La batalla por el derecho al aborto en EEUU enfila un año clave tras una ola de medidas restrictivas sin precedentes

El largo debate sobre género y sexualidad, que ha durado siglos, podría sufrir un giro inesperado este año. El presidente Donald Trump, firme detractor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, se presenta a la reelección. En 2020, un Tribunal Supremo escorado hacia el conservadurismo tomará su primera decisión relativa al aborto.

Ambas variables auguran tiempos convulsos para los derechos de las mujeres. Las activistas ya se encuentran enfrascadas en una batalla que puede cambiar por completo el acceso al derecho al aborto en Estados Unidos.

También lo están quienes están en contra de este derecho. “No cabe ninguna duda respecto a cual será el tema central de la elección [presidencial] de noviembre”, sostiene Carol Tobias, presidenta de una organización contra el aborto National Right to Life. “Nuestro peor miedo sería que todo suceda contra nuestros intereses en la elección, que tengamos un presidente favorable al aborto y a miembros del Partido Demócrata como Chuck Schumer y Nancy Pelosi al frente del Senado y el Congreso. Podrían hacer daño. Uno que dure mucho tiempo. Pero no creo que eso vaya a suceder”.

Por otra parte, David Cohen, profesor de derecho en la Universidad Drexel, favorable al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y autor del libro Carrera de obstáculos: El combate cotidiano para conseguir abortar en Estados Unidos, describe la votación del próximo noviembre como “un tragadero de noticias”. “Tenemos dos partidos con posiciones muy diferentes sobre el aborto, de modo que va a convertirse en un tema importante de campaña”.

Un ola de medidas restrictivas sin precedentes

Esta semana se ha celebrado el 47º aniversario de la sentencia de el Tribunal Supremo que legalizó el aborto en Estados Unidos, Roe contra Wade. Desde finales de los años 70, tanto el conservadurismo como la derecha religiosa han hecho de este tema su caballo de batalla.

Cientos de miles de personas contrarias al aborto planean reunirse este 24 de enero en Washington para participar en la llamada “Marcha por la vida”, que esperan sea la mayor protesta antiabortista del país.

La tendencia muestra que el país da pasos para limitar cada vez más el acceso en cada vez más estados. El año pasado se aprobó un número de propuestas restrictivas sin precedente. Muchas de ellas abiertamente inconstitucionales. Se las conoce como “leyes del latido” y prohíben el aborto a las seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben si están embarazadas. Georgia, Kentucky, Ohio y Mississipi han apostado por esa vía. Alabama ha prohibido la interrupción voluntaria del embarazo.

En Ohio, se propuso acusar a los médicos de “asesinato por aborto” si no trataban de reimplantar un embarazo ectópico. Algo que no existe en medicina. Los embarazos ectópicos, que se forman en las trompas de Falopio, son sencillamente, inviables. Sirven, eso sí, para poner en peligro la salud de la mujer.

Ninguna de esas leyes ha podido entrar e vigor porque son contrarias a la doctrina de el Tribunal Supremo. Pero con el apoyo de Trump y los poderosos donantes del ala más conservadora del republicanismo, los contrarios al aborto esperan que la nueva Corte Suprema anule la sentencia Roe contra Wade y les abra paso. Pero la mayor parte de la opinión pública no está de acuerdo y cree que el aborto debería seguir siendo legal.

“La lección principal que extraemos de todo esto es que los estados seguirán siendo actores importantes en cuanto a las leyes que regulan el aborto”, defiende Elizabeth Nash, que trabaja en el Instituto Guttmacher, que defiende el derecho a elegir.

Obstáculos a las clínicas abortivas

Esta primavera, muchos ojos estarán puestos en el Tribunal Supremo cuando escuche los argumentos favorables y contrarios en el caso de June Medical Services contra Gee, que llega desde Lousiana. Tendrán que decidir si exigir a los médicos que consigan el “derecho a admitir” pacientes en hospitales locales cercanos. Y tendrá consecuencias para todo el país.

Se supone que el derecho de admisión a pacientes en los hospitales, llamado “privilegio de admisión”, existe para mejorar el acceso de la mujer a la salud. De hecho, los hospitales están obligados a aceptar todos los pacientes que llegan a través de la sala de urgencias.

Lo que sucede es que esos supuestos privilegios se convierten en un obstáculo difícilmente salvable para los médicos que trabajan en clínicas privadas abortivas, ya que se les impone el requisito de que sus pacientes puedan ser admitidos y tratados en hospitales que estén a menos de 30 millas de las instalaciones. Termina obligándoles a cerrar.

“Los médicos deben poder demostrar que sus pacientes, en caso de emergencia, serán admitidos en un hospital que esté a menos de un cuarto de hora de la clínica, un requisito absurdo para una intervención médica increíblemente segura”, explica la abogada Jill Filipovic en este artículo de The Guardian sobre el caso de Missouri. “Los llamados 'privilegios de admisión' son en la práctica un obstáculo innecesario: si no pueden existir clínicas que practiquen abortos que no estén a 15 minutos de un hospital habrá comunidades desatendidas que van a tener aún menos servicios”. 

