La Xunta culpa a los colegios del gasto en libros de texto, que “no son obligatorios”
Cuando, al llegar el Gobierno, el gabinete del PP decidió eliminar el sistema de préstamo de libros de texto e instaurar en su lugar el modelo apodado como gratuidad solidaria, empleó múltiples argumentos para justificar el recorte. Uno de ellos resultó especialmente llamativo entre la comunidad educativa gallega; tanto el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señalaban que la compra de manuales permitía que el estudiantado, mediante la acumulación de libros de cada curso, fuese formando una especie de “biblioteca” en cada hogar. Cinco años después del tijeretazo, la Xunta apela desde hace meses a la “solidaridad” para crear bancos de libros que palíen su propio recorte. Ahora, además, culpa a los centros educativos del gasto que las familias tengan que afrontar para pagar estos libros.
Esta nueva culpabilización para colegios e institutos llega a través de una respuesta parlamentaria al diputado socialista Vicente Docasar, que se dirigió por escrito a Educación para reclamar “los datos referidos a las personas beneficiarias y las ayudas concedidas en cada una de las provincias gallegas desde la puesta en marcha del programa de gratuidad solidaria” y las “previsiones” de la Consellería “respecto a su implantación en soporte digital”. Como viene siendo costumbre, el departamento de Vázquez evita ofrecer también en esta ocasión todos los datos solicitados, pero sí aporta un nuevo reparto de responsabilidades.
“Respecto a los comentarios y críticas referidos al modelo de ayudas de gratuidad solidaria – comienza la respuesta –, recordamos que la Consellería ha manifestado en reiteradas ocasiones que el programa ha facilitado la adquisición de este material a las familias que más lo necesitaban por contar con menos recursos”. “En relación con el interés mostrado” por el PSdeG sobre las cifras concretas, Educación “se remite” a varios debates sobre el tema en el Parlamento y, acto seguido, considera que “hay que señalar que la Administración educativa no fija ni elige los libros de texto a emplear, ni en el formato impreso ni en el digital”.
En esta línea, Educación va un poco más allá para proclamar que “el uso de este material no es obligatorio” y, “además, quien decide si hay libros de texto o no es cada centro educativo”. Así, además de sugerir que el alumnado o sus familias podrían decidir no adquirir los libros, la Consellería desplaza la responsabilidad a “cada equipo docente”, en el caso de Educación Primaria, y a “cada departamento”, para los niveles de Educación Secundaria Obligatoria.
Frente a la ausencia de datos o cifras en la primera parte de la respuesta, Educación sí se detiene en los números en lo que se refiere a la “plataforma de contenidos curriculares educativos digitales”, que se “implantará en el curso 2014/2015 en 84 centros educativos”. Esta plataforma, según la Consellería, “permitirá avanzar hacia una educación totalmente digital” y “se estima que la iniciativa llegará a 3.500 alumnos y alumnas” y “el objetivo es que llegue a 22.500” en el año 2017.
Recorte en la cobertura de las ayudas
La respuesta de la Consellería al PSdeG finaliza indicando que “el nivel de cobertura que consigue el actual sistema de ayudas para la adquisición de libros de texto es significativo y está entre los más altos del Estado, garantizando en todo caso la protección de las familias con niveles de renta más bajos”, logrando “obtener el máximo rendimiento educativo al coste más excelente posible”. Frente a esta afirmación, los datos presupuestarios de la propia Xunta evidencian que las ayudas parciales salen ya más caras para el erario que el anterior modelo de préstamo y, además benefician a menos alumnado.
Además, como ya relató este diario, el documento presupuestario del Gobierno gallego para 2014 incluía una previsión según la cual los estudiantes com derecho a recibir ayudas serían casi 30.000 menos que en el curso anterior. Así las cosas, los alumnos y alumnas excluidos de la denominada gratuidad solidaria se acercan ya a los 90.000.
