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Tras lograr que el PP asuma la agenda ultra de Vox a cambio de respaldar los presupuestos de 2025 en Balears, la formación de extrema derecha ha redoblado su pulso con los conservadores. Los de Santiago Abascal buscan colar lo antes posible la supresión del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública -una medida que ya está siendo aplicada a través de un decreto específico, pero no mediante ley- y la legalización de campos de polo vía enmiendas a una normativa que nada tiene que ver con estas materias: la que regulará las explotaciones ganaderas intensivas de aves de corral, cuya validación será abordada en el pleno parlamentario del próximo martes. Mucho antes, por tanto, de que las cuentas autonómicas sean debatidas -y previsiblemente aprobadas- el próximo mes de julio.
Vox quiere aprovechar así el debate de la más conocida como 'ley de macrogranjas' -que prevé prohibir las explotaciones avícolas de más de 160.000 gallinas- para introducir en la misma una batería de enmiendas, consultadas por elDiario.es, dirigidas a modificar otras normativas e incorporar en ellas sus propuestas. Y todo ello en medio de la tramitación de los presupuestos de este año, cuyo borrador aún está siendo presentando por los distintos consellers en comisión parlamentaria.
Mediante esta maniobra, los de Abascal recuperan varias de las enmiendas que el PP, en una situación inédita en la historia democrática balear, validó por error el pasado mes de diciembre, en aquella ocasión a la Ley autonómica de simplificación administrativa, con las que Vox pretendía retrotraer la legislación balear a décadas anteriores en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana en las islas.
A raíz de ese fallo, que los populares calificaron de “humano”, el Ejecutivo de Marga Prohens se vio abocado a aprobar de urgencia un decreto para suprimir las correcciones incorporadas por equivocación. Para ello, el PP tuvo que recabar el apoyo de los grupos de izquierdas, con los quienes, a cambio, se comprometió a no derogar la ley balear de memoria democrática. Un pacto que los conservadores echarán por tierra dado que la supresión de esta norma era uno de los condicionantes que impuso Vox a cambio de ofrecer su respaldo a los presupuestos de 2025.
En concreto, una de las enmiendas planteadas por el partido ultraconservador a la 'ley de macrogranjas' pasa por modificar una de las disposiciones transitorias de la ley de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública, aprobada en 2016 por el anterior Govern de Francina Armengol. Vox propone que esta normativa establezca que “el conocimiento de la lengua catalana no será, con carácter general, un requisito para acceder a la condición de personal estatutario sanitario del Servicio de Salud de las Illes Balears y de los entes adscritos a este servicio”. Asimismo, los de Abascal instan a fijar que el conocimiento de la lengua de las islas “tampoco será un requisito exigible para ocupar plazas o puestos de trabajo como personal laboral en los entes instrumentales adscritos al Servicio de Salud, cuyo requisito de acceso sea una titulación de la rama sanitaria”.
Sí mantienen, en cambio, que el conocimiento de la lengua catalana sea un requisito para acceder a determinados niveles estatutarios de gestión y servicios, y proponen que las normas de creación de categorías profesionales de este personal podrán establecer como requisito de acceso y ocupación un nivel de conocimientos de lengua catalana superior a los establecidos con carácter general en ese mismo apartado “cuando las características especiales de sus funciones así lo demanden”.
Por otro lado, los de Bambú proponen modificar la ley agraria impulsada bajo la primera legislatura de Armengol con el objetivo de que las actividades ecuestres vuelvan a tener la consideración de actividad complementaria de las explotaciones agrarias. Un marco que daría vía libre, al igual que ya sucedió bajo la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015), a la actividad de los campos de polo, que, como pudo comprobar elDiario.es, continúa practicándose de forma clandestina en instalaciones construidas en suelo rústico.
Regulación del polo en Balears: el furor de los extranjeros ricos
No en vano, el polo comenzó a causar furor en Balears –principalmente entre los extranjeros de mayor poder adquisitivo– a partir de la aprobación, en 2014, de la ley agraria balear de Bauzá, que declaraba el sector equino una prioridad estratégica de la política agraria de las islas. La normativa atribuía al polo el carácter de actividad complementaria de la explotación agraria, al igual que lo hacía en el caso de actividades ecuestres como el hospedaje y el pupilaje ecuestre; la creación, la utilización y la explotación de rutas y senderos ecuestres; el uso de équidos en utilidades medioambientales y terapéuticas, la equitación y otras modalidades y deportes hípicos como el trote, la doma y el salto. Además, exoneraba estas actividades de la declaración de interés general “por su vinculación con el destino o con la naturaleza de las fincas”.
Dos años antes, el Ejecutivo del PP, de la mano de su entonces conseller Carlos Delgado, había impulsado una ley de turismo que daba vía libre a la construcción de establecimientos e infraestructuras “en cualquier clase de suelo rústico con independencia de su grado de protección, sin que sea necesaria la declaración de interés general”. Se daba así la combinación perfecta para que los promotores del polo pudieran actuar a sus anchas.
Ya bajo la batuta del exconseller de Agricultura y posterior presidente del PP balear Biel Company, el Govern posibilitó la proyección de campos de polo cuya construcción motivó severas críticas por parte de los grupos ecologistas, entre otros motivos por su ubicación y por la cantidad de agua que se requiere para la realización de este tipo de competiciones. Entre aquellas entidades, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) presentó alegaciones de inmediato al afirmar que la normativa, so pretexto de fomentar la actividad agraria, favorecía en realidad los intereses de los grandes propietarios y terratenientes al promover la desregulación del suelo rústico, la especulación, la sustitución de la actividad agraria y las inversiones inmobiliarias.
En 2016, ya con la socialista Armengol como presidenta, el Ejecutivo modificó parte del articulado de la Ley Agraria, suprimiendo el precepto que las excluía de las declaraciones de interés general. La actividad ecuestre dejaba de estar regida por esta normativa y la práctica del polo dejaba de tener carácter de actividad complementaria. Algo que podría cambiar si, finalmente, el PP apoya el próximo martes las enmiendas de Vox a una ley, la de 'macrogranjas', que aspiraba a ser técnica y poco conflictiva. La cuestión de fondo es hasta dónde está dispuesto a ceder el partido de Prohens para mantener la estabilidad de la legislatura.