El Congreso recibe una proposición de ley para el uso eficiente de la energía

CC.OO., WWF/ Adena, Greenpeace, Ecologistas en Acción y los grupos parlamentarios Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) y Los Verdes presentaron el miércoles 9 de enero al Congreso de los Diputados una proposición de ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. Esta propuesta pretende dar un paso hacia adelante e incluye algunas medidas para “frenar el continuo crecimiento del consumo de energía en nuestro país y crear un marco legal que fomente una cultura energética basada en el ahorro, el uso de tecnologías más eficientes y las fuentes de energía renovables”, según explicaron estas organizaciones.

Además exponen que el sistema energético español ha venido “mostrando una pérdida de eficiencia energética al necesitar cada vez más energía para producir una unidad de PIB, por encima del resto de los países europeos”. Así, este hecho, junto con la “fuerte dependencia de suministro exterior de energía y a la fuerte escalada de los precios del petróleo, está perjudicando seriamente la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la producción y al uso de energía, y la competitividad de nuestra economía”, concluyeron.

Por tanto, afirmaron que las medidas llevadas a cabo hasta el momento por el Gobierno español – el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética para 2008-2012 y la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia- son “insuficientes” para conseguir “evitar el despilfarro y conseguir ahorros energéticos efectivos y reales”.

Para conseguirlo, la propuesta de ley establece un “objetivo uniforme de ahorro en el consumo total de energía a nivel nacional de, al menos, un uno por ciento anual en términos absolutos, durante los primeros cinco años a partir de la entrada en vigor de la ley. Esta cifra debería ajustarse posteriormente para alcanzar una reducción mínima absoluta del 20 por ciento en 2020 con respecto a 2005”.

Asimismo para conseguir los objetivos marcados, la proposición de ley “recoge la necesidad de poner en marcha un amplio elenco de actuaciones y medidas de gestión de la demanda en los sectores consumidores finales”. Entre ellas, recalcaron, “cabe destacar la disponibilidad de auditorías energéticas al alcance de todos los usuarios finales, especialmente para las PYME y los sectores residencial-terciario, y la introducción y el cumplimiento de criterios de eficiencia energética en la planificación territorial y en la construcción y mantenimiento de los edificios”. Los precios y las tarifas eléctricas “deberán establecerse de manera que reflejen los costes sociales y ambientales originados por las energías sucias”.

También, se contempla “la eliminación progresiva del mercado de las tecnologías obsoletas e ineficientes, y el cumplimiento de unos estándares mínimos de eficiencia energética en los nuevos productos consumidores de energía que se comercialicen en territorio nacional”.

La iluminación exterior y la contaminación lumínica reciben también una especial atención en la propuesta de ley, estableciéndose “la obligatoriedad de utilizar sistemas de alumbrado energéticamente eficientes y limitaciones de la intensidad lumínica a partir de determinadas horas de la noche. Se limita la iluminación navideña, la de edificios y la de vallas y anuncios publicitarios”.

Todas las Administraciones públicas -estatales, autonómicas y locales- “deberán contar con un plan de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones que incluya el nombramiento de un gestor energético para su seguimiento, y considerarán criterios de ahorro y eficiencia energética y de preservación del medio ambiente en los pliegos de condiciones de los contratos públicos por obras, suministro o servicios”. En la proposición también contempla a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes que “elaborarán sus respectivos planes locales para conseguir una gestión energética local sostenible”.

Para la realización efectiva de los objetivos e instrumentos previstos en la ley, se propone la creación de la Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables como ente administrativo e institucional, y el Consejo Consultivo de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía como órgano de participación social, económica y ciudadana.