Feijóo ignora a Casado y se pone al frente de los críticos contra el estado de alarma

Alberto Núñez Feijóo está en contra de solucionar la actual situación por la vía de extender el estado de alarma impuesto por el Gobierno cuya prórroga están negociando Pablo Casado y Pedro Sánchez de cara al pleno que se celebrará el próximo jueves. Sin esperar por su partido, y sin conocer siquiera la posición de la dirección popular, el barón gallego no ha dudado en asegurar que la medida es “demoledora” para la economía, “un enorme palo para el sector turístico y hostelero”. Las críticas de jefe del gobierno gallego se han producido en rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes a la que estaba convocado de manera telemática. Solo unas horas antes, Pablo Casado se abría a pactar con Sánchez una prórroga de ocho semanas. Preguntado sobre la contradicción entre su beligerancia y la postura de su partido, Feijóo ha dicho : “No la conozco con exactitud [la postura del PP]. Le digo cual es la posición del Gobierno de Galicia. Lo que se propone más que un estado de alarma es un estado de excepción ya que hay restricciones durísimas en la totalidad del territorio”.

En el Partido Popular de Galicia reconocen que el tono de Feijoo “ha sido contundente a sabiendas” pero aclararan que tras ese enfado no habrá ninguna petición para los diputados gallegos del PP actúen por libre de la línea que marque Pablo Casado a la hora de votar. “Nos parece bien que se negocie pero nos parecería mejor tramitar una ley que nos de competencias para actuar contra la pandemia sin decirle al mundo entero que estamos en estado de alarma”, aseguran fuentes de la dirección del PP gallego. Que Feijóo va por libre queda claro en esta otra afirmación de su equipo: “Él no fija su postura porque entre un teletipo con declaraciones de Casado o nos llegue un argumentario de Génova. Nosotros llevamos seis meses pidiendo un cambio en la ley sanitaria que nos permita evitar los estados de alarma”.

El argumento del PP gallego sobre su insistencia en pedir cambios legales que permitan a las autonomías limitar derechos fundamentales se ajusta a la realidad, pero con algunos matices. Feijóo empezó a pedirlo en primavera pero hubo que esperar a que pasara el verano y empezase el otoño para que la plasmara por escrito en un documento que envió al presidente del Gobierno sin consultar a su partido. Aunque lo anunció a finales de agosto, no lo concretó hasta el 8 de octubre. Cualquier tramitación parlamentaria exprés de la propuesta de Feijóo no habría llegado a tiempo para que ese cambio legal hubiera servido para abordar la actual situación. La carta del presidente gallego a Pedro Sánchez pidiendo esa reforma legal llegó tarde, exactamente dos meses después que otra propuesta similar redactada por el grupo popular en el Congreso y cuya tramitación parlamentaria se encuentra en curso.

De “nueva ley orgánica de salud” a documento de siete folios remitido al Gobierno

El ansia de Alberto Núñez Feijóo por figurar en el debate de la política estatal lo llevó, en agosto, a anunciar que presentaría “una nueva ley orgánica de salud”. “No podemos entrar en otoño con la misma tónica de los últimos meses”, afirmó. Se refería a que el estado de alarma “no es útil para gestionar algo cotidiano” y que, para ello, es necesario “una legislación de pandemia sanitaria”. En realidad, la ley orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio recoge, en el apartado b) de su artículo cuatro, que la alarma está pensada para “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”.

Pero en realidad el debate que intenta promover Feijóo es más de política partidista que sobre la salud pública o los derechos de los ciudadanos. Porque nunca entra en el detalle de las diferencias que habría entre usar el estado de alarma o su propuesta de ley a la hora de enfrentarse a la endiablada situación sanitaria. Ni siquiera atiende a los propios plazos que estableció en agosto. Lo que entonces era urgente para no llegar al otoño sin “herramientas jurídicas” se demoró hasta el 8 de octubre en concretarse.

La propuesta tomó forma de un documento de siete folios que el presidente de la Xunta remitió al Gobierno de Pedro Sánchez. Y ya no era una “nueva ley”, sino una modificación de la vigente. Algo más de dos meses antes, el Grupo Popular en el Congreso había registrado una proposición de ley en el mismo sentido. No le importó. Sucede que Feijóo hacía política hacia fuera -indicarle a Sánchez el camino de gestión de la pandemia- y hacia dentro -saltarse a Pablo Casado y a la dirección de su partido. “Después de esperar, insistimos en que es imprescindible reformar la Ley Orgánica de Salud para poder gestionar la pandemia con eficacia desde las comunidades autónomas”, señaló el barón popular gallego.

El estado de alarma y la comunidad autónoma

El estado de alarma que está ahora a punto de entrar en vigor cede a las comunidades autónomas el mando en tres importantes puntos: la limitación de reunión a seis personas, la desactivación del toque de queda una vez transcurran los primeros 15 días o el cierre de cada territorio. Uno de los argumentos utilizados por Feijóo, que las autonomías no tenían suficiente capacidad de maniobra una vez declarada la alarma, queda así en cuestión. De hecho, fue la propia Xunta la que decretó, la pasada semana, la reducción de las reuniones a cinco personas, una menos que la decretada por el Gobierno central. Y la que prohibió consumir en el interior de los bares en ciudades como Santiago de Compostela. Los hosteleros de la capital gallega han convocado para este miércoles, 28 de octubre, una manifestación contra la Xunta, a la que piden ayudas y soluciones.

Otro argumento, el semántico, fue asumido por Pedro Sánchez este domingo cuan do habló de “restricción de la movilidad nocturna” y no de “toque de queda”. “El Gobierno está generando alarma y desconfianza”, afirmó este lunes Feijóo sobre el estado de alarma. Obvió que en Francia, Italia o Portugal, los respectivos gobiernos han aprobado medidas análogas: el estado de emergencia sanitaria, el estado de emergencia y el estado de calamidad.