El PR desvela una sentencia que demuestra una nueva cesión ilegal de trabajadores por parte del IRVI

Esta sentencia se une a las denunciadas últimamente por el Partido Riojano, que condenaban al Gobierno de La Rioja a pagar 160.000 euros por despidos improcedentes y por cesión ilegal de trabajadores, además de otros 15.000 euros por negarse a readmitir a cuatro trabajadoras. “Un total de 175.000 euros que vamos a pagar todos los riojanos por la incapacidad del Gobierno de La Rioja y del Instituto Riojano de la Vivienda para hacer las cosas bien”.

Gil Trincado ha explicado que “la empresa Provivienda utilizaba el material, los ordenadores, y el local del Instituto Riojano de la Vivienda, que era además el que asumía los gastos de luz, agua, teléfono y proporcionaba los programas informáticos a Provivienda sin que existiese ningún convenio entre el IRVI y esta empresa”.

“En 2008, cinco trabajadores de Provivienda pasan a trabajar al IRVI de forma directa, posteriormente los otros once son trasladados igualmente, sin ningún proceso de selección, al IRVI”. Por este motivo, según ha señalado Gil Trincado, la Inspección de Trabajo levanta un acta de infracción al Gobierno de La Rioja por la comisión de una infracción muy grave, consistente en la cesión ilegal de trabajadores, “una sentencia que condena al Gobierno regional y que deja claro que el PP comete irregularidades y juega con el personal del IRVI”.

El candidato regionalista ha denunciado que el consejo de administración del Instituto Riojano de la Vivienda dio su voto para que se llevase a cabo esta cesión ilegal de trabajadores, “un consejo formado, entre otros, por Mar San Martín, Javier Merino y Paloma Corres, candidatos del PP al Ayuntamiento de Logroño, y que cedieron a las irregularidades e ilegalidades del Instituto Riojano de la Vivienda. La única persona que dio su voto negativo a estas ilegalidades fue el actual concejal de Vivienda en el consistorio logroñés, José Luis Prado, que a instancias del Partido Riojano se negó a llevar a cabo estas irregularidades”.

“Desde el Partido Riojano pedimos responsabilidades políticas y explicaciones a los miembros del consejo de administración del IRVI, y sobre todo al consejero de Vivienda, Antonino Burgos, y al presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, por estas ilegalidades que le van a costar a los riojanos 175.000 euros”.

Además, el regionalista ha solicitado al Partido Popular que “asuma el pago de estos 175.000 euros, ya que los riojanos no tienen por qué pagar las ilegalidades de estos dirigentes políticos que están manejando el IRVI y el Gobierno de La Rioja a su antojo. Que se gasten el dinero en pagar estas condenas en vez de empapelar Logroño de mala forma con propaganda electoral”.