Francia descarta regular masivamente

El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, descarta realizar un proceso de regularización masiva de inmigrantes 'sin papeles' como la llevada a cabo en España o en Italia y asegura que la situación de los trabajadores que solicitan un permiso de residencia en Francia será analizada “caso por caso”.

“He dicho sin ambigüedad que no habrá ninguna operación de regularización masiva. España e Italia, que la hicieron hace algunos años, han renunciado luego oficialmente a esta política”, declara el ministro en una entrevista concedida a 'Le Figaro'.

El Gobierno francés se ha visto obligado a revisar su política de regularización por la huelga de unos 800 trabajadores irregulares del sector de la hostelería, el comercio y la limpieza que reclaman una solución apoyados por el principal sindicato francés, la Confederación General del Trabajo (CGT) y por dos centrales de la patronal francesa, partidarios incluso de una regularización masiva que sería, a su juicio, buena para la economía.

“No puede haber más que un examen caso por caso en función de la realidad de un contrato de trabajo o de la situación del empleo en un sector o en un departamento. Eso no es ni improvisación ni desbordamiento. La ley prevé regularizaciones, con carácter excepcional y caso por caso, en sectores que tienen dificultades de mano de obra. Por lo tanto, se aplica la ley”, alega el titular de Inmigración.

Hortefeux defiende, en definitiva, la política de “firmeza, equilibrio y justicia” que ha prometido el presidente Nicolas Sarkozy en materia de inmigración y recuerda que en 2007 el número de clandestinos se redujo un 6 %, algo que no se ha producido en más de una generación. Apunta, asimismo, que en los últimos cinco años se han expulsado unos 110.000 irregulares y que en el primer trimestre del año las repatriaciones han aumentado con más de un tercio de regresos voluntarios.

El Departamento de Inmigración ha pedido a las prefecturas (delegaciones del Gobierno) estudiar el expediente de los trabajadores 'sin papeles' para ver en qué casos se puede regularizar su situación. Algunos prefectos se enfrentan 50.000 e incluso 100.000 solicitudes, cifras que el ministro no cree que se correspondan con la realidad.

“Algunos patronos, afortunadamente no la mayoría, optaron en tiempos por la facilidad de reclutar a clandestinos porque se beneficiaban de que no tenían ni derechos sindicales ni salario mínimo. Otros han podido ser víctimas de abusos, pero hoy eso ya no es posible”, explica Hortefeux.

Ello se debe, según el ministro, a que, desde el 1 de julio de 2007 los empleadores que actuan de buena fe tienen que verificar en las prefecturas la situación de las personas a las que quieren contratar y la Administración tiene que responder en un plazo de 48 horas.

El ministro pone como ejemplo que en París se han registrado un total de 62.635 peticiones y detectado un 10 % de fraude, sobre todo permisos falsos de residencia o documentos auténticos con fotos falsificadas.

Hortefeux subraya, en este contexto, que la ley también se aplica a los empresarios que cometen fraude. En 2007, un total de 1.688 fueron detenidos por haber empleado a clandestinos, un 40% más que un año antes. También se ha reducido la inmigración familiar, un 12 % respecto a 2006 y aumentado un 20 % la inmigración profesional, porcentaje que llega al 27 % en lo que va de 2008.

NO FOMENTAR LA INMIGRACIÓN LABORAL

En todo caso, el Gobierno descarta relanzar la inmigración laboral. “Si mi preocupación es responder a las necesidades de sectores con problemas de mano de obra tengo también el deber de acompañar al conjunto de la comunidad nacional hacia el empleo. ¿Cómo pueden los empleadores o los sindicatos pedirme que conceda una prima a la ilegalidad?”, sentencia el ministro.

“¿Tengo que dejar en la cuneta a los extranjeros que han hecho el esfuerzo de entrar legalmente en el territorio, de haberse integrado?. ¿Hay que sacrificar a sus hijos nacidos aquí?”, se pregunta Hortefeux tras poner de relieve que, mientras la tasa de paro no supera la barrera del 8 % en el conjunto de la población gala, la de los extranjeros en situación legal es todavía superior al 20 por ciento.