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En medio de la grave crisis que atraviesa la vivienda en Balears -la Comunidad Autónoma con el precio más elevado por metro cuadrado-, el Servicio de Inspección de Vivienda del Govern y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional han detectado la existencia de 11 infraviviendas en un asentamiento chabolista en el municipio mallorquín de Manacor. El propietario de las mismas había levantado los habitáculos para ponerlos en alquiler sin los suministros básicos y sin las condiciones necesarias de salubridad, hechos por los que podría enfrentarse a sanciones de hasta un millón de euros.
En una inspección llevada a cabo de forma conjunta, inspectores y agentes descubrieron que la construcción chabolista apenas contaba con dos baños y dos cocinas, todos ellos comunes. El recinto presentaba unas condiciones precarias tanto de higiene, a raíz de la acumulación de restos de basura y residuos orgánicos, como de seguridad debido al deterioro de los techos y la escasa estabilidad de las estructuras. La instalación eléctrica deficitaria, además, suponía en riesgo de peligro para las personas que residen en el lugar.
De acuerdo con la información recabada por los investigadores, las 11 infraviviendas son propiedad de un mismo dueño, quien se aprovechaba de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres, tratándose muchas de ellas de personas con bajos recursos o en situación irregular en el país.
El Govern, a través de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley balear de vivienda, la creación de infraviviendas está tipificada como una infracción muy grave que se sanciona con multas de entre 30.001 y 90.000 euros. Tal como señala la Conselleria, cada infravivienda constituida se sanciona separadamente, por lo que el propietario se enfrentaría a sanciones que podrían rozar el millón de euros.
El caso se suma a otros similares como el de decenas de personas que malviven en trasteros y habitáculos sin ventanas ni ventilación en la calle Joan Miró, en Palma. Todas ellas pagan entre 300 y 750 euros en mano al policía local que los alquila de forma fraudulenta, y que el año pasado fue detenido por arrendar ilegalmente estas infraviviendas sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.
En las islas, la grave situación de la vivienda en Balears, atravesada desde hace años por la especulación -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización, está abocando a numerosas personas al hacinamiento en este tipo de infraviviendas y en caravanas, fenómenos agravados, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores extranjeros -principalmente alemanes, británicos y franceses con gran solvencia financiera- que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residentes.