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El primer muerto tras el disparo de una Taser de los Mossos reabre el debate sobre su uso

Un agente de los Mossos d'Esquadra con una pistola Taser durante una sesión de formación.

La implantación de las pistolas eléctricas en los Mossos d'Esquadra había dejado muestras de la contundencia de este tipo de armas y del dolor que siente la persona que recibe su impacto. Pero hasta el pasado sábado nadie había muerto tras recibir una descarga eléctrica. Las circunstancias del caso del hombre de Badalona (Barcelona) fallecido, que ya investiga una jueza, han reabierto el debate sobre el uso de estos dispositivos, conocidos por el nombre de Taser, uno de sus fabricantes. La Policía autonómica las usa desde 2018.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes. Una familia llamó a los Mossos porque el hombre los tenía encerrados en casa y les amenazaba con dos cuchillos. Al no poder entrar por la puerta, los agentes accedieron al piso a través de la vivienda vecina. Al apreciar una "situación de riesgo", los agentes emplearon su pistola eléctrica para reducir al hombre de 38 años, explica una portavoz de la Policía catalana, sin precisar cuántas descargas se produjeron.

Los Mossos descartan establecer una causa-efecto entre el disparo de la Taser y la muerte del hombre porque, en primer lugar, está pendiente la autopsia completa del fallecido, algo que podría tardar varios días. Pero además, tras la descarga, el hombre seguía consciente y fue detenido y trasladado al hospital, que fue donde murió unas horas después. El fallecido, que ya había tenido que ser reducido por la Policía en anteriores ocasiones, tenía problemas de drogadicción y se encontraba alterado cuando los agentes lo inmovilizaron.

Es precisamente en estos casos tan complejos de actuación policial donde el reglamento de la policía catalana sobre el uso de las Taser choca con la recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos. El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa pide evitar el empleo de pistolas eléctricas en personas intoxicadas por el alcohol u otras drogas así como contra enfermos mentales, ya que pueden no entender los avisos previos al uso de este tipo de armamento.

En cambio, el reglamento de la Policía autonómica solo veta el uso de las Taser en las mujeres embarazadas y los niños "siempre que estas condiciones sean perceptibles para los agentes", las personas de edad avanzada o en las cárceles y ante problemas de orden público. Sí se permiten para contener a las personas "en circunstancias de riesgo elevado", que según los protocolos son las que ponen en peligro la vida de terceras personas, los propios agentes o los intentos de suicidio o autolesión.

El debate sobre los supuestos en que poder utilizar estas armas paralizantes que pueden emplearse en contacto directo sobre el cuerpo o mediante el lanzamiento a una distancia de 6-7 metros de dos dardos centró en buena medida los trabajos del Parlament antes de su implantación hace tres años.

Grupos de izquierdas, el Síndic de Greuges y organizaciones de derechos humanos como el centro Irídia o Amnistía Internacional (AI) reclamaron sin éxito que sus usos fueran mucho más restringidos que los que finalmente acabaron acordando Junts pel Sí –coalición formada por Convergència y ERC– y el PP. El motivo: la imposibilidad del agente para saber a simple vista, por ejemplo, si la persona que recibe el disparo tiene una cardiopatía, un supuesto que, junto al consumo de alcohol y drogas o los problemas psiquiátricos, puede comportar graves consecuencias cuando se recibe la descarga de 50.000 voltios de bajo amperaje.

El codirector del centro Irídia, Andrés García Berrio, pide prudencia ante el caso de Badalona y señala que dos de las cuestiones clave a determinar serán cuántas descargas eléctricas hubo y si el hombre fallecido estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Recuerda además que, tras el caso de la mujer que recibió hasta cinco disparos de Taser en Sabadell (Barcelona), Irídia, AI y el Síndic pidieron poner un límite al número de descargas, algo a lo que Interior y los Mossos se han negado, denuncia García Berrio. Sí está fijado el límite de cinco segundos por descarga.

En declaraciones a TV3, el director general de la Policía catalana, Pere Ferrer, ha destacado que toda la actuación se realizó "conforme el protocolo": como el hombre pudo ser reducido sin que perdiera el conocimiento, no fueron necesarios los desfibriladores que acompañan cualquier intervención con este tipo de armas. La ambulancia del Servicio de Emergències Mèdiques (SEM) lo trasladó de inmediato al hospital, donde murió horas después de una parada cardiorrespiratoria.

La investigación judicial del caso se encuentra en un estadio muy inicial. Según fuentes judiciales, la magistrada abrió las diligencias el pasado domingo cuando se le comunicó desde el hospital el fallecimiento del hombre y, tras recibir un primer atestado de los Mossos, ha pedido varios informes al cuerpo policial a la espera de recibir el informe completo de la autopsia.

Desde el ámbito político, la CUP ha exigido de nuevo este jueves que se retire este tipo de armamento, mientras el diputado de los 'comuns' Marc Parés ha reclamado revisar su protocolo, además de afear a Interior no haberlo adecuado a los estándares humanos de derechos internacionales, tal y como pidió el Parlament en 2019.

El uso de las Taser, pensadas para las reducciones de personas gracias al colapso momentáneo del sistema neuromuscular central, suma un nuevo frente a la comisión parlamentaria que en los próximos meses revisará el modelo policial catalán. Ferrer no ha podido precisar cuántas intervenciones con estas pistolas ha realizado la Policía catalana desde su implantación en 2018, si bien ha dicho que su uso "no es diario". Los Mossos no han contestado a la pregunta de elDiario.es sobre cuántas Taser tiene el cuerpo a día de hoy.

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