Uno de los clubes náuticos investigados por corrupción en Balears: “Tenemos todo el apoyo del presidente Bauzá”

El Club Náutico de Ibiza (CNI), presuntamente favorecido con contratos amañados desde la Autoridad Portuaria de Balears –organismo dependiente del Govern–, habría obtenido en 2014 el respaldo del que fuera presidente del Ejecutivo autonómico, José Ramón Bauzá –entonces en las filas del PP y en la actualidad eurodiputado por Ciudadanos–, para continuar explotando la dársena que la entidad lleva ocupando desde junio de 1927 en el puerto de Ibiza y cuya concesión administrativa había vencido en 2010.

Así se desprende del sumario del caso Puertos, una de cuyas piezas separadas investiga las supuestas irregularidades que rodearon a las adjudicaciones otorgadas a la empresa ibicenca para que fuera ésta y no otra la que siguiera ocupando el dominio público portuario, de 31.545 metros cuadrados. Entre la numerosa documentación que integra la causa figura el acta de una reunión mantenida en la sede del CNI en la que su presidente, Juan Marí, da a conocer a los presentes que cuenta con “todo el apoyo” de Bauzá y que el entonces presidente de Puertos de Balears, Albert Pons, había manifestado “una vez más su total apoyo y el gran interés” en autorizar la prórroga de la licencia a favor del club. 

En declaraciones a elDiario.es, Bauzá niega cualquier tipo de ilicitud en este sentido. “A todo el mundo que quiere presentar un proyecto que mejore la sociedad le das todo el apoyo formal. No es ninguna cosa que no sea puramente dar ese apoyo, por supuesto que sí, a todo lo que signifique mejorar cualquier cosa para la sociedad, para el entorno, para cualquier proyecto económico, sea la entidad que sea”.

“Cuando eres presidente te vienen miles de personas a decirte 'voy a hacer esto' y en momentos de crisis lo que debes hacer es precisamente apoyar a los valientes que quieren hacer algo”, subraya el europarlamentario. El expresidente niega así que su respaldo al Club Náutico supusiera una interacción en el proceso puesto que “todo está perfectamente tasado y todo tiene un procedimiento administrativo”. Bauzá recuerda que bajo su mandato no tuvo ninguna relación con este asunto, cuyas investigaciones se retrotraen a 2015, año en que dejó de ser máximo mandatario de Balears. “No tuvimos nada que ver ni tocamos nada. No hubo ninguna intercesión, ningún contacto con nadie, ninguna acción. Todo fue posterior”, recalca. 

La magistrada encargada de instruir las pesquisas levantó recientemente el secreto sumarial que pesaba sobre este fleco de la macrocausa que hace dos años, con la detención del expresidente de la APB Joan Gual de Torrella y de otros cuatro directivos del organismo, volvió a sacudir los puertos de las islas. Un procedimiento judicial que, de nuevo, pone bajo sospecha la gestión llevada a cabo por la cúpula de la Autoridad Portuaria, encargada del control de las prestaciones y servicios de las distintas instalaciones portuarias de Balears. Las concesiones de amarres presuntamente irregulares y los contratos de dudosa legalidad saltaron una vez más a la palestra en un sector en el que los atraques siempre han constituido un pastel goloso en el archipiélago.

Maniobras para una prórroga

En el caso de Ibiza, el sumario relata los sucesivos intentos del Club Náutico por blindarse en la dársena del puerto. Para ello, ya un año antes de que, en 2010, venciese el plazo de ocupación, la entidad inició presuntamente numerosos contactos con los entonces responsables de la APB en aras a dilucidar la posibilidad de obtener una prórroga de la autorización. Durante ese periodo, el CNI obtuvo varias declaraciones de reconocimiento de su interés por parte de diversas autoridades públicas para poder acogerse a la Ley entonces vigente de Régimen Económico y Prestación de Servicios en los Puertos de interés General alegando su condición de entidad con interés estratégico y relevante.

Sin embargo, las pretensiones del CNI chocaron con la oposición tanto de la Abogacía del Estado como, a nivel externo, del catedrático de Derecho Administrativo Francisco Javier Jiménez Cisneros, quienes emitieron sendos informes en los que concluían que el club no reunía los requisitos previstos en la normativa para ser considerado de interés, motivo por el cual no tenía derecho a una ampliación de la concesión.

Aun así, el Club persistió en su objetivo. Tras presentar ante la APB la solicitud de prórroga, en noviembre de 2010, ya finalizada la concesión, se le otorgó una primera Autorización de obras de conservación y mantenimiento (AOT) a la que siguió una concatenación de sucesivos permisos anuales para, más adelante, serle autorizada la ocupación temporal en las instalaciones por un plazo máximo de tres años. Una circunstancia que coincidió con la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado, que introdujo una novedad: permitía acceder a un periodo de ocupación más largo que el de la prórroga (50 años como máximo al tratarse de una nueva concesión) pero minimizando el riesgo de concurrencia de terceros que implicaba la publicación de un concurso.

