Fincas de tres euros el metro se convertían en solares de 600 en la Marbella del Cantábrico del PP
La Marbella de Galicia podría ser Sanxenxo, el pueblo de las Rías Baixas donde veranea el presidente Rajoy. Pero en la costa cantábrica gallega un alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, aspiró durante la pasada década a que su municipio, Barreiros (Lugo), se convirtiese en el nuevo referente turístico del norte peninsular.
Con apenas 3.200 habitantes y en disminución, en muy pocos años se levantaron 3.500 viviendas hoy vacías o usadas como segunda residencia. Aún en 2013, cuando la burbuja ya había estallado y decenas de esqueletos de edificios quedaban a medio completar, Barreiros intentaba tramitar un plan de urbanismo que contemplaba viviendas para más de 25.000 habitantes.
Obligado a rectificar por la Xunta, ahora el Ayuntamiento tramita un nuevo plan, a exposición pública desde la semana pasada, en el que se admite la “opacidad” de las operaciones urbanísticas realizadas y se relata cómo fincas agrarias de tres euros el metro cuadrado pasaban a venderse por 600 al clasificarse como suelo urbano.
A comienzos de este siglo el gobierno local de Barreiros, con Fuente Parga a la cabeza, otorgó docenas de licencias para construir de forma dispersa en fincas agrarias como si fueran terrenos urbanos, a pesar de que carecían de los servicios legalmente necesarios como agua, saneamiento, electricidad o accesos.
El alcalde, para quien la Fiscalía pide cárcel por su actuación, argumentó que la normativa urbanística en vigor en el municipio le obligaba a hacerlo, sin que por su parte cambiase esa normativa o pidiera a la Xunta que la modificase. “¿Qué tenía de malo querer ser el Sanxenxo del norte?”, llegó a decir, en referencia a la villa turística del sur de Galicia.
En 2007, la Xunta gobernada entonces por PSdeG y BNG mandó finalmente parar e intervino el urbanismo municipal, en una decisión que hace dos años el Tribunal Supremo anuló por considerar mal tramitada, lo que hizo que Fuente Parga se reafirmara en su victimismo.
En 2013 el Ayuntamiento inició la tramitación ambiental de un plan de urbanismo con el que pretendía seguir levantando más viviendas, pero la Xunta del PP se lo criticó duramente por “contradictorio” y “confuso”, señalando que era injustificable “programar nuevos desarrollos residenciales” cuando entre las casas que ya había construidas y otras a medio hacer “pueden cubrir unas necesidades por encima de los 25.000 habitantes”.
La tramitación del plan se paró, según dice ahora su equipo redactor, formado por las empresas Dvega y Proyestegal, porque “el Ayuntamiento decidió esperar a la aprobación de la nueva ley del suelo” de Galicia, lo que ahora obliga a su vez a reiniciar también aquella tramitación ambiental frustrada de 2013.
Es en la nueva documentación ambiental sometida a exposición pública desde la pasada semana donde el equipo redactor del plan de urbanismo admite ahora que no hay cabida en Barreiros para más construcciones que las que permitan mejorar el caótico urbanismo del municipio y dotarlo de los espacios públicos que no ejecutaron los promotores privados en los años de la burbuja.
“No se plantea la necesidad de planificar nuevos crecimientos, ya que cuenta con un parque de viviendas, esencialmente de segunda residencia, que excede con mucho al número de habitantes, y la población empadronada tiene una tendencia ligeramente regresiva”, dice el documento.
En esta documentación ambiental del nuevo plan de urbanismo, los redactores hacen un análisis de cómo funcionó la burbuja inmobiliaria en el municipio. “Con las limitaciones que supone la opacidad de este tipo de operaciones de compraventa de suelo, la información que se obtuvo consultando a varios agentes inmobiliarios”, dicen, les permite establecer que el monte tenía un precio de un euro el metro cuadrado y el suelo de uso agropecuario de tres euros, mientras que el suelo urbanizable podía ascender a 100 euros y el urbano se disparaba hasta los 600 euros el metro cuadrado.
En muchos casos ese supuesto suelo urbano no cumplía con los criterios para ser clasificado como tal por su falta de servicios, pero lo conseguía gracias a unas “ordenanzas difusas pero con una alta edificabilidad”.
Puesto que “el mercado de los apartamentos, durante los años de actividad inmobiliaria intensa, llegó a absorber un valor de repercusión del suelo por apartamento (50 metros cuadrados) de más de 21.000 euros, los redactores del nuevo plan de urbanismo llegan a decir que ”la plusvalía generada exclusivamente por la clasificación como suelo urbano de parcelas dedicadas a cultivos, fue hasta del 20.000%“.
Esa cifra textual incluida en el documento parece un error, ya que supondría elevar a 20.000 euros el precio del metro cuadrado construido, cantidad que no se corresponde con el valor de venta de los apartamentos en el municipio. El arquitecto que firma el documento, sin embargo, no ha querido atender la llamada de este diario para aclarar esa cuestión.
Con independencia de ese posible error en el cálculo porcentual de la plusvalía, “estos datos permiten entender la aceptación generalizada de esta dinámica derivada de operaciones de venta de suelo, y las plusvalías generadas por la demanda de vivienda de segunda residencia”, dicen los redactores, lo que a su ver “contribuye a explicar el éxito del 'modelo urbanístico' generado”.
A pesar de esa aceptación popular de la burbuja, los técnicos limitan sus beneficiarios: “El impacto económico de este sector económico no tiene una incidencia estable, sino coyuntural, no crea puestos de trabajo estables ni incrementa el número de empadronados”, sentencian.
