CSIF, UGT, CCCOO y STAR se movilizan contra la privatización del centro de menores Residencia Iregua

En un comunicado conjunto, las centrales sindicales apuntaban que hace unos días, el secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales y la directora general de Política Social les informaba “del proyecto de reorganización administrativa de Residencia Iregua que, bajo el eufemismo de Gestión Privada de Servicios Públicos esconde realmente la privatización del Centro”. Apuntaban que “según hemos sido informados, se procederá a convocar a la apertura de un proceso para la concesión mediante concurso de la gestión del Centro de Protección de Menores 'Residencia Iregua', que seguirá ubicado en las actuales instalaciones, pero con una gestión indirecta, es decir, que se procederá a privatizar el servicio”.

Se trataría, para los sindicatos, “de una 'concesión administrativa' que es el resultado de un trato entre la administración y una empresa, que consiste en que la administración le entrega el centro, de propiedad y le concede la gestión del mismo”.

“La privatización de los servicios públicos, supone sencillamente, convertir en puro negocio, lo que son derechos básicos incluidos en la Constitución e incrementar la precariedad en el empleo. Así se convierten en ganancia, donde lo que prima e importa es obtener el mayor beneficio posible, a costa de empeorar sensiblemente el servicio y las condiciones de trabajo”, aseguran.

Para las centrales sindicales, “contra la falsa opinión dominante, hay que declarar con contundencia que no existe estudio empírico alguno que demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios públicos supongan una mayor eficiencia y calidad de la gestión privada, muestra de forma clara e inequívoca, consecuencias como la pérdida del control democrático de los servicios públicos y la disminución de puestos de trabajo, bajos salarios, desregulación laboral y galopante, precarización del empleo”.

A su juicio, “la transferencia de actividades públicas al sector privado se consolida y extiende un sistema de prestación de dichos servicios basado en la gestión privada fundamentalmente, de las llamadas sin ánimo de lucro como sustitutivo de la gestión pública (centros de día, para personas mayores, ayuda a domicilio, centros de protección de menores)”.

Critican que “la mayor parte de estos convenios no salen a la luz pública, porque se conciertan sin publicidad ni libre concurrencia y, cuando esporádicamente se conocen, revelan una elección arbitraria y sospechosa de los recursos privados”.

En este sentido, inciden los sindicatos en que “no hay que ser muy listo para saber que cualquier negocio privado tiene como objetivo principal ganar dinero; eso, siendo realista, nos hace pensar que el interés económico prevalecerá sobre el asistencial, mermando de forma inequívoca la calidad del servicio y por ende, el desarrollo integral de los menores acogidos”.

En lo referente al ámbito laboral, opinan que “esta medida pone en entredicho el futuro laboral de los trabajadores que actualmente prestan servicio en Residencia Iregua y la precarización del empleo que por parte de la empresa adjudicataria va a ser creado”.

A día de hoy existen en plantilla 40 personas, de las cuales 22 son funcionarios de carrera, el resto es personal con contratos de interinidad. El personal funcionario y laboral será ubicado en otras dependencias y centros de la Consejería, “pero esto también supone la destrucción de plazas vacantes y, no nos engañemos, la amortización de otros muchos puestos de trabajo”.

Desde los sindicatos UGT, CCOO, STAR y CSIF “se ha venido instando en reiteradas ocasiones a la Administración para que solucionase los graves problemas existentes y que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años en el Centro, con una serie de medidas encaminadas a mejorar el servicio y la calidad, tanto de los trabajadores como de los menores acogidos”.

En sus palabras, “la forma de actuar de la Consejería de Servicios Sociales, de la cual depende 'Residencia Iregua', ha sido deteriorar el servicio, enrareciendo el clima de trabajo del centro; la administración ha creado así la falsa premisa de que lo publico es ineficiente y no funciona , por lo que es necesario aplicar mecanismos empresariales que, como mano de santo, solucionarían los problemas existentes”.

Ante esta situación, los sindicatos solicitan a la administración autonómica “que no se permita la entrada de la iniciativa privada en la gestión del servicio público y que se dote con recursos suficientes para que el proyecto educativo pueda ser desarrollado con eficacia y se preserven los derechos de los menores y profesionales”.

Desde la representación sindical se ha exigido a la Administración “que cumpla los compromisos y medidas que asumió con el Comité de Seguridad y Salud de la Comunidad Autónoma para implicarse en la mejora del centro y lo único que hemos obtenido a nuestras reivindicaciones es silencio”.

“La Administración considera que ya ha cumplido el trámite informándonos de su ”proyecto de reorganización administrativa“ y limitándose a informar que su compromiso con el funcionamiento del centro va a limitarse a adjudicar la gestión del centro a una empresa externa privada en vez de apostar por potenciar y defender el servicio público prestado por empleados públicos”, subrayan los sindicatos.

Por ello, desde UGT, CCOO , STAR y CSIF se avanza que “adoptaremos una postura común para hacer frente a esta nueva privatización de Servicios Públicos, privatización que no asegura para nada una gestión mejor y mas eficiente de Residencia Iregua”.