Garzón con el Sahara

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido permiso a las autoridades judiciales de Argelia para poder interrogar a 13 víctimas del presunto genocidio cometido por Marruecos en el Sáhara entre 1976 y 1987 que viven en la actualidad en los campos de refugiados de Tinduf, situados al oeste del territorio argelino.

El magistrado ha cursado esta diligencia en el marco de una causa que abrió en octubre de 2007 en la que están imputados 13 altos cargos y funcionarios del régimen alauí por un presunto delito de genocidio y el asesinato, torturas y lesiones.

En el escrito remitido a las autoridades argelinas, Garzón solicita poder desplazarse al frente de una comisión rogatoria a los campamentos de Tinduf para interrogar a 13 víctimas de estos hechos ante las “dificultades y los costes” que supondría su eventual desplazamiento a España.

El 5 de febrero pasado Garzón cursó una comisión rogatoria para realizar los interrogatorios y Argelia le contestó, a través de Interpol, que la petición debía dirigirse a la República Árabe Saharaui Democrática, no reconocida internacionalmente y ante la cual España no tiene representación diplomática.

La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, abierta a partir de una querella presentada en 2006 por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y desaparecidos, está dirigida contra “destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sahara como Smara, El Aaiún o Tan Tan”.

Entre los imputados se encuentran el general mayor de Gendarmería, Housni Ben Sliman, que habría ordenado y dirigido la campaña de detenciones y desapariciones en Smara que se llevó a cabo en 1976. Este general fue premiado en 2005 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 15 de enero de ese año.

El procedimiento también se dirige contra Abdelhafid Ben Hachem, responsable directo de los secuestros cometidos en El Aaiun en 1987; Abdelhak Lemdaour, al que se relaciona con las detenciones en la región de Erbaib de 1976; y Moustaphá Hamdaoui, dirigente de la Gendarmería de Tan Tan. Completan la relación de imputados altos cargos militares que Garzón identifica como Ben Hima, Amimi, Dris Sbai, Ayachi, Said Ouassou, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid.

La acción penal, que instruye unos hechos que Garzón califica como “enmarcados en una acción compleja y sistemáticamente organizada”, se establece contra varios altos cargos, miembros del Ejército o las Fuerzas de Seguridad de este país, y que son sospechosos de haber participado en la tortura y desaparición de saharauis.

Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos

, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como españoles. Los hechos denunciados se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida como 'Marcha Verde', a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental.

La querella añadía que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide “el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales”.