Los juicios por las protestas de julio en Cuba: “Muchos jóvenes están sufriendo”

Walnier Luis Aguilar Rivera tiene 21 años, presenta una discapacidad mental y han pedido 23 años de cárcel contra él por protestar el pasado 12 de julio en contra del Gobierno en La Habana. Su juicio tuvo lugar entre el 20 y el 23 de diciembre y le acusaron de sedición, un delito contra la Seguridad del Estado del que han sido inculpados unos 158 manifestantes en el país. De todos ellos, a los tribunales han llegado ya unos 95 y, de estos, 29 tienen entre 16 y 20 años. 

Abraham Jiménez Enoa, periodista cubano: "El Gobierno se ha puesto muy nervioso"

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No hay estadísticas oficiales sobre “los sucesos” o “los disturbios” del 11 de julio en el país. Al Gobierno le cuesta mencionar la palabra “protesta”, que no se limitó al 11 de julio, porque en los días posteriores también la gente salió a la calle a gritar “patria y vida” y “libertad”. Tampoco hay posibilidades de acceder a la información que las instituciones públicas deben poseer al respecto. 

Los únicos datos que existen sobre las detenciones, encarcelamientos y procesos judiciales provienen de organizaciones independientes, en especial de Justicia 11J y Cubalex. La primera surgió el mismo día que comenzaron las manifestaciones y la integran mujeres de distintos perfiles profesionales que trabajan de manera voluntaria, mientras que la segunda, formada por juristas, se dedicaba ya desde hacía varios años a denunciar violaciones de derechos humanos y asesorar, en materia legal, a víctimas de represión política. 

De acuerdo con sus registros, al menos 1.379 personas fueron detenidas a raíz del estallido social, 727 permanecen tras las rejas, 400 han sido juzgadas en juicios sumarios y ordinarios y solo nueve tienen causas que han sido resueltas con un sobreseimiento. La información la recogen y verifican con familiares de presos políticos, con quienes esperan juicios en sus viviendas, y con las escasas notas que publica la prensa estatal. Sus cifras crecen casi a diario, cada vez que aparece una nueva familia que pierde el miedo y decide dar a conocer el caso de un ser querido.

Esta semana, en las provincias de La Habana y Mayabeque, otras 45 personas están siendo juzgadas. En la semana anterior, se juzgaron 66. Los procesos ocurren a puerta cerrada y solo puede entrar un familiar por acusado, incluso en los casos que nada tienen que ver con el cargo de sedición.

Ningún juicio ha recibido cobertura mediática, algo usual en Cuba, más cuando se trata de opositores o disidentes, a pesar de que la Ley de Procedimiento Penal establece que “el juicio oral es público a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito y a sus familiares, aconsejen celebrarlo a puertas cerradas”. 

Juicios sin garantías

Wilber Aguilar, padre de Walnier, en declaraciones a elDiario.es, dijo que “eso nunca fue un juicio, eso fue una mentira preparada”. Aseguró que no había ningún delincuente en la sala, que la jueza rompió a llorar cuando terminó de dictar las condenas. “Fue un abuso, todo el mundo sabe que fue un abuso”, agregó.  

A su hijo lo juzgaron junto a otras 16 personas. Todas del barrio La Güinera, un área empobrecida y marginada del municipio Arroyo Naranjo, que fue el sitio donde murió Diubis Laurencio, de 36 años: el único fallecido reconocido oficialmente por las autoridades cubanas en el contexto del estallido social del año pasado. En la nota oficial, lo presentaron como un delincuente común, que había estado preso “por desacato, hurto y alteración del orden” como si hubiera merecido su muerte. Luego, fuentes cercanas a la víctima alegaron que no tenía antecedentes penales.

Laurencio murió debido a un disparo de arma de fuego que recibió por la espalda y le perforó un pulmón. Él estaba desarmado. Hay un vídeo que muestra el momento de su muerte. Sin embargo, las autoridades consideraron, en un primer momento, que el policía que le quitó la vida, el subteniente Yoennis Pelegrín, actuó en legítima defensa.

Un reporte de un medio independiente de principios de este año refiere que la Fiscalía Militar pretende juzgarlo por homicidio y lesiones graves, pues provocó heridas de bala en una pierna a Yoel Misael Fuentes García, menor de 16 años, y que al menos hasta diciembre de 2021 estaba en libertad. La fuente es un letrado cercano al caso. 

