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Unas 50 entidades y organizaciones se han adherido al manifiesto impulsado por la plataforma Mallorca per viure, no per especular, en contra de la nueva ley de obtención de suelo aprobada por el PP y Vox, a la que acusan de tener un “carácter especulador y destructor del territorio”.
Representantes de estas entidades estarán presentes este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Palma, donde exigirán al equipo de gobierno municipal que no aplique la normativa en la ciudad. Según denuncian, su aplicación supondría un crecimiento de la edificabilidad que, en algunos barrios, podría superar el 200% a medio plazo.
La acción de protesta arrancará a las 09.30 horas con el despliegue de una pancarta y la lectura del manifiesto, en el que se califica la norma como una “ley antipopular” que se enfrenta a una “oposición masiva en los barrios y pueblos de Palma, así como en toda Mallorca”.
Desde la plataforma han lamentado que esta legislación “da la espalda a cualquier estudio de carga ambiental o de necesidades en infraestructuras viarias, educativas o sanitarias”. A su juicio, aunque se presente como una respuesta a la crisis de la vivienda, en realidad “solo es una cortina de humo para dar manga ancha al negocio inmobiliario” y está “hecha a medida de los intereses de promotores y constructores”.
Además, han acusado a algunos responsables políticos de tener intereses privados en el sector inmobiliario, como la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.
Entre las entidades firmantes del manifiesto figuran numerosas asociaciones vecinales de barrios de Palma —como La Femu, Son Cladera, Son Sardina, Establiments, La Soledat o Canamunt— así como organizaciones ecologistas, sociales y sindicales como el GOB, Menys Turisme, Més Vida, el Sindicat d’Habitatge de Palma, SOS Residents, CGT Balears o Ciutadans per Palestina, entre otras.