El presidente del CNI, presuntamente concertado con Albert Pons y el entonces director de la APB, Juan Carlos Plaza, se aferró con ahínco –y con éxito– a esa posibilidad: el 20 de mayo de 2015, el Boletín Oficial del Estado (BOE) informaba del inicio del trámite de competencia de proyectos –como se denominaba el nuevo procedimiento para el otorgamiento de concesiones demaniales– para el desarrollo del proyecto de reforma de la dársena deportiva del Club Náutico de Ibiza. El anuncio especificaba que, en caso de que hubiese varias solicitudes –como así sucedió–, se seleccionaría aquella que tuviera un mayor interés portuario. A partir de ese momento, la jueza del caso Puertos narra una mecánica supuestamente delictiva que se repite en los distintos expedientes iniciados por la APB que en la actualidad están siendo investigados.

Respaldo imprescindible y concertado

En este contexto, la magistrada apunta a un concierto previo por parte de la cúpula de la Autoridad Portuaria de Balears, encabezada por su expresidente Joan Gual de Torrella y Juan Carlos Plaza, con el “respaldo imprescindible y concertado” de la asesora jurídica del consejo de administración de la APB y abogada del Estado, Dolores Ripoll, así como de los propios responsables del CNI, con el objetivo de inclinar la balanza de la adjudicación a favor de esta entidad. “Los investigados adoptaron todas las medidas a su alcance para desviar la legal y objetiva valoración de los proyectos concurrentes fraudulentamente a favor del CNI hasta proponer la adjudicación al mismo, que fue aprobada el 19 de julio de 2017”, subraya.

Entre otras prácticas, las investigaciones apuntan a que Gual de Torrella, Plaza y Ripoll dieron presuntamente la orden de confeccionar unos criterios de valoración posteriores a la presentación de los proyectos con el ánimo de garantizar la concesión a favor del CNI. Las nuevas cláusulas incluían, como elemento de peso determinante, el arraigo, requisito que sólo podía cumplir el club ibicenco, que llevaba 40 años explotando la dársena. “Los investigados conocían qué aspectos podían beneficiar al CNI sin necesidad de abrir los proyectos presentados”, sostiene la jueza, que investiga si estos criterios constituyeron un mero traje a medida del CNI para dar apariencia de legalidad a una adjudicación decidida de antemano. Las pesquisas también ponen el foco en la participación que Puertos del Estado pudo tener en la confección de los pliegos.

Informe favorable bajo sospecha

Una vez aprobados los criterios, se formó una comisión técnica que, tras valorar las tres solicitudes en aplicación de las condiciones aprobadas, emitió un informe favorable a la aprobación del proyecto del CNI como el de mayor interés portuario. El 19 de julio de 2017, el Consejo de Administración daba luz verde a la concesión a favor de la entidad pitiusa. La causa indaga así el modo en que se confeccionó el informe y si todos los miembros de la comisión, además del director, conocían la existencia de un concierto previo para adjudicar al CNI y la necesidad de ajustar el informe a tal finalidad.

Además del procedimiento administrativo seguido, las investigaciones buscan, incluso, averiguar si Gual de Torrella llegó a ofrecer dádivas y favores a una de las entidades competidoras a cambio de apartarse o dejar de impugnar a nivel judicial todas las decisiones de la APB en favor del Club Náutico con el objetivo de garantizar la permanencia de éste en el dominio público que ocupaba. La empresa, según las pesquisas, llegó a aceptar una contraprestación económica a cambio de no entorpecer las adjudicaciones a favor del Club.

Otro de los puntos que planean sobre las investigaciones es la renuncia como consejero de la APB del abogado del Estado Enrique Braquehais en junio de 2018 a raíz de sus discrepancias con cómo se estaba tramitando el procedimiento. Un mes después, otro de los representantes de la Administración estatal, Javier Gesé, anunciaba su cese tras, presuntamente, recibir de uno de los responsables de Puertos del Estado la instrucción de votar a favor de la adjudicación al Club Náutico de Ibiza. 

El Náutico defiende su actuación

Hasta el momento, el procedimiento ha sido objeto de varios procesos judiciales. En uno de los escritos incluidos en la causa, el presidente del CNI alega que esta circunstancia ha dado lugar a que hasta la fecha no se haya otorgado un título concesional que permita gestionar de manera estable el servicio de puestos de amarre y las actividades náutico–deportivas del club. “Esta entidad ha sido víctima de dicha judicialización del procedimiento seguido y cómo siempre ha actuado como coadyuvante de la Autoridad Portuaria de Balears”, lamenta Marí en el documento.

El responsable de la entidad ibicenca asevera que esto ha provocado que la APB haya otorgado al club títulos de ocupación temporal sucesivos a fin de posibilitar la continuidad en la gestión del servicio y evitando perjuicios a los usuarios y titulares de puestos de amarre, una fórmula para la que, asevera, el Texto Refundido de la Ley de Puertos no fija la obligación de convocar concursos. Por su parte, varios técnicos han declarado durante esta semana ante la jueza instructora de la causa y, en su comparecencia, los testigos han asegurado no haber recibido presiones políticas dirigidas a decantar sus pronunciamientos en favor del Club Náutico de Ibiza.