Aguilar cuenta que en el juicio a su hijo y a los otros 16 manifestantes de La Güinera la jueza no permitía que los abogados defensores hablaran de la muerte de Laurencio. Testimonios muy similares al suyo llegan también de otras zonas del país. Siempre se repiten las mismas denuncias: tribunales bajo cercos policiales y militares, un solo familiar por preso en el juzgado, impedimentos para que la defensa presente evidencias, testigos de la Fiscalía con declaraciones contradictorias e, incluso, acoso y detención de familiares. 

El pasado 14 de enero, por ejemplo, familiares del preso político Andy García Lorenzo, de la ciudad de Santa Clara, fueron detenidos mientras se dirigían al tribunal. Su hermana Roxana –de 20 años y defensora de los presos políticos–, su pareja Jonatan López y sus suegros fueron interceptados en el transporte público en el que viajaban y conducidos a una unidad policial. 

Como si ello no bastara, les impusieron multas de 3.000 pesos cubanos a todos, excepto a la suegra de Roxana, bajo el Decreto-Ley 370, que se usa contra los ciudadanos por publicar en redes sociales, como Facebook o Twitter, denuncias de violaciones de derechos humanos o críticas al gobierno. Además, requisaron los teléfonos móviles a Roxana y Jonatan. 

Para tener una idea de lo que ello significa: en Cuba, el salario medio es de 3.838 pesos cubanos, que equivaldría a 42 euros, según la tasa de cambio del mercado informal, que es la única significativa, pues el Gobierno no vende divisas a la población. Una cifra que no alcanza ni para empezar a vivir.

Condiciones de las cárceles

Quienes tienen familiares en prisión, casi siempre familias de bajos recursos, atraviesan también ahora una situación económica crítica. Llevar “un saco” a un familiar preso –que es el nombre con el que se designan los envíos de alimentos y aseo que se hacen llegar en las visitas al menos una vez al mes– puede costar unos 2.000 pesos, sin contar el precio del transporte. Las condiciones infrahumanas en las que se encuentran las prisiones donde están los presos políticos, que son prisiones comunes o de máxima seguridad, no dejan alternativa. 

Roxana García y Jonatan López, conscientes de esta realidad, crearon un proyecto para recaudar fondos de distintos tipos de donaciones para los familiares de los presos políticos. Lo nombraron “ayudas a los valientes del 11J”. 

Hay familias que tienen a varias personas encarceladas. Teresa Rodríguez tiene a tres hijos presos: Emiyoslán Román (17 años), Yosney Emilio Román (25 años) y Mackyanis Román (24 años); les piden 15, 20 y 25 años de cárcel, respectivamente, por el presunto delito de sedición. Los dos jóvenes Emiyoslán y Yosney están siendo juzgados esta semana en La Habana. La muchacha sigue pendiente. 

Bárbara Isaac Rojas tiene a dos de sus trillizas, de 23 años y residentes en Villa Clara, presas. Las juzgaron en diciembre y la Fiscalía pidió 10 años de cárcel por desórdenes públicos y desacato. Todavía no se ha emitido la sentencia. Una de ellas, Lisdiani, es madre de una niña que recién cumplió los cuatro años, y ahora es la abuela quien la cuida. 

En algunos juicios efectuados entre el 10 y el 14 de enero, en los de Holguín y La Habana, la Fiscalía bajó sus peticiones a 12 menores que se enfrentaban al delito de sedición. A ocho les redujo las condenas hasta siete años de cárcel y, a cuatro, a cinco años de trabajo correccional sin internamiento. Es posible que a estos últimos les hayan retirado este cargo. Sin embargo, hasta ahora, los familiares de los presos políticos que han sido juzgados por sedición no han recibido la sentencia.

“No hay nada para nadie”

También Walnier Luis Aguilar es padre de dos niñas pequeñas. Su padre dice que él trabajaba en la construcción y en una panadería antes de ser arrestado. Fue el propio padre quien lo llevó ante la Policía el 20 de julio porque un agente de la Seguridad del Estado de su barrio le dijo que estaban buscando a su hijo y que debía entregarlo, que era lo mejor. Nunca imaginó que ese mismo día a su hijo lo dejarían privado de libertad. 

El padre afirma que Walnier se manifestó pacíficamente el 12 de julio. Cuenta que su hijo había ido a comprar unas malangas –tubérculo cubano– para sus niñas y que encontró la manifestación en La Güinera y se sumó. Ahora se encuentra en la prisión conocida como Combinado del Este y ni siquiera está tomando sus medicinas. Cuenta que lleva meses sin ellas debido a la escasez de medicamentos, y de casi todo, que impera en Cuba. En la casa le “controlaban” con infusiones y afecto familiar.  

