La Xunta mantiene la opacidad sobre el número de rastreadores pese a la adjudicación del primer gran contrato desde que empezó la pandemia

Ha pasado un mes desde que la Xunta adjudicó el primer contrato estable para el servicio de rastreo de contagios de la COVID-19 desde que empezó la pandemia. Pero en todo este tiempo todavía no ha hecho pública la información sobre cuántos trabajadores lo compondrán. La cifra nunca ha estado clara a lo largo del último año y medio y el proceso abierto tampoco arroja luz. El pliego de condiciones a cumplir por las empresas aspirantes a dar el servicio simplemente indica que el número debe ser “el suficiente” para hacer frente a las necesidades. Sindicatos y empleados actuales temen que ese oscurantismo del gobierno de Alberto Núñez Feijóo esté enmascarando una reducción drástica de empleos.

La Xunta ha elegido mediante concurso público a la adjudicataria para encargarse del servicio de una forma más estable. El contrato, para el que el Gobierno gallego reserva casi 14 millones de euros, será por un año, prorrogable doce meses más. Hasta ahora, la forma de contratación de rastreadores había sido mediante la vía de emergencia. La empresa Universal Support fue la única beneficiaria. El proceso para este primer gran encargo, sin embargo, se resolvió con otro nombre, el de Extel Contact Center. La compañía presentó una oferta considerada peor a nivel técnico por la propia mesa de contratación, pero significativamente más barata que la de su competidora. Ante la resolución desfavorable del concurso, Universal Support, que todavía presta el servicio de rastreo, ha impugnado el proceso. Ahora, la decisión final queda en manos del Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, que se pronunciará al respecto en las próximas semanas.

“A pesar de que los representantes sindicales de Universal Support han pedido que se les facilite la fecha y las condiciones del traspaso del servicio, la empresa no ha querido facilitar ni esa información ni la relativa al personal afectado”, denuncia Iván Cordeiro, responsable da Agrupación de Servizos Técnicos de CC.OO. Por su parte, Extel tampoco ha respondido a las preguntas de este periódico sobre cuándo se hará cargo del servicio y con qué plantilla.

“Según la información de que disponemos, en el servicio de rastreadores hay trabajando unas 650 personas. Sin embargo, con el cambio de adjudicación se pretende comenzar la campaña en el mes de septiembre con unas 250 personas, estando en riesgo unos 400 puestos de trabajo. Todo esto, en una situación actual donde el volumen de casos de COVID es inestable”, añade Cordeiro. El sindicato ha pedido una reunión urgente con la Xunta para que “facilite información sobre el proceso y garantice la estabilidad de los puestos de trabajo”

Según CC.OO., de esas 650 personas que actualmente estarían prestando servicio desde Universal Support, alrededor de 50 lo hacen desde fuera de Galicia. “Tenemos informaciones contradictorias provenientes de las dos empresas. Desde Universal Support dicen que la transición no se ejecutará hasta octubre, pero trabajadores de Extel Contact Center afirman que el cambio se producirá a principios de septiembre”, expone el responsable da Agrupación de Servizos Técnicos de CC.OO. Esa incógnita no ha sido despejada tampoco por la Xunta de Galicia, que se limita a señalar que, una vez resuelto el recurso contra la adjudicación, la empresa que finalmente se vaya a encargar tendrá un máximo de 45 días desde que se firme el contrato para poner en marcha el servicio.

Las preguntas sobre el número e incluso las labores de los rastreadores desde que empezó la pandemia en Galicia fueron recibidas con evasivas y explicaciones poco claras. De los 20 profesionales que la Xunta dijo que tenía trabajando en estas tareas en un inicio, pasó, en el verano de 2020, a incluir a personal médico que no se dedicaba a este trabajo, con lo que elevó la cifra a 6.000. Ya en otoño, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, dio en el Parlamento la cifra de 700 y dijo que habría que sumar al personal sanitario que hacía seguimiento. El mismo día su conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se negó a concretar el dato alegando que no se era una categoría profesional y que la cantidad era variable.

Ahora, con el primer contrato estable, tampoco hay un número cerrado o una horquilla en función del número de casos o la tendencia de la pandemia. Fuentes de la Consellería de Sanidade han confirmado a este periódico que el Gobierno gallego no reclama una cifra concreta de rastreadores que deben estar dedicados a las necesidades del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Insisten en que debe ser “en todo momento el suficiente y adecuado” para atender al volumen de actividad, pero consideran “imposible” saber ahora el número de personas que serán necesarias cuando entre en vigor el contrato.