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El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha desestimado que el 25 % de la enseñanza sea impartida en castellano en los centros educativos públicos de las islas, tras desestimar un recurso interpuesto por la entidad Plis Educación contra la modificación de los proyectos lingüísticos de tres colegios de Mallorca.
La sentencia, fechada el pasado lunes, rechaza así la implantación de una cuota mínima de castellano en horario lectivo y condena en costas al recurrente. El tribunal ya se pronunció el año pasado sobre la constitucionalidad del modelo lingüístico balear, avalado por la Ley de Educación de 2022.
La Obra Cultural Balear (OCB), que se personó en el procedimiento junto con la abogacía de la Comunidad Autónoma, ha celebrado el fallo como “una victoria” frente a los intentos de “imponer” el castellano y “erosionar” un modelo educativo “consolidado y consensuado en las últimas décadas”.
Su presidente, Antoni Llabrés, ha considerado que la resolución se suma “al fracaso del plan de segregación lingüística” y al respaldo de las familias al catalán como lengua de primer aprendizaje, destacando el consenso de la comunidad educativa para resistir los “ataques” al sistema.
La causa fue abierta a raíz del recuso presentado por un padre que solicitaba al Govern que su hijo recibiera al menos el 25 % de las asignaturas en castellano. El Ejecutivo autonómico desestimó su solicitud y se opuso a la demanda. La Conselleria de Educación y Universidades, a través de la abogacía autonómica, justificó su posición en que “la normativa de las Illes Balears no es como la de Catalunya”, tal como manifestaron fuentes de este departamento a elDiario.es.
“En nuestra comunidad, la normativa lingüística permite a los padres elegir la primera lengua de enseñanza”, recalcaban. Desde su aprobación en 1997, el Decreto balear de Mínimos garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza.
Por su parte, la Ley de Normalización Lingüística, norma fundamental que regula el estatus del catalán en la Comunidad Autónoma, fue aprobada en 1986 tras décadas de marginación de la lengua propia de las islas -como así la reconoce el Estatut d'Autonomia- y establece que las instituciones deben asegurar su conocimiento y uso progresivo en el ámbito de la enseñanza.