Walnier Luis tiene una lesión en la parte izquierda frontal del cerebro, que le detectaron a los 11 años porque su comportamiento era muy variable y se alteraba con facilidad. Tuvo que estudiar en una escuela de educación especial hasta terminar el noveno grado y nunca lo admitieron en el Servicio Militar Obligatorio. El padre explica que “por fuera él está bien”, pero que su mente “no es la de una persona que está bien”. Esa es su mayor preocupación, que en la cárcel tenga un problema con otro recluso y le dé “un mal golpe”. 

El 24 de diciembre, al día siguiente de concluir el juicio contra su hijo, Wilber Aguilar publicó un vídeo de cuatro minutos y 27 segundos en su perfil de Facebook que se volvió viral. Cuenta con más de 100.000 reproducciones y se compartió casi 4.000 veces. Allí, por primera vez, denunció públicamente, con la voz rajada por las lágrimas, el caso de su hijo.

Al final, dijo: “¿Por qué no oyen al pueblo? Alguien tiene que oír al pueblo, lo que está pasando en el verdadero pueblo. La voz del pueblo es esta. Alguien tiene que ponerse la mano en el pecho allá arriba y parar con todo esto, porque no es el mío solo. Son muchos los jóvenes que están sufriendo. Y madres. Y viejos. Y mujeres. Que yo estaba en el juicio los cuatro días y lo presencié y lo sufrí. Y lo estoy sufriendo. ¿Qué fin de año? ¿Qué 24? Aquí no hay nada para nadie. Esto es a sufrir. Es un pueblo que está sufriendo por una injusticia”.

Walnier Luis Aguilar Rivera tiene 21 años, presenta una discapacidad mental y han pedido 23 años de cárcel contra él por protestar el pasado 12 de julio en contra del Gobierno en La Habana. Su juicio tuvo lugar entre el 20 y el 23 de diciembre y le acusaron de sedición, un delito contra la Seguridad del Estado del que han sido inculpados unos 158 manifestantes en el país. De todos ellos, a los tribunales han llegado ya unos 95 y, de estos, 29 tienen entre 16 y 20 años. 

Abraham Jiménez Enoa, periodista cubano: "El Gobierno se ha puesto muy nervioso"

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No hay estadísticas oficiales sobre “los sucesos” o “los disturbios” del 11 de julio en el país. Al Gobierno le cuesta mencionar la palabra “protesta”, que no se limitó al 11 de julio, porque en los días posteriores también la gente salió a la calle a gritar “patria y vida” y “libertad”. Tampoco hay posibilidades de acceder a la información que las instituciones públicas deben poseer al respecto. 

Los únicos datos que existen sobre las detenciones, encarcelamientos y procesos judiciales provienen de organizaciones independientes, en especial de Justicia 11J y Cubalex. La primera surgió el mismo día que comenzaron las manifestaciones y la integran mujeres de distintos perfiles profesionales que trabajan de manera voluntaria, mientras que la segunda, formada por juristas, se dedicaba ya desde hacía varios años a denunciar violaciones de derechos humanos y asesorar, en materia legal, a víctimas de represión política. 

De acuerdo con sus registros, al menos 1.379 personas fueron detenidas a raíz del estallido social, 727 permanecen tras las rejas, 400 han sido juzgadas en juicios sumarios y ordinarios y solo nueve tienen causas que han sido resueltas con un sobreseimiento. La información la recogen y verifican con familiares de presos políticos, con quienes esperan juicios en sus viviendas, y con las escasas notas que publica la prensa estatal. Sus cifras crecen casi a diario, cada vez que aparece una nueva familia que pierde el miedo y decide dar a conocer el caso de un ser querido.

Esta semana, en las provincias de La Habana y Mayabeque, otras 45 personas están siendo juzgadas. En la semana anterior, se juzgaron 66. Los procesos ocurren a puerta cerrada y solo puede entrar un familiar por acusado, incluso en los casos que nada tienen que ver con el cargo de sedición.

Ningún juicio ha recibido cobertura mediática, algo usual en Cuba, más cuando se trata de opositores o disidentes, a pesar de que la Ley de Procedimiento Penal establece que “el juicio oral es público a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito y a sus familiares, aconsejen celebrarlo a puertas cerradas”. 

