El juez Pedraz se desplazará a Gernika y Vigo para tomar declaración a los marineros secuestrados
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se desplazará los próximos martes y miércoles a Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra), respectivamente, para interrogar a los 16 marineros españoles del atunero 'Alakrana' que permanecieron secuestados durante 47 días por piratas somalíes, informaron fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, que realizará estos interrogatorios en el marco de la causa en la que investiga el secuestro, tiene previsto mostrar a los miembros de la tripulación fotografías de los dos presuntos piratas somalíes que la Audiencia Nacional prevé juzgar en las próximas semanas.
Las declaraciones, que se prevé que sean largas, se desarrollarán en dos tandas. En la primera, que tendrá lugar en los Juzgados de Gernika, Pedraz interrogará a ocho marineros con residencia en Bermeo y otras localidades de la costa vizcaína, mientras que en la segunda, que se celebrará en el Decanato de Vigo, interrogará a los otros ocho que viven en Galicia.
Además, el juez ofrecerá a los secuestrados la posibilidad de personarse como acusación particular en el juicio que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal tiene previsto celebrar en las próximas semanas contra Cabdullahi Cabduwily, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Aji, apodado 'Raageggesey Hassan Aji', acusados de 36 detenciones ilegales --una por cada tripulante del 'Alakrana'-- y un delito de robo con violencia y uso de armas.
INTERROGATORIO AL ARMADOR
La intención del juez es continuar investigando en los próximos meses la captura del 'Alakrana' para tratar de determinar la identidad de todos los piratas que participaron en el secuestro del buque español. Además, tiene previsto interrogar al armador, perteneciente a la compañía Echabastar Fleet, con sede en Bermeo, para conocer su versión de los hechos y ofrecerle su personación en la causa.
El instructor también ha abierto una pieza separada y secreta para investigar a los bufetes de abogados de Londres (Reino Unido) y otros países europeos que presuntamente habrían actuado como intermediarios en el pago del rescate. De esta forma, pretende perseguir “toda la trama jurídico-financiera” vinculada con los secuestradores y a los comisionistas que pudieron intervenir en la liberación.
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