El gobernador de Caquetá es asesinado
Tan sólo un día después de su secuestro, el gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuellar Carvajal, ha aparecido asesinado en una zona rural del norte de la ciudad de Florencia. Así lo ha confirmado la gobernadora en funciones de Caquetá, Patricia Vega, “tristemente tenemos que aceptar esta realidad tan dolorosa”, lamentó Vega, quien ha calificado este crimen como un “golpe muy fuerte” contra las instituciones locales.
Por su parte, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, fue el encargado de transmitir al Ejecutivo de Caquetá los resultados de los primeros análisis sobre el cuerpo, que apareció cerca del lugar donde los supuestos guerrilleros de las FARC habían abandonado e incendiado el vehículo utilizado en la huida.
El gobernador de Caquetá es el político de mayor rango secuestrado por la guerrilla desde 2002 cuando fue raptado el gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su ex ministro de Defensa. Ambos fueron asesinados tras 13 meses de cautiverio por la guerrilla para impedir su liberación mediante un operativo de rescate.
Ante esta noticia, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha condenado ante los medios de comunicación el crimen y ha afirmado que “con toda la firmeza reiteramos la voluntad de avanzar hasta la derrota definitiva del terrorismo”.
El mandatario iberoamericano explicó que Cuéllar, que tenía 69 años, murió degollado “miserablemente”, pese a que las primera informaciones apuntaban a que se habían contemplado heridas de bala en el cuerpo, localizado en una zona rural al norte de Florencia, la capital departamental. “Como había una persecución de la Fuerza Pública, seguramente los terroristas para evitar hacer disparos procedieron a degollar al señor gobernador”, ha señalado Uribe.
El mandatario colombiano ha cuestionado la presunta acción de las FARC, además de por el crimen en sí, por la implicación que éste tiene en la liberación de los rehenes en manos de la guerrilla. De esta forma, acusó a los “narcoterroristas” de tener una doble moral y ofrecer la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo mientras asesinan a un gobernador.
A su juicio, las promesas lanzadas por las FARC en los últimos meses consisten en un “teatro mediático”, en simple “publicidad política”. “No entendemos que mientras el gobierno da todas las garantías para que la liberación anunciada por las FARC se concrete” el grupo “responda de esta forma”, criticó.
Uribe volvió a señalar que la orden vigente dada por su gobierno a las fuerzas de seguridad y al Ejército consiste en buscar el rescate de todos los uniformados en poder de la guerrilla. Para esta misión, añadió, las tropas tienen “instrucciones, apoyo y motivación”.
Por otro lado, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también se ha sumado a la condena por este asesinato.
La OACNUDH ha destacado a través de un comunicado que para el derecho internacional “la toma de rehenes constituye un crimen de guerra” y lamenta que “la muerte subsecuente del gobernador confiere extrema gravedad a la práctica recurrente de esta infracción” por parte de la guerrilla. Así, pidió a las FARC que liberen “de inmediato y sin condiciones” a todos los secuestrados e instó a sus miembros a respetar “las normas del derecho internacional humanitario”.
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