El Juzgado cita a las partes del caso Vallejo a una audiencia
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Calahorra ha citado a las partes implicadas en la demanda presentada por el PR contra la vicepresidenta del Gobierno riojano, Aránzazu Vallejo, a una audiencia precia al juicio el próximo 30 de junio.
Así lo ha anunciado hoy el secretario regional del PR, Miguel Gómez Ijalba, en rueda prensa en la que ha aludido a este nuevo trámite en el proceso judicial que mantiene el PR contra la vicepresidenta en relación al viñedo ilegal que, según este partido, ella y su familia tenían plantado en Alfaro y que “se ha mantenido dos años en producción tras dos sentencias con orden de arranque”.
Gómez Ijalba ha anunciado también que en los últimos días el partido ha tenido conocimiento de que en los últimos días se han plantado las 5,8 hectáreas de aquel viñedo ilegal en Alfaro en la que la vicepresidenta es coopropietaria, y que fueron arrancadas.
El PR ha preguntado si estas plantaciones en las que, según ha recalcado, la vicepresidenta es coopropietaria y, en algunas, propietaria única, se han hecho legalmente o de forma ilegal y si se han hecho de forma legal, de dónde han salido esos derechos de plantación.
Según Gómez Ijalba, en el procedimiento se ha demostrado que el PR “persigue una causa justa: averiguar y acreditar si la vicepresidenta ha estado mintiendo, al asegurar que tiene contrato de arrendamiento que le 'eximiría' de la responsabilidad de ese viñedo ilegal que existía sobre su parcela, y que, aunque sería igual de grave para el PR, quedaría eximida judicialmente”.
Gómez Ijalba ha recalcado que en esta demanda judicial, que hasta la actualidad se ha sustanciado con dos condenas en costas hacia la vicepresidenta, la única documentación presentada al juzgado, según sus datos, es un poder para los pleitos y dos preguntas parlamentarias publicadas en el BOR en relación a este asunto.
Gómez Ijalba, quien ha presentado a los medios una copia del señalamiento del próximo día 30 de junio, ha dicho también que el Gobierno de La Rioja “no se ha personado” en el caso, como anunció el consejero de Administraciones públicas, Conrado Escobar.
Otra de las cuestiones que el PR considera que ha quedado demostrada en el procedimiento es que éste “tiene plena validez, que no presenta defectos como ha querido hacer ver el Gobierno y la demandada y que se ajusta perfectamente derecho”.
Se ha demostrado también, ha dicho, que “el procedimiento sigue su curso y que la vicepresidenta se ve cada vez más acorralada, aunque continua parapetada sin dar prueba de la existencia del contrato, excepto un documento que mostró a los medios de comunicación -y que para el PR no tiene validez”.
La documentación facilitada por la vicepresidenta en rueda de prensa fue la copia de un certificado de 28 de marzo último, firmado por una funcionaria de la Oficina Liquidadora del Impuesto de Transmisiones de Alfaro que asegura que existe dicho escrito contractual, que entre las fincas cedidas a su hermano está la 132 (la de propiedad exclusiva) y que el cultivo que existía el 30 de junio de 1999 (antes del viñedo ilegal y fecha del supuesto contrato) eran 'perales“.
Gómez Ijalba ha acusado al Gobierno regional de “no tener pudor al seguir mintiendo y tratando de tapar las actuaciones irregulares de sus consejeros mientras aquellos viñedos se han mantenido plantados” y le ha reprobado que “lo único que busca es tratar de pagar con dinero público las condenas judiciales que han recaído sobre la vicepresidenta”.
El secretario regional ha puntualizado que en la audiencia del próximo día 30 el PR admitiría un acuerdo entre las partes si se sustancia el objetivo de su demanda, que es que la vicepresidenta del Gobierno presente el contrato de arrendamiento de una finca de viñedo ilegal, de la que es propietaria, en favor de su hermano y que aseguró que existía en el Parlamento de La Rioja.
También ha informado de que el PR solicitará la declaración del presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, a quien también ha pedido que aclare si tiene intención de que la vicepresidenta continúe en algún cargo en el Gobierno o vinculado a éste en el caso de que el PP gane o tenga responsabilidades de gestionar la Comunidad en la próxima legislatura.
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