Muere un hombre tras ser reducido por la Policía con una pistola Taser en Palma

Un hombre ha fallecido en la madrugada de este jueves en Palma después de que un agente de la Policía Nacional utilizara una pistola Taser para reducirlo en el interior de su domicilio. Aunque el empleo de este tipo de dispositivos de inmovilización eléctrica se encuentra sujeta a estrictos protocolos internos que delimitan los supuestos en los que puede emplearse -generalmente ante situaciones de grave riesgo para la integridad de personas o de los propios agentes-, su uso continúa generando debate.

Los hechos han tenido lugar sobre las 04.15 horas, después de que el servicio de emergencias recibiera una llamada que alertaba de que un hombre se encontraba muy alterado en su vivienda, gritando y causando destrozos. Ante tal situación, sus hijos se refugiaron en casa de un vecino, según señala el propio cuerpo policial en un comunicado.

A la llegada de los efectivos, el hombre continuaba en estado de gran agitación y, según la versión policial, no obedecía las indicaciones. Ante tales circunstancias, uno de los policías hizo uso de un dispositivo de descarga eléctrica para inmovilizarlo.

Tras la intervención, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria. Los propios agentes iniciaron maniobras de reanimación mientras solicitaban asistencia sanitaria urgente. Posteriormente, los efectivos médicos desplazados al lugar continuaron con los intentos de reanimación, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y se ha desplazado hasta el domicilio junto con agentes de Policía Científica para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Marco operativo

En España, el uso de los dispositivos de inmovilización eléctrica -conocidos popularmente como Taser- está regulado como un medio coercitivo de carácter excepcional dentro del marco general que establece la Ley Orgánica 2/1986, que obliga a los agentes a actuar conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. En una respuesta parlamentaria, el Ministerio del Interior señaló el pasado mes de octubre que la Policía Nacional cuenta con 1.600 de estos dispositivos plenamente operativos, mientras que la Guardia Civil dispone de 400.

En diciembre de 2021, el fallecimiento de un hombre en Badalona (Barcelona) tras una intervención de los Mossos d'Esquadra -cuerpo que utiliza pistolas táser desde 2018- reabrió el debate sobre el uso de estos dispositivos y sus protocolos de activación en situaciones de riesgo. El caso generó controversia política y social y fue objeto de investigación para esclarecer las circunstancias de la actuación policial.

Meses después, el 7 de julio de 2022, la Secretaría de Estado de Seguridad dictó una resolución interna que establece las instrucciones para la utilización del dispositivo de inmovilización eléctrica por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El texto fija el marco operativo para su empleo, delimitando los supuestos en los que puede activarse, los requisitos de formación previa de los agentes, la obligación de advertencia cuando sea posible y la aplicación de los principios de proporcionalidad, congruencia y mínima lesividad. Asimismo, regula el registro documental de cada intervención y la conservación de las grabaciones asociadas al dispositivo.

Un medio basado en el uso gradual de la fuerza

Según señaló el Ministerio del Interior con motivo de la adquisición en 2022, por parte del Instituto Armado, de las primeras 150 pistolas de efectos eléctricos incapacitantes, éstas constituyen un medio basado en el uso gradual de la fuerza. El objetivo final del sistema es, según el departamento, “mejorar de manera constante la operatividad de los guardias civiles, garantizando la seguridad en sus intervenciones”.

Además, cada uso debe quedar documentado y justificado, para lo cual los dispositivos incorporan sistemas de grabación que permiten documentar gráficamente las intervenciones en las que se utilicen, garantizando, según las instrucciones de Interior, la trazabilidad y la seguridad jurídica de las actuaciones. Los agentes que los portan deben haber recibido formación específica y la activación del arma eléctrica está sometida a control jerárquico y posterior revisión.

La normativa interna también establece limitaciones respecto a colectivos vulnerables y circunstancias médicas conocidas, así como la obligación de asistencia sanitaria inmediata si la persona afectada presenta cualquier complicación tras la descarga.