Juicios sin garantías

Wilber Aguilar, padre de Walnier, en declaraciones a elDiario.es, dijo que “eso nunca fue un juicio, eso fue una mentira preparada”. Aseguró que no había ningún delincuente en la sala, que la jueza rompió a llorar cuando terminó de dictar las condenas. “Fue un abuso, todo el mundo sabe que fue un abuso”, agregó.  

A su hijo lo juzgaron junto a otras 16 personas. Todas del barrio La Güinera, un área empobrecida y marginada del municipio Arroyo Naranjo, que fue el sitio donde murió Diubis Laurencio, de 36 años: el único fallecido reconocido oficialmente por las autoridades cubanas en el contexto del estallido social del año pasado. En la nota oficial, lo presentaron como un delincuente común, que había estado preso “por desacato, hurto y alteración del orden” como si hubiera merecido su muerte. Luego, fuentes cercanas a la víctima alegaron que no tenía antecedentes penales.

Laurencio murió debido a un disparo de arma de fuego que recibió por la espalda y le perforó un pulmón. Él estaba desarmado. Hay un vídeo que muestra el momento de su muerte. Sin embargo, las autoridades consideraron, en un primer momento, que el policía que le quitó la vida, el subteniente Yoennis Pelegrín, actuó en legítima defensa.

Un reporte de un medio independiente de principios de este año refiere que la Fiscalía Militar pretende juzgarlo por homicidio y lesiones graves, pues provocó heridas de bala en una pierna a Yoel Misael Fuentes García, menor de 16 años, y que al menos hasta diciembre de 2021 estaba en libertad. La fuente es un letrado cercano al caso. 

Aguilar cuenta que en el juicio a su hijo y a los otros 16 manifestantes de La Güinera la jueza no permitía que los abogados defensores hablaran de la muerte de Laurencio. Testimonios muy similares al suyo llegan también de otras zonas del país. Siempre se repiten las mismas denuncias: tribunales bajo cercos policiales y militares, un solo familiar por preso en el juzgado, impedimentos para que la defensa presente evidencias, testigos de la Fiscalía con declaraciones contradictorias e, incluso, acoso y detención de familiares. 

El pasado 14 de enero, por ejemplo, familiares del preso político Andy García Lorenzo, de la ciudad de Santa Clara, fueron detenidos mientras se dirigían al tribunal. Su hermana Roxana –de 20 años y defensora de los presos políticos–, su pareja Jonatan López y sus suegros fueron interceptados en el transporte público en el que viajaban y conducidos a una unidad policial. 

Como si ello no bastara, les impusieron multas de 3.000 pesos cubanos a todos, excepto a la suegra de Roxana, bajo el Decreto-Ley 370, que se usa contra los ciudadanos por publicar en redes sociales, como Facebook o Twitter, denuncias de violaciones de derechos humanos o críticas al gobierno. Además, requisaron los teléfonos móviles a Roxana y Jonatan. 

Para tener una idea de lo que ello significa: en Cuba, el salario medio es de 3.838 pesos cubanos, que equivaldría a 42 euros, según la tasa de cambio del mercado informal, que es la única significativa, pues el Gobierno no vende divisas a la población. Una cifra que no alcanza ni para empezar a vivir.

Condiciones de las cárceles

Quienes tienen familiares en prisión, casi siempre familias de bajos recursos, atraviesan también ahora una situación económica crítica. Llevar “un saco” a un familiar preso –que es el nombre con el que se designan los envíos de alimentos y aseo que se hacen llegar en las visitas al menos una vez al mes– puede costar unos 2.000 pesos, sin contar el precio del transporte. Las condiciones infrahumanas en las que se encuentran las prisiones donde están los presos políticos, que son prisiones comunes o de máxima seguridad, no dejan alternativa. 

Roxana García y Jonatan López, conscientes de esta realidad, crearon un proyecto para recaudar fondos de distintos tipos de donaciones para los familiares de los presos políticos. Lo nombraron “ayudas a los valientes del 11J”. 

Hay familias que tienen a varias personas encarceladas. Teresa Rodríguez tiene a tres hijos presos: Emiyoslán Román (17 años), Yosney Emilio Román (25 años) y Mackyanis Román (24 años); les piden 15, 20 y 25 años de cárcel, respectivamente, por el presunto delito de sedición. Los dos jóvenes Emiyoslán y Yosney están siendo juzgados esta semana en La Habana. La muchacha sigue pendiente. 

