El País Vasco defiende los incentivos fiscales ilegalizados

Las diputaciones provinciales vascas y los representantes de los empresarios de la región defendieron hoy ante los jueces de la UE los créditos fiscales a la inversión vigentes en el País Vasco en la década de los noventa, que la Comisión Europea ilegalizó y cuya devolución exige desde entonces.

El Tribunal de Primera Instancia de la UE dedicó la segunda jornada del juicio sobre las conocidas como “vacaciones fiscales vascas” a los créditos fiscales del 45 por ciento del importe de la inversión aplicados en las tres provincias vascas entre 1995 y 2000.

Tras una investigación de varios años, el ejecutivo de la UE determinó en 2001 que esos créditos -aplicables a inversiones por encima de 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros)- eran ayudas de Estado incompatibles con el mercado común y pidió a las autoridades españolas que recuperaran los fondos entregados, más los correspondientes intereses.

Las tres diputaciones provinciales y la patronal vasca, Confebask, presentaron sendos recursos ante la Justicia europea contra esas decisiones. n la vista celebrada hoy, el representante legal de las Haciendas vascas y del Gobierno vasco, que les apoya en esta causa, hizo hincapié en que los incentivos controvertidos no eran selectivos, como argumenta la Comisión, y explicó que el importe mínimo de 2.500 millones de pesetas es sólo un requisito de aplicación, habitual en las medidas fiscales.

El letrado también criticó la excesiva duración del análisis de la Comisión y aseguró que la actitud de Bruselas ante disposiciones anteriores similares hizo creer a los beneficiarios que los incentivos no estaban en riesgo. En su opinión, la devolución de las ayudas es una exigencia “desproporcionada” y existían, además, alternativas menos dañinas.

Según las diputaciones, la obligación de recuperación sólo habría debido afectar a las inversiones efectuadas tras la publicación en el Diario Oficial de la UE del anuncio de que las ayudas estaban siendo investigadas. También consideraron que debía haberse eximido de la devolución a las empresas que producen únicamente para el mercado local y a las que operan en sectores cerrados a la competencia.

Desde la patronal vasca, sus abogados incidieron en que la Comisión no pudo demostrar el efecto negativo de los créditos sobre el comercio intracomunitario o la competencia y recalcaron que ese tipo de ayudas no sólo no disminuyen los ingresos fiscales, sino que contribuyen a aumentarlos, al fomentar la inversión.

Los expertos legales del ejecutivo comunitario lamentaron, por su parte, la nula colaboración de las autoridades vascas en la investigación, pues “se negaron a facilitarle el más mínimo dato sobre los beneficiarios” de las ayudas.

En cuanto a la selectividad de los incentivos, recalcaron que sólo podían acogerse a ellos aquellas empresas capaces de movilizar recursos suficientes para invertir más de 2.500 millones de pesetas. Bruselas negó también haber dado garantías concretas de que los regímenes tributarios controvertidos no fuesen ayudas de Estado, por lo que rechazó la aplicación del principio de “confianza legítima”.

Al juicio que comenzó ayer en Luxemburgo y que se prolongará hasta mañana asisten los diputados de Hacienda de Álava, José Luis Cimiano; Vizcaya, José María Iruarrizaga, y Guipúzcoa, Peio González, así como el viceconsejero de Hacienda del Gobierno vasco, Juan Miguel Bilbao, y el secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia. También está representada la comunidad autónoma de La Rioja, en apoyo de las tesis de la Comisión Europea.

La última sesión del juicio se dedicará a evaluar las decisiones de ilegalidad, y sus correspondientes recursos, de una serie de deducciones, también aplicadas en las tres provincias en los noventa, que suponían una reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.