El Gobierno israelí va a prohibir la actividad de casi 40 ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que esas organizaciones no cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades hebreas, que habían pedido a las ONG internacionales facilitar la información personal de todos sus empleados en la Franja, en un nuevo intento de presionar y limitar su labor esencial después de más de dos años de genocidio.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora ha anunciado este martes en un comunicado citado por medios israelíes que 37 organizaciones ya no podrán operar en Gaza ni en Cisjordania a partir de enero de 2026, después de que no entregaran información detallada sobre sus trabajadores, su financiación y sus operaciones en la Franja. Según la agencia Associated Press, un 15% de las ONG que actualmente trabajan en Gaza no van a poder seguir haciéndolo, ya que sus permisos no van a ser renovados a partir del 1 de enero.
Según el Ministerio, “las revisiones de seguridad revelaron que empleados de ciertas organizaciones estaban involucrados en actividades terroristas... en particular, Médicos Sin Fronteras”. La Agencia EFE, citando el comunicado del Ministerio, ha señalado que algunos empleados de esa ONG estaban vinculados a organizaciones islamistas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamás”; además, MSF “no proporcionó información completa sobre la identidad y las funciones” de las personas supuestamente vinculadas con esos grupos palestinos considerados terroristas por Israel.
“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida, la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable. Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria”, ha declarado el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, según el periódico The Times of Israel.
Por su parte, Médicos Sin Fronteras ha dicho que está al tanto de las noticias, pero que la organización no ha sido notificada oficialmente de la decisión del Gobierno israelí, a fecha de 30 de diciembre de 2025. Sin embargo, ha alertado de que “si se impide a MSF prestar sus servicios, esto tendrá consecuencias devastadoras para los palestinos”. La organización ha lamentado que, si no cuenta con el permiso para operar en los territorios palestinos a partir del 1 de enero, tendrá que cesar sus operaciones en un plazo de 60 días. “Si MSF pierde el acceso a Gaza en 2026 por decisión de las autoridades israelíes, una gran parte de la población de Gaza perderá el acceso a atención médica crítica, agua y apoyo vital. Las actividades de MSF llegan a casi medio millón de personas en la Franja gracias a su apoyo esencial a un sistema de salud desolado”, ha dicho en un comunicado.
Al mismo tiempo, MSF ha reaccionado a las acusaciones por parte de las autoridades israelíes sobre los supuestos vínculos con organizaciones armadas: “Como hemos dicho con anterioridad, MSF nunca contrataría a sabiendas a personas que participaran en actividades militares. Cualquier empleado que participara en actividades militares supondría un peligro para nuestro personal y nuestros pacientes. Hacer públicas tales acusaciones sin pruebas fundamentadas pone en peligro al personal humanitario y socava la labor médica que salva vidas”.
El periódico israelí Haaretz ha incluido en la lista a Oxfam y ActionAid, además de MSF.
Por su parte, el organismo del Ejército israelí que supervisa la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, COGAT, ha asegurado en un comunicado que el volumen de la asistencia no se verá afectado porque las ONG que han sido vetadas sólo representan alrededor del 1% de la ayuda que accede actualmente al enclave costero. Ha agregado que más de 4.000 camiones de suministros seguirán entrando a Gaza cada semana, a través de Naciones Unidas, países donantes y el sector privado, así como unas 20 ONG internacionales, que no ha nombrado. Sin embargo, las propias Naciones Unidas vienen exigiendo un mayor acceso a la Franja y un flujo constante y abundante de ayuda para hacer frente a las enormes necesidades de más de dos millones de personas.
Según COGAT, “el proceso de registro [de las ONG] tiene como objetivo evitar la explotación de la ayuda por parte de Hamás, que en el pasado operó bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales, consciente o inconscientemente”. El organismo ha insinuado que “la negativa de las organizaciones de operar con transparencia y a cooperar con los controles requeridos no es técnica ni incidental, sino que plantea una genuina preocupación por la naturaleza de sus actividades y las entidades con las que operan”.
Las autoridades israelíes han acusado en múltiples ocasiones a ONG internacionales de renombre y también a agencias de la ONU de apoyar a Hamás y otros grupos armados o de estar infiltradas por sus milicianos, pero no ha ofrecido pruebas concluyentes en los pasados más de dos años.
La mayor campaña de desprestigio ha sido contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), a cuyos trabajadores Israel acusó de haber participado en el ataque del 7 de octubre que Hamás lanzó contra las comunidades judías de los alrededores de Gaza y en el que mató a más de 2.000 personas y secuestró a otras 250.