“Una mujer que sufre complicaciones de un aborto (ya sea mientras está en la clínica donde se le practicó el aborto o en su casa después) irá al hospital más cercano, que la tratará independientemente de que su médico de la clínica abortiva tenga privilegios de admisión”, defendió por su parte el juez Richard Posner en una opinión que anuló una ley similar en Wisconsin.

Si el Tribunal Supremo lo declara constitucional, esa decisión podría cerrar dos de las tres clínicas que practiquen abortos en el estado de Lousiana y lo haría sin ofrecer ningún beneficio para la salud femenina. Los juristas están muy sorprendidos porque el Tribunal Supremo haya aceptado tan solo debatir el caso. Sigue el ejemplo de los sucedido con una ley similar que en 2016 en Texas concluyó que iniciativas como la propuesta ahora eran inconstitucionales y señaló que suponen un obstáculo indebido para las mujeres que tratan de abortar.

“El resultado de la decisión puede tener muchas consecuencias”, indica Cohen. “Podría pasar que se lea en cualquier punto que vaya desde 'podéis regular un poco más' hasta 'podéis prohibir el aborto'. Hay mucha incertidumbre sobre lo que podría pasar”.

La decisión que tome el Tribunal Supremo puede decidir el futuro del aborto, pero la capacidad de la mujer de ejercer sus derechos ya se está limitando. Entre 2011 y 2017 cerraron el 4% de las clínicas que practicaban abortos en todo el país. El cambio, aunque parezca modesto, oculta una verdad incómoda, de mayor alcance. Esas clínicas que cierran lo hacen en el medio oeste y el sur, y en su lugar abren otras en las costas, lo que aboca a muchas mujeres a desplazarse de forma costosa para poder abortar.

“Tenemos que seguir luchando”

El aborto es una de las cuestiones alrededor de las que se dirimen las guerras culturales de los Estados Unidos. Una de las que mejor alimenta la polarización política. Trump ha jugado un papel clave a la hora de que las posiciones de partidarios y detractores se distancien. Le beneficia electoralmente.

Durante un mitin reciente en Toledo, Ohio, dijo a una audiencia que le vitoreaba que “casi todos los demócratas importantes apoyan el aborto incluso en los embarazos avanzados, separando a los bebés de la barriga de su madre justo antes del momento de nacer”. Es falso, pero simbólico.

El aborto es tema recurrente de los mítines y la campaña de Trump para la reelección. Su retórica suele ir más allá de lo que el movimiento antiabortista podría haber esperado que le ofrecieran otros candidatos republicanos.

Tobias y otros activistas antiabortistas se han esforzado por diseminar el “maravilloso trabajo” que Trump hace en defensa de sus posiciones ante posibles votantes. Y lo hace esgrimiendo una lista de los logros de su administración con los que el movimiento concuerda. Entre ellos incluye el nombramiento de jueces federales partidarios de posiciones conservadoras o la prohibición de que se utilicen fondos de la cooperación internacional para asesorar a mujeres en torno al aborto.

“Espero que se aprueben más leyes provida. Nos encontraremos ante retos jurídicos, pero avanzamos”, agrega.

No siempre ha sido así. La derecha cristiana solo comenzó a tocar el tema cuando se decidió el caso Roe contra Wade y después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de la segregación de los colegios cristianos privados, que en muchos casos recibían financiación condicionada a la exclusión de estudiantes afroamericanos.

Hasta 1976 incluso los Baptistas del Sur llegaron a apoyar el derecho al aborto. En aquella época se veía como un problema de la iglesia católica. Y eran los estados de mayoría demócrata los que se oponían a la interrupción voluntaria del embarazo o el uso de anticonceptivos.

En el pasado, el aborto ha sido un tema que les preocupaba a los votantes más conservadores y menos a los más progresistas. Hoy en día, según las encuestas de Gallup, en torno al 80% de los estadounidenses son favorables al aborto legal en ciertos casos. Ese ha sido el detonante de la virulenta campaña contra los derechos de la mujer que la izquierda ha contrarrestado a través de las normativas estatales.

Loretta Ross, activista por la justicia reproductiva y experta en campañas en defensa del aborto y contra la discriminación por embarazo y la mortalidad materna, cree que “tenemos que seguir peleando del mismo modo que las personas negras han peleado por su derecho al voto durante 400 años”.

Algunas feministas de larga trayectoria sostienen que los derechos relacionados con el aborto, con los que las más jóvenes han crecido, se han dado por hechos. Doctoras como Mary Jane Minkin, obstetra y profesora en la facultad de medicina de la Universidad de Yale, están preocupadas. Minkin teme un regreso a las prácticas clandestinas. Con el peligro que conllevan.

“Lamentablemente, las más jóvenes no se dan cuenta de lo malo que fue todo aquello”, lamenta Minkin. Recuerda que estudiaba en la Universidad Brown, en 1968, “una estudiante se quedó embarazada nada más empezar el curso. Le practicaron un aborto ilegal. No pudo volver a quedarse embarazada”. Recuerda casos peores. Una de sus amigas tenía una hermana que trabajaba como auxiliar de vuelo y murió durante un aborto ilegal.

“Fueron tiempos oscuros. Mujeres muriendo por abortos sépticos y mujeres que se quedaron estériles para siempre”, recuerda Minkin. “No queremos volver a eso. No queremos”.

Traducido por Alberto Arce