El Gobierno riojano podrá comprar las VPO que se vendan

El Gobierno de La Rioja podrá optar a comprar las viviendas protegidas que se vendan en la región, que se calcula que oscilan entre un centenar de 150 al año, según ha anunciado el consejero de Vivienda y Obras Públicas, Antonino Burgos. Burgos, en una rueda informativa, detalló que el Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado un decreto sobre derechos de tanteo y retracto de viviendas de protección pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Añadió que este documento tiene como fin asegurar que la vivienda protegida cumple su función social durante el periodo de protección y es adjudicada a quién realmente la necesita y proteger al adquiriente de vivienda protegida evitando ventas fraudulentas con sobreprecios en dinero no declarado.

El decreto regula los derechos de tanteo y retracto a favor de la administración riojana y del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) sobre las viviendas protegidas de cualquier régimen, así como la obligación del propietario de comunicar la venta de las mismas. Burgos indicó que los derechos se ejercerán sobre segundas y sucesivas transmisiones intervivos de viviendas protegidas en régimen de alquiler y primeras transmisiones si existe denuncia del comprador, aunque no se ejecutará el decreto si las transmisiones son de cuota indivisa o la liquidación de bienes es por disolución matrimonial.

Estos derechos se podrán ejercer mientras dure la limitación del precio y se inscribirán en el registro de la propiedad, puntualizó el consejero, quien dijo que el plazo para ejercer el tanteo es de dos meses desde la comunicación por parte del propietario o desde el conocimiento por parte de la Comunidad Autónoma, que si ejercita el pago, deberá hacerlo en un periodo de tres meses. El consejero precisó que, una vez cumplido el tanteo y retracto, la vivienda se adjudicará, mediante sorteo público ante notario, entre el listado de solicitantes inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Protección Oficial.

Hasta ahora, este derecho de la Administración riojana se limitaba a la figura de régimen especial, que son viviendas más asequibles y con mayores ayudas. Con el nuevo decreto se regulan también transmisiones de viviendas protegidas de todos los regímenes, tanto en propiedad como en alquiler.

Recordó que una vivienda de protección pública no podrá ser descalificada y vendida a precio del mercado hasta los treinta años, aunque hay algunas de las excepciones para que se pueda vender antes de la fecha de descalificación, como si se trata de una familia numerosa y necesita una propiedad de mayor tamaño. También se incluyen entre esas excepciones las ejecuciones judiciales de préstamo, el cambio de domicilio habitual, la imposibilidad de hacer frente a los pagos y el que sea una vivienda inadecuada para la unidad familiar.

Burgos, quien indicó que en La Rioja hay unas 22.000 viviendas protegidas, de las que se descalifican al año unas 250, subrayó que el decreto entrará en vigor en febrero próximo, con el fin de explicar su alcance a los colectivos afectados y “engranar” el mecanismo de la administración regional para su aplicación.