El general Navarro afirma que los turcos eran quienes “tenían prisa”

El letrado Ramiro Guardiola, que pidió la libre absolución de su cliente durante la exposición de su informe definitivo de conclusiones, sostuvo que Navarro “no tenía prisa” para efectuar el traslado de cadáveres a España, sino que eran las autoridades turcas las que quisieron acelerar los trabajos porque el 28 de mayo de 2003, dos días después del accidente, “habían elaborado” el acta de entrega de los cuerpos, “en virtud de la cual saldrían los cadáveres ese mismo día”.

Guardiola, que abrió la novena y última sesión del juicio, indicó que las “prisas” del equipo español, reconocidas durante el juicio por testigos como el capitán enfermero Antonio González, no se corresponden con el testimonio de los funerarios que enferetraron los cadáveres, que reconocieron que fueron preguntados si querían parar, ni con el de los tripulantes de los aviones enviados desde España, a los que se dijo que se fueran a dormir.

De igual modo, sostuvo que el acta de entrega de los cuerpos que elaboraron las autoridades turcas, en la que se advertía de que 30 cuerpos estaban sin identificar, “no goza de la veracidad inmaculada que se la ha venido otorgando”, ya que contenía “menciones falsas” y, en uno de los casos, se confeccionó a partir de “un cambalache de restos”, algunos de los cuales tuvieron que hacer desaparecer.

“SE LES FUE DE LAS MANOS”

Durante su intervención, el letrado de Navarro aseguró que a los turcos se les fue de las manos el proceso de identificación, al tiempo que cuestionó la veracidad del acta de entrega de los cuerpos. “¿Qué credibilidad se puede dar a esa acta de autopsias y, en consecuencia, qué valor incriminatorio puede tener?”, se preguntó. “Ninguno, salvo que queramos dar carta de naturaleza que contiene menciones falsas y realizada por personal turco que no reparó en su día en atribuir delictivamente a conjunto de restos que no eran una persona”, apostilló.

En otro momento, defendió que su representado “no se equivocó al hacer las identificaciones”. “Es distinto errar en la identificación en un periodo de treinta y tantas horas y en un escenario dantesco, como era la morgue, que errar en una identificación al cabo de cinco años de instrucción y en la paz y en la quietud de los despachos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional”, dijo.

También sostuvo que la lista de 62 fallecidos y las notas de campo tomadas por Ramírez y Sáez no constituyen documentos oficiales, por lo que “no obran en autos ni tienen valor probatorio”. “¿Qué beneficio podría obtener el general Navarro por falsear los certificados?”, se cuestionó antes de asegurar que “un cadáver no tiene protección penal”.

En esta línea de argumentación, recalcó que testigos como el teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de las tareas de repatriación, confirmaron que las labores de identificación fueron realizadas en su totalidad por las autoridades turcas, que, según apuntó, también asumieron la cadena de custodia de los restos y las tareas de enferetrado.