Bárbara Isaac Rojas tiene a dos de sus trillizas, de 23 años y residentes en Villa Clara, presas. Las juzgaron en diciembre y la Fiscalía pidió 10 años de cárcel por desórdenes públicos y desacato. Todavía no se ha emitido la sentencia. Una de ellas, Lisdiani, es madre de una niña que recién cumplió los cuatro años, y ahora es la abuela quien la cuida. 

En algunos juicios efectuados entre el 10 y el 14 de enero, en los de Holguín y La Habana, la Fiscalía bajó sus peticiones a 12 menores que se enfrentaban al delito de sedición. A ocho les redujo las condenas hasta siete años de cárcel y, a cuatro, a cinco años de trabajo correccional sin internamiento. Es posible que a estos últimos les hayan retirado este cargo. Sin embargo, hasta ahora, los familiares de los presos políticos que han sido juzgados por sedición no han recibido la sentencia.

“No hay nada para nadie”

También Walnier Luis Aguilar es padre de dos niñas pequeñas. Su padre dice que él trabajaba en la construcción y en una panadería antes de ser arrestado. Fue el propio padre quien lo llevó ante la Policía el 20 de julio porque un agente de la Seguridad del Estado de su barrio le dijo que estaban buscando a su hijo y que debía entregarlo, que era lo mejor. Nunca imaginó que ese mismo día a su hijo lo dejarían privado de libertad. 

El padre afirma que Walnier se manifestó pacíficamente el 12 de julio. Cuenta que su hijo había ido a comprar unas malangas –tubérculo cubano– para sus niñas y que encontró la manifestación en La Güinera y se sumó. Ahora se encuentra en la prisión conocida como Combinado del Este y ni siquiera está tomando sus medicinas. Cuenta que lleva meses sin ellas debido a la escasez de medicamentos, y de casi todo, que impera en Cuba. En la casa le “controlaban” con infusiones y afecto familiar.  

Walnier Luis tiene una lesión en la parte izquierda frontal del cerebro, que le detectaron a los 11 años porque su comportamiento era muy variable y se alteraba con facilidad. Tuvo que estudiar en una escuela de educación especial hasta terminar el noveno grado y nunca lo admitieron en el Servicio Militar Obligatorio. El padre explica que “por fuera él está bien”, pero que su mente “no es la de una persona que está bien”. Esa es su mayor preocupación, que en la cárcel tenga un problema con otro recluso y le dé “un mal golpe”. 

El 24 de diciembre, al día siguiente de concluir el juicio contra su hijo, Wilber Aguilar publicó un vídeo de cuatro minutos y 27 segundos en su perfil de Facebook que se volvió viral. Cuenta con más de 100.000 reproducciones y se compartió casi 4.000 veces. Allí, por primera vez, denunció públicamente, con la voz rajada por las lágrimas, el caso de su hijo.

Al final, dijo: “¿Por qué no oyen al pueblo? Alguien tiene que oír al pueblo, lo que está pasando en el verdadero pueblo. La voz del pueblo es esta. Alguien tiene que ponerse la mano en el pecho allá arriba y parar con todo esto, porque no es el mío solo. Son muchos los jóvenes que están sufriendo. Y madres. Y viejos. Y mujeres. Que yo estaba en el juicio los cuatro días y lo presencié y lo sufrí. Y lo estoy sufriendo. ¿Qué fin de año? ¿Qué 24? Aquí no hay nada para nadie. Esto es a sufrir. Es un pueblo que está sufriendo por una injusticia”.

Walnier Luis Aguilar Rivera tiene 21 años, presenta una discapacidad mental y han pedido 23 años de cárcel contra él por protestar el pasado 12 de julio en contra del Gobierno en La Habana. Su juicio tuvo lugar entre el 20 y el 23 de diciembre y le acusaron de sedición, un delito contra la Seguridad del Estado del que han sido inculpados unos 158 manifestantes en el país. De todos ellos, a los tribunales han llegado ya unos 95 y, de estos, 29 tienen entre 16 y 20 años. 

Abraham Jiménez Enoa, periodista cubano: "El Gobierno se ha puesto muy nervioso"

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No hay estadísticas oficiales sobre “los sucesos” o “los disturbios” del 11 de julio en el país. Al Gobierno le cuesta mencionar la palabra “protesta”, que no se limitó al 11 de julio, porque en los días posteriores también la gente salió a la calle a gritar “patria y vida” y “libertad”. Tampoco hay posibilidades de acceder a la información que las instituciones públicas deben poseer al respecto.