteriores por integrantes de unos mismos colectivos afectados por un mismo problema.

Evolución del número de reclamaciones y asuntos distintos analizados por el Valedor do Pobo en los últimos años

Evolución del número de reclamaciones y asuntos distintos analizados por el Valedor do Pobo en los últimos años Valedor do Pobo

En el informe la Valedora también deja constancia de los obstáculos de las administraciones no solo a sus gestiones directas sino también a la aplicación de la Ley de Transparencia, con la negativa reiterada de algunas entidades a facilitar las informaciones solicitadas por la ciudadanía. En ese ámbito la institución destaca "la necesidad de habilitar medios para la ejecución forzosa" de las resoluciones de la Comisión de Transparencia de Galicia cuando éstas reclaman que se facilite al solicitante de transparencia la información pedida pero las administraciones aún así se niegan a hacerlo.

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