El Supremo de EEUU reconsiderará la constitucionalidad de la inyección letal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos retoma hoy el caso sobre la constitucionalidad de la pena de muerte por inyección letal, en una nueva jornada en la que deberá escuchar los argumentos para tomar una decisión sobre si prohíbe o no este sistema, uno de los que más se utilizan en las ejecuciones que tienen lugar en el país, donde en la actualidad hay unas 3.350 personas condenadas a muerte.

La audiencia de hoy, que tendrá lugar unos treinta años después de que se autorizara en Estados Unidos la pena de muerte y casi 1.100 personas ejecutadas, durará una hora y supondrá la primera vez en más de un siglo que el Alto Tribunal examina un método específico de castigo capital, en este caso la inyección letal, que consiste en una combinación de drogas letales que provocan la muerte al condenado.

El método estándar de la inyección letal implica la administración por vía intravenosa de un barbitúrico de acción muy rápida, conocido como tiopental sódico, que causa al condenado inconsciencia, además de una comninación de bromuro pancuronium, que provoca parálisis, y cloruro de potasio, que detiene el corazón. Este método se diseñó en Oklahoma en 1977 como alternativa 'más humana' a la silla eléctrica.

CASTIGO INUSUAL Y CRUEL

La audiencia de hoy se produce en un momento en que el concepto de la pena de muerte parece estar de capa caida en una de las pocas democracias del mundo donde todavía se practica. Los argumentos se enfocarán en si el método de inyección letal viola la prohibición constitucional de infligir un castigo inusual y cruel, pero el caso también desató un debate más amplio sobre el tema.

Mientras, las ejecuciones de condenados en Estados Unidos siguen interrumpidas temporalmente después de que la Corte Suprema aceptara escuchar el caso a fines de septiembre pasado. En 2006 un total de 42 personas fueron castigadas con la pena capital, el número más bajo en 13 años, y 110 acusados fueron condenados a morir, la menor cifra desde 1976, cuando la Corte Suprema restauró la pena capital.

El mes pasado, New Jersey se convirtió en el primer estado de la Unión en abolir la pena de muerte desde 1976, con lo cual el número de estados que la practican se redujo a 36. La última vez que se cuestionó un método de ejecución fue en 1879, cuando la Corte Suprema ratificó el uso del fusilamiento.

Sin embargo, el apoyo a la pena de muerte sigue siendo fuerte, con un 60 ó 65 por ciento de la población, pero el número ha caído en los últimos meses junto al número de ejecuciones y condenas. Además, los jurados se han mostrado menos dispuestos a imponer la pena de muerte y los abogados a buscarla, preocupados por los encarcelamientos por error y el modo en que se aplican las inyecciones letales.

En los estados de Florida y de California hubo ejecuciones con inyección letal fallidas, en las que los presos tardaron hasta 30 minutos en morir. El Gobierno federal y todos los estados, menos uno, usan este método para las ejecuciones. La disputa legal fue iniciada por dos condenados a muerte en Kentucky, cuyo abogado, David Barron, argumentó que las últimas dos drogas podían omitirse, eliminando el peligro de asfixia consciente y de dolor insoportable.

EL FALLO PARA FINALES DE JUNIO

Uno de los últimos casos fue el del puertorriqueño Ángel Nieves Díaz, que en 2006 necesitó de dos dosis del cóctel mortal y prolongó su agonía por espacio de 34 minutos porque padecía de una enfermedad en el hígado que le impidió a su organismo metabolizar con rapidez las sustancias químicas administradas. Había sido condenado a la máxima pena por un asesinato cometido en 1979.

El fallo de la corte, que se prevé para fines de junio, podría decidir si la actual combinación letal de drogas es constitucional o si los estados tienen que proponer alternativas que provoquen menos dolor y sufrimiento. “El caso tiene el potencial de ser una de las decisiones más significativas sobre la pena de muerte en la historia moderna”, según el especialista legal David Masci.

Los cierto es que el Tribunal Supremo se encuentra dividido de forma equilibrada entre el bloque de los jueces 'liberales' y el de los 'conservadores', y todo podría quedar, una vez más, en manos del juez del sector 'moderado' Anthony Kennedy, que suele dar el voto decisivo en temas conflictivos como el de la pena capital.