Alcoa ha anunciado que paraliza el proceso de despidos que tenía planeado para su planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo), informa Europa Press. La decisión se adopta tras la sentencia que declara nulo el expediente de regulación para 524 trabajadores por “mala fe” en las negociaciones.
La multinacional calcula que, debido a la huelga iniciada hace dos meses en las plantas de fundición y refinería de alúmina, el impacto negativo antes de impuestos en el cuarto trimestre será de unos 10 millones de dólares, sobre todo relacionados con la refinería. Apostilla que la sentencia del tribunal “no resuelve la huelga”.
Por su parte, el comité de empresa ha manifestado su disposición a suspender la huelga indefinida que mantiene desde hace casi dos meses y medio si la empresa “se sienta a negociar” con ambos gobiernos, central y autonómico, una solución “definitiva” a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las condiciones que pone la representación de los trabajadores son que se mantengan “el 100% de la producción y el 100% de los puestos de trabajo”.
Los trabajadores condicionan esa voluntad de suspender la huelga a que la compañía se siente con ellos para negociar una solución para la reactivación de las cubas paradas y “la contratación de todo el personal que perdió el puesto de trabajo a causa de la finalización de sus contratos durante el proceso”. Le piden a Alcoa que desista de la opción de presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Al respecto, la empresa informó este mismo jueves de que estudiaría los pasos a dar después de recibir el fallo judicial. Defiende que sí actuó “de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley”. E insiste en que la necesidad de reestructuración de la fundición “persiste” por problemas “estructurales importantes y permanentes”.
Con estas noticias, los trabajadores encaran las navidades “más tranquilos”. El propio presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha destacado que la del jueves fue una “noche de celebraciones” en la planta, pero considera que “no ha cambiado nada, porque Alcoa sigue queriendo despedir y ahora lo que hay es un juzgado que le ha parado los pies”. Los trabajadores siguen inquietos ante la posibilidad de que continúe litigando en los tribunales.
Las administraciones también se han pronunciado sobre la situación de la factoría. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha reiterado, a través de su cuenta de Twitter, que el Gobierno está “abierto a alcanzar una solución negociada que mantenga las capacidades industriales de la comarca de A Mariña”.
La Xunta, por su parte, ha asegurado que la anulación del ERE abre una “nueva fase” en “un conflicto innecesario” y ha pedido que desde ahora prevalezca la voluntad de “acuerdo”. El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha reiterado que el Gobierno gallego prefiere la opción de la venta por encima de una intervención pública. En este sentido, ha pedido a la multinacional que se abra a que otra empresa compre la planta. Ha emplazado al Gobierno central a realizar una convocatoria para “todas las partes” con el objetivo de abordar el futuro.